El de Odebrecht es la madre de los escándalos, tejemaneje apestoso y harto conocido. Ahora, desde Brasil y Estados Unidos, lo proyectan en alta definición y vía satélite. Esos sobornos han sido un “Elefante Blanco” atorado entre dos partidos y tres gobiernos. Hacerse de la vista gorda ya es imposible; deben lidiar con el paquidermo que derrama su plasta sobre las elites gobernantes dominicanas. Tres presidentes tiznados. El rumor público imparable.
Si bien es verdad que los sospechosos son tres, a quien toca explicarse urgentemente es al Licenciado Danilo Medina, puesto que estuvo íntimamente relacionado con el eslabón más grueso de la cadena del delito: Joao Santana, el estratega más caro del populismo latinoamericano (cobró cuatrocientos mil dólares al kirchnerismo por dos semanas de trabajo en las pasadas elecciones argentinas).
Ese travieso asesor, fue contratado dos veces por el actual presidente, o por su partido. Nadie sabe quién lo hizo. Estaban en pleno derecho de hacerlo – aunque ya para la reelección estuviese acusado de lavado de activos en su país. De esa contratación, en principio incuestionable, surge una pregunta obligatoria: ¿Existe contrato y recibo entre las partes?
Esos rutinarios documentos son imprescindibles, despejarían esa sombra siniestra que persigue al presidente. A mi entender, constituyen el nudo gordiano donde se oculta “el secreto del templo sagrado”. Si pudiera probarse que Joao Santana, o alguna de sus compañías, fue contratada y pagada legalmente en este país, resultaría saludable para la nación.
Ahora bien, sin papeles, seguiremos sospechando y especulando; seguirá deteriorándose la imagen del jefe del Estado. Huérfano de comprobantes, y con la certeza de que el imputado “marketeiro” de presidentes, testaferro y lavador de dineros, no fiaba ni a su madre, tenemos que deducir quienes pagaron. Se piensa en Odebrecht, Lula, o algún amigo del candidato y del PLD. Si lo hicieron, y nada por el momento prueba lo contrario, no buscaban indulgencias plenarias, sino asegurarse la continuidad de privilegios contractuales.
La sociedad, sobradas razones tiene, desconfía tanto de la justicia como de los partidos mayoritarios (aquel trágico “pacto de impunidad” resulta creíble al repasar el historial de la constructora brasileña y otras estafas contemporáneas). Nadie espera titulares en los medios de comunicación exigiendo explicaciones. Los grupos y partidos minoritarios todavía no asustan al poder. En fin, que todos piensan que aquí los pillos dormirán tranquilos.
Cobijada bajo el control casi absoluto de las instituciones, amparada en el “laissez-faire” de gran parte del periodismo criollo, y regocijada en la agonía opositora, la presidencia calla. Deja que la procuraduría investigue, entretenga, y prometa. En otras palabras: aplican el protocolo de la impunidad.
Sin embargo, cuidado, en esta ocasión, quizás por primera vez, pueden salir "con la mesa ai caco". Parece que se les “vira la tortilla”. Los sobornadores de Odebretch hablan y ensucian, la investigación es internacional. Alguien tendrá que responder. El que se pueda limpiar que lo haga rápido, sin pérdida de tiempo.
De ahí la urgencia que debería tener el equipo presidencial de poner las cartas sobre la mesa. Apenas tomará unos minutos enseñar un contrato y un recibo. Tienen que demostrar que Joao Santana, si bien costoso y tramposo, fue un consultor empleado al amparo de una legalidad contractual. Simple. Y si no existen esos documentos, por favor invéntenselos. Dignifiquen de alguna forma al Estado dominicano.