Vivir en una democracia implica, necesariamente, soportar opiniones necias, expresiones ideológicas impopulares y hasta las más amargas críticas, sin embargo, la libertad de expresión como cualquier otro derecho fundamental no es absoluto, por lo que su ejercicio será perfectamente constitucional en la medida en que no se incite al odio, a la violencia, ni se fundamente en actos difamatorios e injuriosos. Proteger la libertad de opinión y evitar la censura previa es esencial en toda sociedad democrática, ya que así se garantiza la pluralidad y se concretiza el escrutinio social sobre los funcionarios.
Cualquier actuación que socave, disminuya o anule la libertad de expresión requiere de una justificación más que legal, legítima. Precisamente legitimidad es que carece la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (en lo adelante CNEPR), entidad administrativa, en cuyos pasillos se percibe un latente tufillo dictatorial.
La CNEPR es una Administración Pública creada durante el trujillismo mediante la Ley 1951, cuya finalidad esencial era la de censurar a sus detractores y suprimir la presencia de sus enemigos en los medios. Con el pasar de los tiempos la misión de la autoritaria institución evolucionó hacia el control administrativo de la libertad de expresión en las proyecciones cinematográficas, representaciones teatrales, así como en la radio y televisión.
Además de la antidemocrática calidad de policía de la moral dominante que detenta la CNEPR, ésta no cuenta con un respaldo legal para sancionar, por lo que todas las sanciones se imponen al margen del ordenamiento. En efecto, la ley que crea la referida Administración no describe las conductas administrativamente reprochables, sino que remite su configuración a normas reglamentarias sin parámetros ni límites lo que contradice el principio de legalidad establecido en el artículo 40.15 de la Constitución dominicana.
El oscuro origen de la CNEPR no es lo preocupante, sino su vigencia después haber probado sobradamente su incapacidad funcional para controlar objetivamente la libertad de expresión en los medios audiovisuales y radiofónicos, evidenciado su intención de continuar ejerciendo sus arbitrarias potestades y revelado que seguirá vulnerando flagrantemente el debido proceso administrativo y mutilar con su accionar el pluralismo. Cada día que la CNEPR abre sus puertas y opera, amenaza, desalienta y pone en grave riesgo la libertad de expresión y consigo, una de las libertades mas fundamentales de todo estado democrático, el debate público.