Debido a COVID-19, al menos 66 países y territorios en todo el mundo decidieron posponer elecciones, según el levantamiento de información de la organización IDEA (Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral). De éstos, 10 (diez) corresponden a América Latina y el Caribe (incluyendo el referéndum constitucional en Chile).
República Dominicana es el primer país de la región que –en medio de la pandemia– luego de un aplazamiento inicial, convoca a elecciones. Y, no podría ser diferente. Se trata de una nación que, además del antecedente inédito –y aún sin aclarar– de la suspensión el 16 de febrero de los comicios municipales, se caracteriza porque el año de elecciones presidenciales es prácticamente inacción y posposición de decisiones, excepción hecha de la campaña política. Más en esta oportunidad, que salta a la vista la alternabilidad del partido oficialista, no obstante, la presunción de segunda vuelta; y, la inminente asunción al gobierno del principal partido de la oposición.
Con el resguardo e intensificación de las medidas sanitarias internacionalmente recomendadas, la importancia de celebrar estas elecciones presidenciales reside en su conclusión en primera vuelta. Ante la más impactante situación hasta ahora conocida a nivel mundial en el último siglo, cuyos alcances aún no se logran visualizar en toda su dimensión, el esfuerzo-país tiene que encaminarse de una vez por todas a un diseño de calidad y puesta en práctica de manera efectiva de una estrategia de salida, más allá del inmediatismo electoral y del populismo y clientelismo que lo caracterizan, que incorpore en forma sinérgica y sincrónica respuestas efectivas aquí y ahora con una mirada de largo de alcance.
A nivel mundial las posibilidades de salir adelante de la mejor manera posible, dentro de los estrechos márgenes de acción, dependen –en gran medida– de la oportunidad y transparencia en la gobernanza. Es decir, de la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado (gobierno central y ayuntamientos). Hoy día fuertemente amenazada ante el cúmulo de tareas pendientes e inconclusas, que hace aflorar qué tan vulnerables somos los países ante embates externos y propios; y, fundamentalmente, frente a la gestión y capacidad de respuesta ante una situación que debe ser entendida y abordada en y desde su capacidad de ´enlazar´.
Esto es más que una cuestión de salud. Covid-19 pone en jaque la vocación de escuchar de los sectores oficiales frente a la señal de alto o pausa de la economía de mercado, la consecuente disminución en la generación de ingresos provenientes del trabajo y otras fuentes, la desaceleración de las rutinas en la prestación de servicios públicos y privados, la presión en la demanda y usos de los servicios básicos (principalmente agua, electricidad y conexión digital), las limitaciones en los usos del espacio público y las restricciones en el ejercicio de las libertades individuales. El confinamiento residencial, mejor conocido como la cuarentena, opera cual sí fuera un efecto dominó. Su impacto resulta inconmensurable en el debilitamiento en la participación organizada y en las instancias de deliberación pública y en la re/definición de los funcionamientos en el ámbito de la vida doméstica.
El nuevo gobierno adquiere ingentes, innumerables y vastos desafíos. Una segunda vuelta solamente haría más corto el período de transición y el traspaso de poderes, con el consecuente costo y el doble riesgo de exposición ante la circulación del virus y el riesgo de contagio de las personas a cargo de las mesas electorales, las delegaciones políticas y la ciudadanía en general en el ejercicio del sufragio.
En el devenir electoral mundial la segunda vuelta se instaura con la intencionalidad de que la fórmula ganadora pudiera acumular un mayor cúmulo de votos, abonando ganancias en legitimidad. No obstante, la experiencia latinoamericana no es concluyente en ese sentido, como tampoco parece establecer relación alguna con la estabilidad política posterior. De hecho, hoy en día, con base en la evidencia acumulada en la generación de mayoría en forma “artificial”, aunque siga vigente en la normativa, constituye un mecanismo altamente cuestionable.
La segunda vuelta en las elecciones presidenciales (50 % + 1) con 25 años de instituida en el país, tras el Pacto por la Democracia (que también establecía la prohibición de la reelección) solamente se ha instrumentado en 1996. En medio de los embates de la pandemia, su único propósito expreso sería estimular una coalición electoral con base en una alianza coyuntural en procura de propósitos circunstanciales.
La apuesta-país tiene que ser elegir la fórmula presidencial el domingo 5 de julio. No más campaña electoral, no más gastos financieros, sociales e institucionales, no más incremento del riesgo de salud para la población, no más desconfianza en la elección democrática de las autoridades políticas. Encaminar los esfuerzos en todos los niveles de decisión y acción a re/configurar el país que queremos.