En los últimos días, y a raíz de las distintas propuestas y ofertas electorales de los candidatos presidenciales y congresuales en estas elecciones 2020, se ha referido a la necesidad de promover y enfocarnos hacía una economía circular. Parecería que el término es novedoso, pero no lo es. De hecho, la Ley 1-12 sobre estrategia nacional de desarrollo, establece como su visión de desarrollo 2030, entre otras cosas una economía sostenible, basada en la sostenibilidad medioambiental.
Asimismo, existe innumerables escritos y doctrina sobre economías sostenibles, verdes, circulares, entre otros aspectos. Lo anterior, adquiere más relevancia, cuando los residentes del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo hemos visto el padecimiento de indeseables gases producidos por el vertedero de duquesa.
Mi interés en este escrito es compartir algunas ideas sobre la necesidad de reenfocar la contratación pública hacía una visión más estratégica o circular, que permita y contribuya impulsar una verdadera economía circular. Y es que, realizar la transición hacia una economía circular requiere tiempo, esfuerzo y cambios transcendentales en los sistemas productivos, el paradigma de consumo de todos los actores de la sociedad, e incluyendo por supuesto a la Administración Pública, en especial en su actividad contractual.
Para contextualizar es importante indicar lo que ha señalado la Comunicación de la Comisión Europea de que la economía circular persigue cambiar el insostenible modelo de producción y consumo actual basado en usar y tirar (modelo lineal) por un modelo económico circular más sostenible que hace un uso eficiente de los recursos y maximiza su reaprovechamiento para reducir al mínimo la generación de residuos. Lo anterior se basa, en el en un principio de que en la naturaleza todo se transforma.
Este modelo de economía se basa en los procesos naturales en los que no existen los deshechos ya que los residuos resultantes de un proceso sirven de nutrientes para el siguiente, cerrando el ciclo de los materiales.
Ahora bien, ¿cómo puede contribuir la contratación pública en lograr un impulso hacía una economía circular en nuestro país? Esta respuesta tiene dos vertientes. Si seguimos con el modelo de contratación pública tradicional no sería de gran ayuda. Si se introducen cambios estratégicos en el diseño de la contratación pública, la respuesta sería positiva. Esto es así, ya que la actividad contractual, constituye la máxima expresión económica de la Administración Pública. Asimismo, representa por su impacto sobre el mercado, un instrumento importante para coadyuvar a un modelo productivo y de consumo más sostenible.
Como establece mi buen amigo, el profesor José Pernas García, sobre la contratación pública estratégica o verde, que cuando existen mandatos legislativos sectoriales que deben ser aplicados dentro de los documentos de preparación de los contratos públicos (pliegos de condiciones o términos de referencias – TDRs), así como cuando deben ser observados por las entidades contratantes (como ocurre con el caso de las PYMES), se traduce en acciones concretas y tangibles en la contratación. A diferencia, de lo que ocurre cuando permanecen en normas ambientales como meras declaraciones de deseo, desconocidas o ignoradas, sin efectos tangibles en la realización de la compra pública.
Un enfoque de la contratación pública circular implicaría que el órgano rector de las compras y contrataciones públicas (Dirección General de Contrataciones Públicas) desempeñen una función activa al realizar la transición hacia una economía circular.
Desde el punto de vista conceptual, este tipo de contratación puede definirse como la contratación mediante la cual las entidades contratantes adquieren obras, bienes o servicios que contribuyen a cerrar los ciclos de materiales y la energía dentro de las cadenas de suministro, a la vez que minimizan y, cuando sea posible, evitan los efectos negativos para el medio ambiente y la generación de residuos a lo largo de su ciclo de vida. Este tipo de contratación desempeñaría un papel de relevancia al cumplimiento de los objetivos de la estrategia nacional de desarrollo. En particular, el tercer eje contenido en el artículo 9 de la Ley 1-12.
Es importante que se inicie el cambio de paradigma en la contratación pública para tener una visión más inclusiva e integral de la sostenibilidad medioambiental, que en definitiva es lo que se propone con la economía circular. Este cambio debe concretarse desde la fase de planificación de la contratación hasta conclusión de la misma.
Conozco pocos pliegos y proyectos que hayan contemplado criterios de adjudicación a cuestiones como compra de productos y materiales reciclados, inclusión de exigencias de durabilidad o reparaciones de bienes adquiridos, uso de energía limpia; entre otros.
Quizás uno de los pocos ejemplos que recuerdo rápidamente, son las contrataciones que han realizado algunas Alcaldías para renovar su alumbrado público, utilizando luces LED, que implicarían entre otras cosas, obtener un ahorro energético y reducción de la factura energética. Lamentablemente, por distintas razones que pueden ser analizadas en otra ocasión, estos proyectos no han sido exitosos.
En otros países, existen interesantes ejemplos que han realizado contrataciones estratégicas, como por ejemplo, en 2015 el Ayuntamiento de Lahti (Finlandia) hizo una contratación para realizar pruebas piloto en la construcción de una carretera con asfalto reciclado proveniente del reciclaje de los tejados asfálticos usados en los edificios finlandeses. En otro caso, se incluyeron conceptos circulares en los comedores escolares de Turín (Italia), estableciendo que los contratistas estaban obligados a sustituir los platos de plástico por platos reutilizables.
La creación de políticas puede ser un primer paso eficaz para garantizar su visibilidad como prioridad en la contratación pública. Al respecto, deberían contener al menos los siguientes elementos: a) significado e implicación de contratación circular dentro de una entidad pública; b) qué productos, servicios o bienes pudieran ser aplicables; c) qué objetivos, prioridades y plazos se han establecido para incorporar estas disposiciones circulares o estratégicas y cómo se supervisarían.
En esta etapa, se debe plantear cuestiones modestas, de por sí la contratación pública dominicana tiene retos por delante, la idea no es sumarle otro adicional. Ahora bien, me parece que se puede realizar lo siguiente:
- Dialogar y comunicar: esto implica conversaciones con los mercados y oferentes, para determinar las oportunidades que se puedan identificar para lograr contrataciones públicas estratégicas, verdes, circulares o sostenibles, como se prefiera llamar.
- Repensar necesidades de las entidades contratantes: esto implica entre otras cosas, por ejemplo, incluir disposiciones en los pliegos o TDRs destinados a garantizar la durabilidad o reparación de bienes, uso de materiales reciclados, reacondicionamiento de equipos en vez de adquirir nuevos, entre otras.
Es necesario evitar que la atracción a una contratación pública circular o inclusión de disposiciones en ese sentido en los proyectos sean realizados de manera inapropiada, introduciendo aspectos que desincentiven el uso práctico de las mismas. La ingeniería legal es importante para que el uso de estas disposiciones sean efectivas y estratégicas.
De momento, ha faltado políticas concretas de contratación pública circular en nuestro país que motoricen una transición hacia una economía circular. Sin una debida comunicación entre ambos aspectos será más difícil y complejo lograr los objetivos de la estrategia nacional de desarrollo. El camino es largo. Estamos apenas entrando al vehículo para tomar la carretera. Pero de momento, el equipaje que necesitamos es energía, voluntad, perseverancia y simplemente arrancar. Poco a poco iremos recorriendo el camino.