Ningún Gobierno puede llevar a cabo una buena gestión sin un sistema en que se ponga de manifiesto la integridad en las actuaciones de sus funcionarios; la transparencia, tanto en lo particular como en lo institucional; la calidad de los servicios prestados; y la probidad en el manejo de las responsabilidades.
Sin una práctica enrumbada en este sentido, no habrá contención al flagelo de la corrupción y como resultado, no llegan los recursos necesarios a su fin principal que es la disminución de la pobreza, pues estos son distraídos a las arcas particulares de quienes los manejan.
En otros artículos ya hemos tratado la corrupción en sus acepciones más socorridas, por lo que en esta ocasión trataremos el tema de una forma más dirigida a lo técnico y a sus causales. En ese sentido debemos tener en cuenta al soborno y la extorsión como aquellas formas en la que participan por lo menos dos individuos; y aquella forma en que actúa una sola persona, como son, la malversación de fondos para uso particular y el fraude. De manera que sería llover sobre mojado hablar aquí, sobre los trastornos y daños que ocasiona la corrupción proveniente de políticos y altos funcionarios, como de personas del sector privado para el desarrollo económico de los países; pues ha sido harto tratado.
El Documento Técnico No. 91, versión O.2 del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, del Gobierno de Chile, titulado “Conceptos Generales Sobre Delitos Funcionarios”; ha establecido que las causas que favorecen la corrupción son las siguientes:
- Determinantes políticas, derechos fundamentales no ejercidos o ejercidos inadecuadamente y/o libertades civiles inhibidas o meramente formales.
- Poderes públicos ineficaces o carentes de independencia.
- Insuficientes instituciones que actúan como guardianes públicos.
- Entorno económico, marco regulatorios y fondos públicos, sin suficiente control.
- Baja calidad del funcionamiento del sector público.
- Nivel general del desarrollo del país.
Pero seríamos muy simplistas de aceptar que sólo estas causas –tan macro- son las que determinan la corrupción en nuestro país, pues sabemos que el asunto es de mucho mayor complejidad y que está relacionado con la diversidad misma del ser humano, en el entendido de que éste, en su desarrollo, tanto evoluciona como involuciona, debido al proceso de cambios y aprendizaje a que está sometido.
La emulación es consustancial al hombre y tal condición la pone en práctica constantemente tomando como modelo a iguales, que social y económicamente son su referente por encontrarse en un escalón más prominente. Tal proceso se verifica desde la niñez y sigue con el individuo que proyectará en su comportamiento lo que ha aprendido en el devenir de su crecimiento, ya sea de sus padres, sus maestros, y en los peores casos, de sus iguales aventajados y con condiciones de liderazgo en las agrupaciones de adolescentes que derivan más adelante en pandillas. De ahí que el sistema de valores experimente en la psiquis del individuo, transformaciones en las que tales valores vienen a convertirse en aquellos que se contraponen a lo meritorio.
En la República Dominicana existe un ingrediente de gran trascendencia para el arraigo de la corrupción, como es el elevado poder discrecional de los funcionarios públicos; la baja exigencia de rendición de cuentas; reglamentaciones y normativas defectuosas, mal elaboradas, mal definidas y exiguamente difundidas; desconocimiento y cortapisas a los derechos y libertades públicas; deficiencias en la preparación de las entidades llamadas a la vigilancia; y por último, y no menos importante, numerosos investigadores y medios de prensa envueltos en la madeja del fenómeno de la corrupción.
El sistema impuesto por los propios gobiernos, de elegir los corruptos preferidos o de no dar seguimiento y persecución a los implicados en grandes escándalos, entronizan el mal de la corrupción en la República Dominicana, Viene a cuento la famosa frase aquella que llamaba a no tirar piedras hacia atrás.
La corrupción hay que combatirla abordando sus síntomas, pero sobre todo, encarando las causas básicas de la misma (endógenas y exógenas), poniendo atención, primordialmente al elemento preventivo, de manera que desde el Gobierno y el sector privado se llegue a una alianza dirigida al análisis del fenómeno y acceder a la implementación de medidas precautorias y profilácticas.
En el próximo artículo seguiremos viendo las causas de este gran mal, que constituye la corrupción política y administrativa y las medidas que a nuestro entender resultan de mayor pertinencia para enfrentarlo.