La Monarquía no atraviesa su mejor momento en España. El 9 de abril de 2012, un nieto del rey se disparaba en el pie con una escopeta de caza. El accidente recordaba, además, la tragedia de 1956, en la que el futuro rey Juan Carlos, todavía adolescente, mató por error a su hermano, con una pistola calibre 22. De nuevo en 2012, el 14 de abril, el rey era operado de urgencia tras romperse la cadera. Mientras la economía española se debatía entre la vida y la muerte, con una prima de riesgo disparada y un rescate financiero a la vista, Su Majestad se evadía de los problemas con un safari de caza en Bostwana. Además de colmillos de elefantes, el rey quería traerse a su palacio madrileño alguna cornamenta. No en vano, se hizo acompañar por una “amiga íntima”, la princesa Corinna Sayn-Wittgenstein: una bella rubia de mediana edad y ojos que pedían una cacería más secreta. Fue tal la algarada por el viaje y la caída de Juan Carlos a altas horas de la noche, que el monarca bonachón tuvo que pedir disculpas ante los españoles, aunque fuera con un escueto “lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir”.

Con todo, el mayor escándalo de la Monarquía no tendría que ver con escopetas y juegos de alcoba. En 1997 la hija del rey Cristina de Borbón se había casado con un jugador de balonmano, Iñaki Urdangarín, que desde entonces recibiría el título de Duque de Palma de Mallorca. Se trataba de un mozo alto y hermoso, con un vigor físico envidiable (firmaba a veces como “el duque em… Palma… do”) y una infinita avidez lucrativa. Amparado en su título real, Urdangarín fue tejiendo una red de institutos y fundaciones sin fines de lucro que recibieron un aluvión de contrataciones por parte de las administraciones públicas españolas. Contrataciones que, en muchos casos, se pactaron en el mismo Palacio de Marivent que poseen los reyes en Mallorca. Con el dinero que engrosaba las cuentas de Urdangarín, el matrimonio adquirió un palacete en Barcelona por un valor de 5,8 millones de euros. Además, reformó el edificio con un coste de 3 millones más. Eran en España los años del “pelotazo”, la burbuja inmobiliaria y el enriquecimiento desatado.

En 2006 la Casa Real se percató del carácter “inadecuado” de las actividades de Urdangarín, por lo que le ordenó que abandonara sus correrías españolas y aceptara un puesto en el consejo de Telefónica Internacional, en Washington. Aunque el currículo de Urdangarín no era para tirar cohetes, Su Majestad le consiguió ese jugoso puesto, que le reportaba 350.000 euros anuales. Pero, como la cabra tira al monte, Urdangarín continuó con algunas de sus actividades pasadas desde Washington. En 2011, por el “caso Nóos”, el duque de Palma era imputado por malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales. A día de hoy, y en un proceso judicial todavía abierto, el juez Castro ha impuesto a Urdangarín, junto a su ex socio Diego Torres, una fianza conjunta de 8,1 millones de euros.

Todos los hechos apuntan a que la infanta Cristina, que era miembro vocal –con firma– en algunas sociedades de Urdangarín, conocía parte de las operaciones ilícitas. Sin embargo, se han utilizado todos los resortes del Estado para apartar a la duquesa del proceso judicial. La Fiscalía General del Estado, la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado han salido en tropel a defender a doña Cristina. No veía nada, no hacía nada, no conocía nada. Era, parecen decir, una rehén inconsciente de su pérfido marido. El proceso judicial, pese a todas las presiones y palos en las ruedas, sigue en curso. Y la opinión pública española, que ha conocido todos los detalles del proceso a través de periódicos como El Mundo, sabe que en España, pese a lo que diga Su Majestad, la justicia no es igual para todos, y la separación de poderes no es sino un cuento chino. Los tribunales dictarán sentencia en su momento. Pero lo cierto es que la infanta y el duque han desgastado a la Monarquía más que ningún republicano.