La democracia debe ser preocupación cotidiana de todos los ciudadanos, pues el Estado, más que la representación jurídica o el conjunto de estructuras administrativas, constituye el espacio donde coexistimos y el en cual procuramos aprovechar oportunidades y solucionar conflictos. En esta dinámica, los partidos políticos nos representan para abordar los temas fundamentales; la elección periódica de uno de ellos para ejercer el poder deviene, pues, en asunto serio que demanda, unos como militantes o simpatizantes y otros como árbitros, que todos los ciudadanos nos involucremos a fondo.
En ese sentido, es acertada la convocatoria abierta y plural del Senado para conformar el nuevo Pleno de la Junta Central Electoral. Hasta ahora, sólo los abogados podían optar para presidir o ser miembro directivo. Todavía no se concibe que un profesional de otra formación lo presida. Aún así, es significativo que los legisladores ampliaran la base de ciudadanos que pueden optar para ser miembros.
El resultado previsible de una mayor diversidad de talentos será un organismo electoral que podrá tomar decisiones sopesadas con mayor profundidad y más altos niveles de vigilancia. Es obvio que, dada la criticidad y complejidad de los procesos que se deben gestionar, así como la transparencia y rapidez de respuesta que demanda la ciudadanía, será positivo que además de la visión de los especialistas jurídicos, se cuente con la opinión de administradores y profesionales expertos en Tecnología de la Información.
Nadie discute el rol estelar de los abogados en la Junta Central Electoral, pues son indispensables para el cumplimiento de los derechos constitucionales de los ciudadanos de elegir y ser elegidos. Son los árbitros llamados a hacer cumplir las reglas del “juego” eleccionario, ofreciendo equidad, justicia. Mas, los errores logísticos y el uso deficiente de la tecnología en elecciones recientes han resultado muy costosos en dinero y confianza del votante. Escáneres apenas utilizados y una automatización inapropiada del proceso de votación, ocasionaron pérdidas de millones de dólares y de credibilidad en niveles que nunca deben repetirse. Estas experiencias traumatizantes han obligado al Senado a repensar la composición del Pleno de la Junta Central Electoral y ampliar el portafolio de candidatos con miras a fortalecer la supervisión tanto de las funciones gerenciales y operativas del organismo como del uso de recursos de tecnológicos para la automatización de procesos electorales.
Los legisladores, como la opinión pública, han visto la necesidad de incluir administradores capaces de orientar y supervisar a los responsables de los distintos departamentos para que planifiquen, coordinen y controlen eficazmente los recursos humanos y materiales que interactúan en la dinámica de servicios ofrecidos. Son muchas las funciones administrativas que deben ser manejadas oportuna y eficazmente, a saber: organigramas, dinámica continua con los partidos políticos, establecimientos de períodos, gestión de cargos electivos, manejo de requerimientos de aspirantes, presupuestos, gestión de recursos, estructuración de unidades (mesas) electores, registro de nacimientos y expedición de cédulas, registro de organizaciones de partidos, asignación de recursos, manejos de presupuestos, y logística de montaje de procesos eleccionarios.
De igual manera, nuestros Senadores se han percatado de la necesidad de que informáticos expertos se integren al Pleno de la Junta Central Electoral, con capacidad para evaluar la factibilidad de soluciones propuestas, asesorar y supervisar al personal técnico responsable del adecuado funcionamiento de la plataforma tecnológica; asimismo, que impulsen el entrenamiento del personal, el establecimiento de controles, el desarrollo de planes de contingencia y auditorías que provean seguridad física y virtual de todos los componentes (servidores, dispositivos, datos, conectividad) e impidan acciones vandálicas, acceso no autorizados y transformaciones ilegales de los datos resultantes de las elecciones.
En definitiva, nuestros legisladores ya están conscientes de que además del rigor jurídico para avalar la legalidad de los procesos, boletines y sentencias emanadas de la Junta Central Electoral, también se requiere de una visión administrativa capaz de orientar y supervisar las funciones del organismo, como: registro civil, elaboración de actas y cédulas, gestión de registros de partidos políticos y asignaciones presupuestarias, preparación de padrones de electores, planear las divisiones electorales, reclutar y capacitar al personal, imprimir las boletas, conducir campañas de educación electoral, organización de elecciones, transmisión y consolidación de resultados electorales, etcétera. Y que, de igual manera, se requiere de informáticos avezados para procurar un uso correcto de los recursos de tecnología de información con miras a aumentar la eficiencia, reduciendo costos y tiempo.
Ganará el país con abogados, administradores e informáticos mancomunados en el Pleno de la Junta Central Electoral con el propósito de fortalecer la transparencia política, garantizar la participación de los votantes, preservar el secreto de su voto y generar oportunamente los informes que permitan visibilizar la voluntad popular.