“Ser sustentable no es sólo lavar las culpas ni sólo cuidar el medio ambiente, sino ser socialmente justo, responsable con el ambiente y, por lo tanto, también económicamente viable”- Cecilia Goya de Riviello, directora general de Natura.

Los recursos naturales han desempeñado un rol clave desde los tiempos de la colonia y también en muchas etapas de nuestra vida republicana estuvieron en la base del crecimiento económico. Fueron en realidad la principal fuente del proceso de acumulación capitalista dominicano cuyo distintivo más perceptible fue la generación de rentas extraordinarias con escasos impactos en el desarrollo multidimensional de la nación.

Hoy, el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables reafirma la importancia del componente político de la responsabilidad, lo mismo que el de sostenibilidad o sustentabilidad. Dados unos malos antecedentes, a muchos parece que el discurso sobre una minería responsable y sustentable es una manera ingeniosa -y reiteradamente demagógica- de tratar de convencer de que las industrias extractivas conocen una nueva etapa en sus obligadas relaciones con el ambiente, la sociedad y los gobiernos.

La realidad es que se trata de una nueva etapa de esas relaciones cruciales. Para su concreción efectiva y exitosa en la praxis, ayuda de manera determinante el cambio en el enfoque del problema de parte de las clases gobernantes de muchos países; ese cambio de actitud se traduce en la utilización de mecanismos modernos de transparencia y rendición de cuentas, políticas públicas activas y adhesión voluntaria a importantes iniciativas de notabilidad global ( por ejemplo, la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI por sus siglas en inglés), todo ello en un marco de la priorización de la atención a los impactos ambientales y  un renovado interés por el destino social y económico de las rentas resultantes.

El cambio de rumbo no ocurre de manera casual. Responde a las malas prácticas del pasado y a sus resultados ambientales literalmente desastrosos en algunas zonas de actuación de las empresas mineras. Ciertamente, ese pasado podría considerarse como nefasto, tanto en el plano de la responsabilidad estatal, especialmente en lo concerniente a la fiscalización y cumplimiento cabal de los compromisos contractuales, como en el ámbito de los resultados cosechados en materia socioambiental.

Un factor decisivo en el marco del desarrollo de la industria minera son los reclamos ancestrales de las comunidades directamente afectadas, hoy más cohesionadas en fuertes redes organizativas que generan propuestas y reacciones, análisis, oposición militante, sometimientos judiciales, reclamos y críticas. Por lo demás, estas instancias organizadas, con frecuencia interconectadas, mantienen vivo, como se ha señalado, el balance de un pasado extractivo que no se tradujo de manera significativa, salvo casos excepcionales y aislados, en avances sustantivos de los indicadores de bienestar, participación, inclusión y libertades.

En nuestros días las comunidades tienen a su favor la red de redes, el Internet, con su creciente profusión de plataformas de ágil y dinámica comunicación interactiva.  No obstante, necesario es puntualizar que, con su formidable ayuda, no solo se convoca, orienta y denuncia con probada buena fe, sino que también se exagera, distorsiona y manipula desde las sombras, respondiendo a ciertas agendas ocultas distanciadas de los intereses legítimos cada vez más reconocidos de las comunidades. En muchos casos, los libretos así diseñados, logran sus propósitos porque, además del sabio ocultamiento de sus verdaderas intenciones, tienen a su favor la ignorancia generalizada sobre temas en los que la mayoría, como se ha dicho, suele centrar la atención en los elementos negativos intencionalmente abultados, distorsionados y excesivamente publicitados.

Los recursos naturales no renovables tienen, entre muchas otras características, una que debe poner la responsabilidad y la moral de las autoridades en un primerísimo plano: luego de ser extraídos no pueden reponerse a semejanza de lo que ocurre, digamos, con las plantaciones de caña de azúcar o de yuca; consecuentemente, el deber sagrado e insoslayable de todo gobierno no es evitar su beneficio, que para ello fueron puestos ahí por la naturaleza, en nuestro caso de manera relativamente abundante, sino garantizar a la sociedad, de manera responsable, que tal aprovechamiento no dejará tras de sí  un  desierto, un mal mayor irreparable que pueda afectar las condiciones de vida y el bienestar de las presentes y futuras generaciones de dominicanos.

La sostenibilidad en materia minera, por tanto, implica, por un lado, la relación aprovechamiento-prevención, solución y remediación ambiental efectivas y comprobables; por otro, el uso comprometido de los beneficios resultantes para ayudar al desarrollo de la nación toda.

Cuando hablamos de desarrollo nos referimos a un proceso complejo y multidimensional, que procura avances y progresos materiales e intangibles en el tiempo de manera gradual pero continua. Tales avances deben implicar mayores niveles de inclusión, participación, atención permanente a las obligaciones ambientales, crecimiento económico, equidad y justicia social (visión intrageneracional), además del compromiso de mantener en el presente las mejores condiciones ambientales, institucionales, económicas y políticas para que las futuras generaciones vivan con razonable holgura y disfrutando de los mayores niveles de seguridad posibles (visión intergeneracional).

Desde una perspectiva sistémica, el desarrollo responsable y sostenible tiene como uno de sus valores supremos la sostenibilidad ecológica o ambiental; es más, debe ser uno de sus requisitos éticos fundamentales. Pero para nosotros resulta inaceptable plantear la sostenibilidad ambiental, aun en los límites que impone el aprovechamiento de unos recursos que no pueden ser sustituidos por capital elaborado por el hombre, suponiendo la merma o la afectación en algún grado del progreso en términos sociales y económicos. La solidaridad ecológica no puede plantearse la exclusión de los seres humanos o el incremento de la pobreza en cualquiera de sus modalidades. Como señala la citada directora general de Natura, “ser sustentable…significa también ser económicamente viable”.

El abordaje que se propone es, consecuentemente, de sostenibilidad del sistema socioecológico completo, que incorpora los elementos más dinámicos y cruciales del sistema social y eleva al rango de alta prioridad en su agenda los vínculos responsables con la naturaleza.