No entiendo la preocupación de la Suprema Corte de Justicia con los abogados que salen sin formación técnica adecuada de las universidades. Me concentro y enfatizo en la técnica, porque ética y valores es un tema que trasciende las aulas. Pasantías obligatorias, pasar exámenes y enrolarse compulsivamente en programas de actualización académica es una forma odiosa de gastar pólvora en garzas. Para el profesional con deficiencias teóricas y prácticas en esa disciplina, el mercado laboral competitivo es suficiente obstáculo. En la práctica privada, la posibilidad de incorporarse a los principales bufetes es nula. En la esfera pública, se van cerrando puertas a la incompetencia en la selección, por ejemplo, de jueces, defensores públicos y fiscales. Finalmente, su ejercicio liberal se da en el escabroso terreno de la competencia, donde enfrenta el escrutinio previo de potenciales clientes que valoran formación, reputación y experiencia exitosa en litigios.
La enseñanza bíblica que menciona la dificultad del camello para pasar por el ojo de una aguja, se ajusta más para el egresado mediocre en oficina prestigiosa que para el rico en el cielo. Las principales firmas compiten por seleccionar abogados que se gradúan de una de las dos facultades que respetan y con notas y referencias académicas que los ponen en el tope de su promoción. Afortunadamente no tienen que reclutar por cuotas de género u origen étnico. Esa libertad contractual les permite seleccionar los que se ajustan al perfil que consideran más apropiado para su empresa. Apuesto que el archivo de solicitudes que la encargada de recursos humanos tiene para esa posición es de los pequeños, con dos cajones o gavetas, donde hay espacio para la cartera y la merienda.
La Suprema Corte de Justicia, cuyo principal interés es la competencia profesional y ética de los jueces, me luce que tiene su problema resuelto. Para ingresar a la carrera judicial hay que ser admitido a la Escuela Nacional de la Judicatura, estudiar, pasar sus evaluaciones y concursar para iniciar en el primer peldaño del escalafón, juez de paz. Esa escuela la controla el Poder Judicial y de seguro ha sido un valladar para el abogado que le importó recibir un título de sus deficiencias académicas. Pero su influencia también se extiende a la formación de los defensores públicos. Para aspirar ahí también hay que concursar, volver a estudiar, pasar exámenes y participar en programas de educación continua. La Suprema tiene así influencia sobre la calidad de quienes ejercen en dos facetas vitales de la administración de justicia: los jueces y el defensor público.
El control de calidad sobre los abogados parece que entonces tiene que ver con los abogados malos que pudiera emplear el Ministerio Público y los que contrata un litigante o imputado privadamente. Si es por el Ministerio Público, el proyecto implicaría que la Suprema no cree que allí es replicable la experiencia de la Escuela Nacional de la Magistratura. Para arreglar ahí creen necesarias estas medidas de la organización maestro-aprendiz del medioevo. Estas, sin embargo, no terminarán con la sospecha de selección adversa a menos que le sustituyan a la dirección de ese estamento su discreción en el proceso de nombramientos. Con respecto al Ministerio Público, en todo caso, los jueces son los dueños del proceso en los tribunales y los llamados a señalar sus deficiencias en los juicios, mucho más visibles ahora por el énfasis en la motivación de sus decisiones.
Si la preocupación es por el mal servicio que a los ciudadanos están ofreciendo los abogados incapaces, estamos de nuevo ante una iniciativa legislativa paternalista que parte de la presunción de estupidez de los que serán favorecidos. A nosotros la inteligencia nos alcanza cuando se trata de elegir el auto que más nos convenga, el traje que mejor nos quede y el plan de internet que más nos acomode velocidad y costo. Determinar si se está ante un buen abogado o un diletante diplomado es algo muy profundo. Se requiere de una habilidad especial para escudriñar, cucutear o ponderar los atributos y calidades que éstos se atribuyen para solucionar favorablemente un litigio. De ahí que se busque convertirlos, con un plan autoritario, en un conglomerado ducho y homogéneo, donde el ciudadano común pueda elegir con los ojos vendados a su representante. El proyecto asume que no somos capaces de tareas sencillas como chequear referencias, calificar calidades por el dossier que se nos entrega o por una búsqueda simple en los archivos públicos de las sentencias donde ha participado. ¡Es que somos estúpidos y contratamos a cualquiera que nos hable bonito, ajenos a que en sus manos ponemos el futuro de nuestra libertad y patrimonio!
Se quiere motivar el proyecto también para evitar las trampas y estafas en que abogados y notarios participan, hechos que terminan ventilados en los tribunales por los agraviados. Ese es un tema ético, no de formación académica. Los mayores fraudes los orquestan las mentes más brillantes. Un cursillo en valores no cambia al alguacil que se agencia millones en desalojos por sus contactos para mover la fuerza pública. Un rollo de ética tampoco hace desistir de sus métodos al abogado que recibe los mejores casos de embargo por su credencial de “ése es el que resuelve”.