Las autoridades de Salud Pública van y vienen, y el desorden y descontrol farmacéutico permanece, elevando considerablemente el gasto de bolsillo. Cíclicamente diversas entidades reconocidas y solventes denuncian la venta pública de medicinas vencidas, falsificadas e inocuas, sin que los verdaderos responsables sean identificados y sancionados como corresponde. Ya a nadie le sorprende el carácter recurrente y acumulativo del problema, a pesar de las leyes vigentes.
Recientemente autoridades del sector señalaron la necesidad de establecer un Plan Nacional de Medicamentos. Sin embargo, un informe de la OPS/OMS indica que “en la República Dominicana existe un documento oficial de Política Farmacéutica Nacional (PFN) que data del año 2005. También existe un plan de aplicación de la política farmacéutica cuya actualización más reciente fue en 2010. Existe el Reglamento 246 de 2006 como normativa específica sobre medicamentos. La aplicación de la PFN es vigilada /evaluada regularmente por parte de la Comisión Presidencial de Política Farmacéutica Nacional (COPPFAN)”.
En el 2010 asistí al Palacio Nacional al lanzamiento oficial de la nueva Política Farmacéutica Nacional, con la presencia del Presidente Leonel Fernández. Sin embargo, años después un estudio de la Fundación Plenitud para el Ministerio de Salud Pública (MSP) reconoció “que de los 4,512 (establecimientos farmacéuticos) censados, el 69% tenía el registro vencido o nunca se había registrado, correspondiendo en su mayoría al período posterior a la promulgación de la Ley General de Salud y la 87-01 del SDSS (46%), con el agravante de que un 44% no contaba con un regente y el 11% de los que desempeñaban el puesto tenía una profesión no válida de acuerdo a la normativa vigente”.
No obstante, otro informe de la OPS/OMS indicó “En la República Dominicana no hay una política nacional de buena gobernanza y no se dispone de una política para gestionar y sancionar las cuestiones de conflicto de intereses en los asuntos farmacéuticos. Hay, sin embargo, un código de conducta formal para los funcionarios públicos. No existe un mecanismo de denuncia de irregularidades que permita a los individuos manifestar su preocupación frente a actos indebidos que ocurren en el sector farmacéutico”. Todo luce indicar que, como siempre, lo que realmente hace falta es voluntad política.
Algo que resulta esperanzador es que tanto la Ministra de Salud, como el nuevo Superintendente de SISALRIL y el Director Ejecutivo de la Política Farmacéutica, han reconocido la legitimidad de los reclamos de los afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS) de actualizar el listado de medicamentos, y se han anunciado un nuevo catálogo, incluyendo los medicamentos genéricos de calidad reconocida.
Lo cierto es que para la población en general, los medicamentos constituyen un dolor de cabeza y una fuente permanente de desequilibrio del presupuesto familiar. Los mismos medicamentos tienen en nuestro país un costo mucho mayor que en Centroamérica, fruto de distorsiones, deficiencias y complicidades de larga data. Y ni hablar, con relación al costo en Estados Unidos y Europa. Como si esto fuera poco, el límite de 3,000 pesos anual por afiliado, se mantiene invariable ocho años después.
El país espera una voluntad política real del gobierno de aplicar la política farmacéutica, y que las autoridades competentes fortalezcan los controles y la supervisión que establece la Ley 42-01, a fin de reducir la especulación y los abusos sobre un servicio tan vital para el cuidado de la salud y la tranquilidad familiar.