La corrupción se ha visto siempre como totalmente desvinculada de la delincuencia, aceptándose su ejercicio como algo “normal” en nuestra sociedad.

Los gobiernos han cometido y cometen actos de corrupción permanentemente y la ciudadanía no les exige transparencia ni asume que estos actos de corrupción les afecta igual que un robo o atraco realizado en una calle de la ciudad o en su vivienda, o quizás peor.

Esta impunidad y permisividad hacia la corrupción administrativa ha fortalecido las actitudes delincuenciales en los distintos organismos del estado y en la vida cotidiana.

La permisividad de la corrupción ha convertido el robo en un acto impune. Las personas que llegan a la administración publica desde los distintos cargos incluyendo los organismos policiales y militares han visto el “macuteo” como una conducta permitida y aceptada. ¿Se ha convertido entonces el robo en un valor?

La respuesta a esta pregunta se obtiene con la observación de la conducta reciente que ha tenido el sistema de justicia, el Presidente de la Republica y el Partido de la Liberación dominicana frente a los escándalos de corrupción a los que se involucra al senador por San Juan de la Maguana, Félix Bautista.

En actos recientes de campaña electoral del partido oficial, PLD, el senador ha visitado barrios y comunidades junto al Presidente de la República y ha sido aplaudido por militantes del PLD que lo aclaman como héroe.

“Feliz querido, el pueblo está contigo!!! Fueron frases registradas por periodistas en distintos medios de prensa que asistieron a algunos actos de la campaña electoral a los que asistió el Senador de San Juan acompañado por el Presidente de la República. Esto ocurre luego de los escándalos nacionales e internacionales reportados por la prestigiosa periodista Nuria Piera de los que se ha hecho eco la prensa internacional en países como Haití, Perú, Francia y Panamá.

En las familias y en las escuelas se enseña que una persona que roba es un ladrón, esta categoría se ha reducido a ciertos robos y a ciertos ladrones, los que vienen de los estratos pobres. Así que nuestras generaciones han ido creciendo en la permisividad y la impunidad ante el robo en la administración publica sin conciencia ciudadana frente a este hecho. Se les enseñó que robar es quitarle la cartera a una señora, lo otro no es robo, es corrupción.

No se puede plantear que hay pérdida de valores en este sentido. Las familias y los centros educativos siguen enseñándole en forma discursiva a niños/as y jóvenes el valor de la honestidad y la seriedad, lo que ocurre es que este valor se ha reducido a ciertos actos y no a otros. Como ejemplo podríamos averiguar si estos funcionarios que roban continuamente nuestro dinero que pagamos con los impuestos,  no han sido educados en la seriedad y la honestidad e incluso en valores religiosos, pues asisten y asistieron a las distintas iglesias. Incluso nos preguntamos sino salen en los periódicos y revistas como personas “honorables” y “reconocidas socialmente”.

De ahí que en toda nuestra historia los funcionarios, presidentes, efectivos policiales y militares se han considerado personas serias y honorables aun cuando ostentan fortunas en las que se desconoce su origen. Sus familias le enseñaron a no robar pero ellos/as redujeron esta categoría al asalto y se han encontrado con un estado permisivo que ofrece muchas brechas para el hurto y el robo.

En los últimos meses en nuestro país se han estado produciendo escándalos de grandes robos, tráfico de drogas y muertes a manos de nuestros organismos de seguridad.

Estos grandes robos, muertes y trafico de drogas no son solo actuales, desde hace muchos años que nuestra administración publica y los organismos de seguridad mantienen la cultura de la corrupción que se ha ido acumulando y extendiendo por la impunidad y la permisividad presente en nuestra sociedad. En los 12 años de Balaguer, el extinto presidente reconoció públicamente que los funcionarios y los efectivos policiales “macuteaban” e hizo caso omiso a ello.

Otro elemento que hay que destacar es que los funcionarios gubernamentales y los organismos de seguridad en nuestro país tienen mucho poder. Un poder que les permite entre otros: robarse los semáforos en rojo, pasar los registros y chequeos militares sin ser revisados, violar las normas y las reglas que fungen para cualquier ciudadano/a, llegar a un establecimiento comercial haciendo exigencias, cerrar vías públicas, no pagar impuestos como el ITBIS en supermercados, dejar de pagar la factura de energía eléctrica y no lo desconectan de las redes eléctricas, entre otros… Este poder le ha dado una gran brecha para las actividades delictivas y la corrupción, no son cuestionados, ni sospechosos y hay que abrirles las puertas.

Podemos pasar muchos años enseñando valores en nuestros centros educativos y nuestras familias pero si la administración publica y los organismos de seguridad carecen de un sistema de control de la corrupción y la delincuencia en su interior, esto no sirve de nada. Igualmente hay que tratar a todos los funcionarios y efectivos policiales como ciudadanos/as comunes con los mismos deberes y derechos, que deben ser juzgados y sometidos a la justicia como tal. Mientras tengan privilegios y mucho poder lo utilizarán para su enriquecimiento ilícito como lo han hecho y están haciendo actualmente y serán el modelo a seguir por nuestros/as jóvenes y niños/as.