La literatura económica recoge investigaciones sobre la relación entre la corrupción y el crecimiento económico. Investigaciones del Banco Mundial (BM) indican que la corrupción es una de las variables que contribuye al subdesarrollo (BM, 1997). Algunos economistas sostienen que la corrupción tiene efectos negativos sobre el crecimiento económico (Ullah y Ahmad, 2000; Hung Mo, 2000; Dridi, 2013). Mientras que otros autores argumentan que el mal funcionamiento institucional del gobierno afecta la eficiencia del gasto público e induce al estancamiento de la economía (Del Monte y Papagni, 2000) y por consiguiente, a bajas tasas de crecimiento económico (Mauro, 1995).
Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) afirma que la corrupción determina que el crecimiento económico sea menos inclusivo, afectando la estabilidad macro-financiera, la inversión privada y la pública, al capital humano y la productividad total de los factores productivos y por tanto al crecimiento económico (FMI, mayo 2016). En fin, la corrupción (entendida como el aprovechamiento de los puestos públicos para enriquecerse) tiene efectos negativos sobre el desempeño económico de las naciones.
No obstante, en nuestro país ocurre exactamente lo contrario a los hallazgos de las investigaciones previamente citadas. Según una encuesta elaborada para el BM, el 29.8% de los dominicanos piensa que los sobornos están justificados en el país. En efecto, en el 2016-2017 la RD obtuvo el mayor porcentaje de los países de América Latina que piensan que los sobornos están justificados. Esto resulta consistente con la corrupción generalizada que existe en la administración de las instituciones públicas dominicanas durante 2000-2021.
Los casos de corrupción durante los gobiernos peledeístas son emblemáticos y aunque han sido identificados por el sistema judicial dominicano, todavía hoy siguen sin sanción. Algunos ejemplos ilustran la corrupción en el sector público dominicano: la venta de once ingenios azucareros y sus respectivas parcelas de tierras (Mediante la ley 141-97), el PEME (01/02/2005), los tucanos (11/08/2016), venta de terrenos del CEA (16/02/2017), venta del barrio de los Tres Brazos (28/07/2018), Oisoe (28/05/2017), Sunland (27/04/2008), Odebrecht (27/07/2019), Punta Catalina (29/07/2020), la Construcción de la Nueva Victoria (08/08/2020), entre otros.
Pese a que la corrupción generalizada prevalece en el país, los sectores de la economía ofrecen signos de indudable fortaleza, de acuerdo a las cifras del Banco Central (BC). Por lo que la economía dominicana se convierte en objeto de estudio y, al mismo tiempo, en reto teórico para los estudiosos de la relación corrupción-crecimiento económico.
Durante el período comprendido entre 1997-2020 la economía dominicana experimentó una tasa de crecimiento promedio trimestral del producto interior bruto de 5.3%. Solamente durante los fraudes bancarios del 2003 y la crisis financiera internacional del 2008, el PIB tuvo un desempeño negativo, aunque momentáneamente en los trimestres finales del 2003 y en los trimestres finales del 2008 e iniciales del 2009; luego de estos episodios recuperó su tendencia de crecimiento de largo plazo (Figura 1).
De la misma manera, la economía dominicana aún teniendo serias debilidades institucionales (incumplimiento de las leyes, débil institucionalidad, miembros de gremios empresariales diseñando políticas públicas, entre otros) que no garantizan la competencia en los mercados dada la existencia los monopolios, oligopolios y monopsonios; no se tiene evidencia de que esas distorsiones haya reducido las tasas de crecimiento del producto, de acuerdo a las cifras oficiales.
Por otra parte, en el país se promueve institucionalmente la generación de renta (que se sujeta a leyes especiales, resoluciones de organismos reguladores, ausencia de supervisión o supervisión incompleta) para beneficiar a sectores económicos que políticamente han resultado ser la piedra angular de la estabilidad de los gobiernos en el país durante los últimos veinte años, especialmente a partir de 1996.
Recientemente el BC anunció que el estancamiento de la economía terminó en el 2020 y se proyecta que en el 2021 la economía crecería en un 6%. Sin embargo, el BC no ofrece ningún detalle de cómo la economía lograría esta hazaña. Aún no se tiene idea de cuántos hogares dominicanos se han empobrecido por efecto de la pandemia, tampoco se tiene idea de los efectos del estancamiento económico sobre la distribución del ingreso, ni mucho menos cuántos han sido los sectores económicos más beneficiados por la pandemia.
No obstante, se sabe que el gobierno aumentó la deuda del sector público por encima del 60% del PIB, que pregona la necesidad de otra reforma fiscal como algo irremediable y un pacto eléctrico cuyo objetivo es enajenar los activos públicos que le generan ingresos al gobierno y, al mismo tiempo, se esfuerza para buscar más ingresos.
A partir de esta información, el BC no ha dicho en qué medida una reforma fiscal afectaría el ingreso de los hogares, la distribución del ingreso, la pobreza, el consumo y la demanda agregada. Tampoco ha dicho si las condiciones financieras continuarían siendo las mismas, las cuales reducen el costo de captación de los bancos comerciales y le amplían automáticamente el beneficio a este sector.
El BC ha reconocido el aumento de la tasa de inflación, pero no ha analizado públicamente cómo afectaría el costo de la canasta familiar y cuáles grupos de la población resultarían más afectados y mucho menos cuál sería su impacto sobre el consumo, que representa el 80% del PIB.
Por otro lado, pareciera que las proyecciones del BC no consideran las consecuencias del desempeño de la economía internacional y su impacto en la economía dominicana. Tampoco existen proyecciones de la tarifa eléctrica, ya que la misma será afectada por el incremento de los precios del petróleo, lo que obedece parcialmente a la decisión del gobierno americano de prohibir la extracción de petróleo por el método de fracking, debido a sus efectos ambientales. Tampoco se ha incorporado al análisis la proyección sobre la evolución del déficit de la balanza corriente para el año del 2021, considerando además el aumento de las importaciones que resulta de la esperada aceleración del crecimiento. Esto conlleva a incluir los recursos adicionales en moneda extranjera que necesita el BC para mantener la costosa estabilidad cambiaria, vía el endeudamiento del gobierno o a través del endeudamiento del BC.
Las proyecciones macroeconómicas del BC no incluyen el impacto del aumento de la tasa de desempleo, los salarios y la productividad, variables que son determinantes para el crecimiento de cualquier economía.
De lo que sí se tiene seguridad es que el gobierno toma decisiones que apuntan a la repetición de los errores del pasado. Por ejemplo, las políticas públicas han vuelto su mirada a la privatización, sustituyendo el sistema nacional de inversión pública a cargo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) por el sistema privado de inversión pública liderado por las asociaciones público-privadas (APP), las cuales han tenido mala fama a nivel mundial por su opacidad. Para empeorar los resultados que se esperan de las APP, su administración se coloca en manos de fideicomisos, que se caracterizan por no transparentar la deuda pública, así como los costos de su intermediación, encareciendo el servicio público que brindan a la población.
Con lo cual la transparencia, la justicia, la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas se convierten en un estribillo del mal gusto. El uso de los fideicomisos contradice la lucha contra la corrupción, la impunidad y limita la expansión del producto. La reducción al máximo de la corrupción, fortalece la institucionalidad y crea las condiciones para un robusto crecimiento económico que beneficie verdaderamente a todos