“El primero que el rumor público acuse de cosas indebidas, les voy a pedir cuentas delante de sus compañeros, y si lo que me dijo no me satisfizo entonces lo cancelo. El segundo que el rumor público señale. Le hago un expediente y lo someto a la justicia”
Danilo Medina, Presidente de la República
Aunque aparente una condición imaginaria en un país cualquiera, la Constitución que fundamenta el Estado se corresponde con la injusticia, las desigualdades y se sostiene en su esencia por el Poder Constituido, clave que garantiza la inviolabilidad, la impunidad e inmunidad de todo funcionario público, designado o electo en sus funciones. Impregnados estos de la autoridad para violar las leyes y disposiciones normativas. Ese privilegio y excepción especial otorgado para sí y para sí mismo, por los representantes de los poderes públicos (Ejecutivo, Judicial, Legislativo Municipal o Electoral)
Un balance de la investigación “Veinte Años de Impunidad” que recoge 227 casos de corrupción en la República Dominicana con resultados penosos para la justicia dominicana en el período 1983-2003 y si sumamos las 94 denuncias y expedientes de delitos de corrupción reseñados en la reciente investigación “La Corrupción Sin castigo” 2000-2013, nos conduce a la impresionante cifra de 321 casos de corrupción contra el patrimonio público en los últimos 33 años, de los que hemos tenido conocimiento y probablemente existan cientos que no están registrados en estas investigaciones, porque no han sido denunciados o investigados nunca.
Los delitos de corrupción regularmente son complejos, y los involucrados lo ocultan bien, cuentan con los mecanismos, instrumentos y estructuras partidarias para su protección y sus aliados en los órganos responsables del control e investigación de la corrupción que les permite con mayor facilidad encubrir sus prácticas dolosas en todo el Estado.
La ausencia de castigo y sanción de estos casos, es la muestra más clara de la ausencia de un sistema de consecuencia contra aquellos que históricamente han depredado el erario público, pervirtiendo a toda la sociedad, degenerando en consecuencias en el orden económico, social y político.
El sistema judicial dominicano no ha investigado a profundidad los casos denunciados y mucho menos de sancionarlos. Se ha preferido la política de borrón y cuenta nueva, de no investigar la corrupción pasada, ni presente, lo que se constituye en un claro incentivo para nuevas prácticas de corrupción.
Más de tres (3) década de fraude, impunidad, corrupción sin castigo, de enriquecimiento ilícito, de apropiación del Estado para fines privados y particulares, todos los casos documentados, sustentados en expedientes en denuncias contundentes, no investigadas y no sancionadas.
En ese período hemos contado con una clase política voraz, que ha permitido y construido un sistema de complicidad entre el sector público y agentes privados para la promoción de la corrupción y la impunidad. Tocando de manera profunda a los dirigentes de los partidos políticos entre ellos el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Reformista Social Cristiano, sus aliados y satélites, entre otros, a esto no escapa organizaciones de otros lineamientos políticos, que sin haber administrado el Estado en sus prácticas políticas han asumido formas, métodos y estilos de corrupción.
El registro de los casos de corrupción debe servir para elevar la conciencia de la magnitud del fenómeno y conocer quienes ostentan el poder político, económico, financiero y divulgar quienes en el ejercicio de sus funciones públicas o privadas ha quebrantado nuestro ordenamiento jurídico y violando principios ético y morales.
Las investigaciones nos sirven para inferir las modalidades, formas y métodos más utilizados por la delincuencia en la política e identificar las áreas más vulnerables y de riesgo para el enriquecimiento ilícito y las irregularidades cometidas para la acumulación individual y para financiar los propios partidos políticos.
En ese sentido, los Partidos Cartel que promueven y protegen el robo público no tienen autoridad, ni legitimidad para referirse a la corrupción y deben ser distanciados de dichos procesos, son parte de ella y actores principales del deterioro ético y moral, además de ser la columna vertebral del sistema de impunidad y complicidad imperante.
Por eso registramos que muchos de los casos de corrupción de ayer y hoy, involucra a los más altos dirigentes de los Partidos Cartel y los encontramos con importantes posiciones al interior de dichas estructuras en que sus Comité Políticos pueden ser considerados Cuerpo del Delito.
La ausencia de castigo a la corrupción ha permitido que Expresidentes, Ministros, Senadores, Diputados, Directores, Síndicos, Regidores, Jueces, entre otros, no reciban las correspondientes sanciones por los delitos imputados y que se mantengan en el escenario político y aspiren nueva vez a puestos públicos de elección popular.
En nuestra historia la determinación de enfrentar a la corrupción y la impunidad, no puede surgir de las estructuras políticas partidarias que estuvieron y están comprometidas con ella, por eso es de ingenuos o de tontos útiles, pretender impulsar acciones anticorrupción conviviendo o en alianzas a sectores y grupo que tiene responsabilidades con el hurto de los recursos públicos.
Los espacios que pretendan aportar para enfrentar la corrupción y la impunidad, deben profundizar sus análisis, sus intervenciones, tener claridad con sus alianzas y procesos de articulación e incluir en su agenda el combate de la corrupción pública y privada, fuera de estos organismos que funcionan, promueven y apoyan entre sí en actos dolosos.