Durante los períodos de crisis la política monetaria ha servido para mitigar los efectos negativos del ciclo económico. Sólo los economistas keynesianos vulgares, como se les conoce en la tradición keynesiana, negaron esos efectos positivos que una política monetaria expansiva suele tener durante un período de recesión. No obstante, dentro de la tradición keynesiana existen posibilidades de que una política monetaria expansiva, tenga efectos positivos sobre el crecimiento del producto durante un período de crisis, si existe un sistema cambiario de libre flotación y no existen restricciones a los movimientos de capital. En este caso, la expansión monetaria provoca un sostenido crecimiento de la economía.
Algunos se preguntan si la política monetaria podría ayudar a que la economía dominicana se recupere de la crisis económica provocada por la pandemia. Teniendo en consideración las limitaciones de las fuentes tradicionales de financiamiento de la política fiscal (postrada por baja recaudación, desperdicio de recursos y corrupción), se necesita una política monetaria que persiga objetivos que beneficie a todos y abandone los enormes beneficios que la política de endeudamiento del Banco Central (BC) le provee a los bancos comerciales.
Si este cambio de visión en la política monetaria se produce, entonces cabría esperar cierto alivio en las finanzas públicas. La política monetaria podría ayudar a la recuperación económica del país, pero su alcance tiene limitaciones estructurales si no se toman acciones para superarlas. De hecho, existen experiencias que permiten asegurar que durante una recesión la política monetaria expansiva impide que ésta se prolongue, creando sólidos fundamentos para re-emprender el camino del crecimiento económico.
Durante la administración de Barack Obama, la Reserva Federal compró durante casi tres años alrededor de US$70,000 millones mensuales para evitar la profundización de los efectos de la crisis hipotecaria que condujo a la crisis financiera del 2008. La inflación estadounidense se mantuvo en niveles normales y las expectativas inflacionarias de quienes se opusieron a este mecanismo monetario de financiamiento, rápidamente fueron superadas por la realidad.
La economía dominicana está severamente afectada por la crisis sanitaria y en el futuro próximo no se vislumbra con claridad cómo el gobierno superará la crisis fiscal. Lo que resulta preocupante porque a pesar de que las autoridades se esfuerzan por publicar cifras de crecimiento económico y de recuperación, no ha podido convencer a las mayorías y las expectativas del desempeño económico no son halagüeñas.
Actualmente, la economía dominicana está en recesión, con un sistema cambiario de flotación sucia y una política monetaria restrictiva (que mantiene elevadas tasas de interés respecto de la tasa de interés internacional que fortalecen las reservas internacionales del BC) que persigue mantener la moneda apreciada para favorecer a los importadores y a la inversión extranjera. Sin embargo, cabe destacar que en economías caracterizadas por amplia movilidad de capitales, con tipo de cambio fijo, la expansión monetaria no es eficiente para salir de la recesión. Entonces, para que la política monetaria sea efectiva en este país, el BC debe modificar sus objetivos de política cambiaria y monetaria.
Desde esta perspectiva, resulta aconsejable cambiar el énfasis en la política fiscal expansiva financiada con deuda pública externa y apoyar un gasto público eficiente con una política monetaria que facilite los pesos que necesita el gobierno central (GC) para estimular la demanda agregada. Esta decisión precisa de otros ajustes, tales como restricciones sobre la balanza de capitales, mediante mayor eficiencia de la producción interna con el fin de reducir las importaciones que dependen del producto, evitar la profundización del déficit de balanza comercial y sus efectos cambiarios. En tal sentido, habría que limitar que el Ministerio de Agricultura privilegie importaciones de bienes primarios sabiendo que desestimulan y desarticulan la producción nacional, así como reducir la elevada dependencia de las importaciones que proviene del crecimiento económico, para citar algunos ejemplos. Por otro lado, el gasto público debe favorecer la compra de bienes de origen nacional a través de un programa de compras nacionales.
Desde el 2005 hasta la fecha, la política monetaria ha servido para resolver la deficiente tesorería de los bancos comerciales, para favorecer a los puestos de bolsa y garantizar un tipo de cambio apreciado para los importadores. Esto ocurre a pesar de que la Ley Monetaria y Financiera 183-02 establece que el objetivo fundamental del BC es controlar la inflación y mantener la estabilidad macroeconómica.
Es importante señalar que el BC cambió el año base del índice de precios al consumidor (IPC) durante el año de la pandemia. Los manuales de cuentas nacionales aconsejan que el cambio de base se realice durante un año considerado normal. Porque al hacerlo durante un año anormal, no reflejaría la verdadera situación inflacionaria del país, como en efecto ocurre.
Además, la política monetaria no promueve el crecimiento. En efecto, al mes de junio del 2021, el BC y el Ministerio de Hacienda han recogido RD$1,615.9 billones dinero del público, equivalente a US$28,419.6 millones. El 50% de ese monto está represado en el BC y solamente rinde intereses a los tenedores de esos activos financieros. En otras palabras, el endeudamiento del BC restringe la circulación monetaria, aumenta la tasa de interés, encarece la inversión privada y reduce la demanda agregada, desacelerando el crecimiento económico y lo que es peor, sólo las instituciones financieras se benefician de la política monetaria.
Pero este panorama financiero puede cambiar. Si el dinero represado en el BC y sin ninguna utilidad social, se le prestara al GC a través de la Tesorería Nacional (que acreditaría la Cuenta República Dominicana en el Banco de Reservas) aumentarían los ingresos públicos y se reduciría el déficit fiscal. Estos desembolsos seguirían el cronograma de desembolso de los proyectos de inversión pública en ejecución y no podrán ser utilizados para gasto corriente del GC.
Este mecanismo tiene la ventaja de que no se aumentaría la deuda del sector público ya que la deuda de una entidad pública se transfiere a otra institución del propio gobierno. El financiamiento del presupuesto estaría resuelto por algunos años, si se realiza con prudencia. Este tipo de financiamiento no generaría presiones inflacionarias. El aumento de la inflación sólo se produce cuando la economía opera a nivel de pleno empleo y, en estas circunstancias, la producción (oferta) no puede responder al aumento de la demanda agregada. Sin embargo, nos encontramos en un período recesivo en el cual el crecimiento del producto se encuentra por debajo de su tendencia de largo plazo y el fantasma de la inflación no tendría lugar mientras dure la recesión.
Por eso, resulta desacertado que algunos economistas entiendan que el gobierno esté obligado a financiar el gasto público con endeudamiento externo. Justamente, una de las razones por las cuales el gobierno necesita financiamiento externo es porque necesita cubrir el pago de intereses y algunos vencimientos de la deuda pública, siguiendo la lógica del Juego de Ponzi, que ha tenido consecuencias devastadoras en países con elevado endeudamiento. Asimismo, la cobertura del servicio de la deuda (gasto corriente) limita el gasto de capital y sus efectos negativos mediatizan sensiblemente la recuperación de la demanda agregada y postergan el crecimiento del producto, en el mediano plazo.
La visión de corto plazo ha acompañado a la mayoría de los gobiernos dominicanos. Modernamente esta visión se acentúa por el predominio de la corrupción que enfatiza en gastar ahora, sin estrategia y sin plan. De aquí que el gobierno invierta para servirse y no para servir a la población. Pero la población cambió y por eso no tolera la corrupción y será muy difícil superar la crisis si se siguen repitiendo los errores del pasado.