Es interesante observar como en esta sociedad, existe una tendencia a acabar con la reputación de alguien en cuestiones de minutos. Casi con la misma facilidad que algunos hacedores de opinión, se dedican a construirle una imagen de honorable a cualquier salta pa’ trá, como dirían los versados.
A pesar de las implicaciones delicadas que el desprestigio encierra, aclaraciones y disculpas no sirven de a posteriori, es una conducta públicamente aceptada, sobre todo en época de cambio de gobierno. Una no se habitúa, a ver la maledicencia destilarse sin consecuencias, a través de los nuevos medios y programas de opinión, se oyen y se destapan campañas que arremeten contra culpables, e inocentes.
Poniendo en juego toda una vida de estudio, trabajo y coherencia existencial, cuando el que posee esas cualidades intenta poner el orden, frenar lo mal hecho, como pasa en la administración pública confiscada por egregias figuras de la burocracia nacional.
Cometiéndose algunas injusticias con ciudadanos de impecable formación profesional, ética y moralmente avalados por su desempeño, que son puestos en la palestra por aquellos que persiguen un fin, acusando sin dar elementos. Tratando que hombres y mujeres que se ha forjado para servir al país salgan desacreditados.
Como se ha venido haciendo con el Presidente del Tribunal Supremo Electoral, magistrado Marcos Cruz, sin que se conozca a cabalidad lo que se persigue con la campaña de descrédito, y como este recibió el Tribunal Supremo Electoral ,cuando asumió la presidencia para sustituir al magistrado Román Jaquez, quien paso a ser titular de la Junta Central Electoral.
Hasta Participación Ciudadana, pidió al presidente Luis Abinader, convocar el Consejo Nacional de la Magistratura, imponiéndole una agenda, indirectamente, dado el ruido que se ha generado en torno a la institución electoral, donde 4 jueces,- a los se les vence el periodo -, están disgustados con la gestión del Magistrado Cruz, a quien acusan de cosas muy delicadas, que deben ser demostradas. En momentos en que se respira cierto aire de sanción, que puede ser utilizado para destruir reputaciones.
Nuestro Presidente, que en apenas 9 meses de gobierno, se espera resuelva los problemas de los 177 años de la independencia, afronta una de las crisis más grandes que ha sufrido la república desde su nacimiento, teniendo que enfrentar la pandemia, desmantelar la corrupción y cuidar la economía, mientras frena el tigueraje político de su militancia y funcionariado.
Tremenda tarea, a lo que se agregan las presiones, que sufre el mandatario por nombramientos, y, permanencia en posiciones. Cada vez que se nombra un funcionario idóneo, profesional y éticamente capaz, llueven las críticas sobre los salarios, privilegios, y beneficios que pertenecen al cargo, que fueron implementados en los años de la pasada gestión. Reclamándosele que aun tiene muchos PLDistas en posiciones importantes.
La administración pública, gran botín de la piratería política, parece ser el centro del conflicto político laboral. Acoge una diversidad de actores, entre ellos, gente que ha vivido, únicamente, de cobrar un cheque, que cuando ven su territorio amenazado, utilizan los mecanismos propios de cortar cabeza para crecer. Ya que aquí nadie quiere ceder su espacio en la administración pública, gracias a las ausencias de auditorías y rendimiento de cuentas, requisitos impostergables cuando se desempeña una función.
Antes de hacernos juicios a la ligera sobre el Magistrado Marcos Cruz, debemos conocer el tratamiento dado por los miembros de la junta del Tribunal Electoral, cuando este asumió, y porque se le quiso dar un trato de suplente interino, ya que se trata de uno de los funcionarios mejor formado con los cuales cuenta el país, y la justicia, de una ética incuestionable, hasta que se demuestre lo contrario. Ese que acusan de una gestión unipersonal del tribunal, llego ahí por concurso, es un hombre serio, trabajador, siendo injusto que aquellos que no son capaces de respectar la institucionalidad lo sacrifiquen.
La ciudadanía merece conocer lo que ha sucedido, y está sucediendo en este tribunal ¿Cual es el status del personal y de estos honorables magistrados que protestan? ¿Y porque no se manifestaron antes y no faltando días para ser sustituidos por concurso?
La fuerza de este gobierno estará en mostrar cada día la trasparencia. Desear el cambio, no basta, para acabar con el tráfico de influencia, abuso de poder y corrupción en la administración pública, es un arduo trabajo que requiere de la colaboración de todos. Limpiar la casa por encima de las tendencias políticas de los funcionarios, da continuidad al Estado. El presidente tiene que rodearse y escoger lo mejor, consiente que el aparato comunicacional que se monto durante estos años, está intacto, vigente, que los tentáculos de esa estructura son largos y eficaces.
Si el presidente Luis Abinader, permite que le marquen la agenda, fracasara, porque en este país, los intereses del pueblo no son tomados en cuenta, por la gran mayoría de las personas que sirven en la administración pública, sector privado y llamada sociedad civil, aquí los intereses personales están siempre por encima del bien común.