Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo adelante, la “CIDH”) público la Resolución 1/18 titulada “Corrupción y Derechos Humanos”. En ésta se determina que la corrupción afecta profundamente los derechos humanos en su integridad, así como también debilita la institucionalidad, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad. Destaca que la corrupción se caracteriza por el abuso o desviación del poder, el cual puede ser público o privado. Desplaza el interés público por un beneficio personal o para un tercero, en donde participan tantos actores de entidades públicas, privadas y empresas, estableciendo estructuras que capturan las entidades estatales, a través de distintos esquemas criminales. Por ejemplo:
- Adoptar decisiones gubernamentales de manera irregular, tales como contratos u obras públicas, nombramientos o ascensos, leyes o exoneraciones tributarias. De este modo afectando el principio de igualdad, transparencia, debido proceso e imparcialidad.
- Valorar los contratos u obras públicas de manera desviada, favoreciendo el interés particular por sobre el público, lesionando los recursos con que cuenta el Estado.
- Cuando los funcionarios públicos aceptan prebendas indebidas a cambio de servicios públicos.
- Influir indebidamente en los procesos electorales mediante el finamiento ilícito de campañas electorales y candidaturas.
En este orden surge la siguiente pregunta: ¿Cómo afecta este fenómeno a los derechos humanos? Al respecto en la Resolución 1/18 se indica lo siguiente:
- Los funcionarios públicos, operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales y jóvenes son víctimas frecuentes de ataques contra la vida, la integridad, libertad y seguridad personal, como consecuencia de investigar, informar y denunciar actos de corrupción.
- La falta de transparencia de la gestión pública facilita la corrupción e impide el control ciudadano y el escrutinio de la prensa sobre asuntos críticos como la contratación pública y la gestión del presupuesto, en particular sobre gastos en infraestructura y programas sociales, actividades de lobby, el conflicto de intereses y sistema de empleo público, así como el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas políticas. A pesar de que la gran mayoría de los países han adoptado la iniciativa de gobierno abierto, aún falta mucho por hacer en este tema.
- La impunidad fomenta y perpetúa los actos de corrupción. Por lo que es un clamor lograr un acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial, en donde se protejan las garantías del debido proceso.
- Este fenómeno afecta el erario nacional, que muchas veces es insuficiente para satisfacer los requerimientos de la ciudadanía en materia de alimentación, salud, trabajo, educación, igualdad de oportunidades, vida digna, etc., lo cual representa un peligroso retroceso en la vigencia efectiva del Estado de Derechos y restringe el pleno goce de los derechos sociales. Cabe señalar que las consecuencias son particularmente graves para las personas, grupos y colectividades históricamente excluidas, en especial para quienes viven en situación de pobreza y pobreza extrema.
En este sentido la CIDH ha sugerido a los Estados partes, entre otros aspectos, lo siguiente:
- Proteger a los operadores de justicia cuando se encuentren en riesgo su vida e integridad personal, adoptando una estrategia efectiva y exhaustiva de prevención, con el propósito de evitar presiones, agresiones y hostigamiento en su contra. Para ello se requiere otorgar fondos apropiados y apoyo a las instituciones y los programas para su protección.
- Adoptar medidas para fortalecer la independencia, imparcialidad y autonomía de los sistemas de justicia, mediante el establecimiento normativo de procesos de selección u nombramiento de operadores de justicia con criterios objetivos.
- Fortalecer los mecanismos de transparencia activa y rendición de cuentas respecto a los gastos e inversiones de infraestructura, la financiación de las campañas electorales y funcionamiento de los partidos políticos.
- Fortalecer los órganos de supervisión con garantías de autonomía e independencia. Así como capacitar a los funcionarios y formar a la ciudadanía en aras de erradicar la cultura del secretismo y otorgarle a las personas las herramientas para realizar un efectivo monitoreo del funcionamiento, la gestión pública y la lucha contra la corrupción.
- Recopilar, producir, analizar y difundir periódicamente datos estadísticos e información sobre las denuncias de corrupción que reciben los distintos organismos de control y supervisión, el poder judicial, y otros mecanismos estatales de prevención e investigación de la corrupción, así como sus resultados.
- Promover un ambiente con garantías para la libertad de denunciar actos de corrupción, el desarrollo del periodismo investigativo y el ejercicio del derecho a buscar, recibir y difundir información relativa a corrupción. Esto incluye proteger a los que denuncian actos de corrupción.
- Garantizar la independencia de los medios de comunicación.
Finalmente, la lucha contra la corrupción se fortalece con un régimen de consecuencias y para ello es indispensable una justicia independiente e imparcial. Esto es debido a que la corrupción e impunidad permiten que las organizaciones criminales desarrollen y establezcan estructuras paralelas de poder y cooptar el Poder Judicial, incluso las altas Cortes. Asimismo, requiere proteger el derecho a la búsqueda y difusión de la información relativa a la corrupción, ya que es importante para la consolidación, funcionamiento y preservación de los sistemas democráticos. Igualmente, es necesario hablar de este fenómeno desde la perspectiva de los derechos humanos. Toda vez que el goce y disfrute de ellos se ven negativamente impactados por la corrupción, puesto que en la gestión de los recursos públicos se compromete la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones en esta materia.