Fue valiente y contó con amplia acogida el reciente discurso del presidente Danilo Medina en las Naciones Unidas, cuando denunció la inequidad de los términos de libre comercio que cada vez enriquecen más a las naciones más poderosas mientras aumentan la pobreza y amplían la brecha que las separa de los países en vías de desarrollo.
Esto así, en la medida en que nos imponen la observación de rígidas normas de obligado cumplimiento que rigen en una sola dirección y de las cuales se excluyen e incumplen sin el menor recato, en uso prepotente de su mayor poderío. El ejemplo esgrimido por nuestro mandatario al citar los cuantiosos subsidios que otorgan los Estados Unidos y la Unión Europea a sus respectivos productores agrícolas, rige para todas las demás actividades económicas y muestran a las claras la imposibilidad de competir en condiciones tan desleales y desventajosas.
De ahí, que también fuera recibida con beneplácito la oportuna decisión de nombrar una comisión de figuras calificadas para someter a estudio y revisión el tratado de libre comercio del DR-CAFTA. La entrada en vigencia del mismo dio un vuelco dramático a nuestro intercambio comercial con los Estados Unidos, que hasta ese momento arrojaba un moderado saldo positivo a nuestro favor y a partir de entonces ha inclinado la balanza en sentido contrario, con un déficit acumulado de varios miles de millones de dólares que va en aumento cada año y se nos torna cada vez más insostenible.
A la luz de estos antecedentes que muestran la necesidad imperiosa de proveer de mayores facilidades a los sectores productivos del país para poder competir en condiciones menos desventajosas, resulta contradictorio que en el proyecto de Presupuesto General del Estado para el próximo año, aprobado por el Consejo de Gobierno, se haya incluido un artículo donde se establece el cobro en Aduanas de un 50 por ciento del ITBIs a la importación de materias primas, maquinarias y bienes de capital que requiere nuestro sector industrial.
Esta inesperada propuesta constituye una grave traba a los esfuerzos que despliega la industria nacional por elevar sus niveles de competitividad, en tanto tratándose de un impuesto recuperable a largo plazo, constituye una carga financiera adicional en su estructura de costos, donde ya gravitan onerosamente otras partidas como los elevados precios de la electricidad, los combustibles y el transporte por citar algunas. En especial, su aplicación sería mayormente lesiva y pondría en riesgo la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas cuya capacidad de liquidez resulta muy limitada.
Esta disposición, contraria a lo expresado por el Presidente Medina en su discurso de las Naciones Unidas, disminuye aún más el muy reducido espacio de competencia de que dispone la industria nacional, afectando no solo la necesidad y posibilidad de ampliar nuestras exportaciones, sino también de poder enfrentar la presencia en el mercado nacional de productos importados que gozan el privilegio de entrar al país exentos del pago del ITBIs. Es como si estuviésemos legislando en perjuicio nuestro y a beneficio de intereses foráneos.
Tal como advierte el comunicado publicado en la prensa que encabeza la Asociación de Industrias de la República Dominicana y cuenta con el endoso de otras diversas asociaciones empresariales que resultarían afectadas, la aplicación de esta insólita medida impactaría negativamente la seguridad jurídica y el clima de inversiones, así como el mercado laboral al reducir la posibilidad de crear nuevos empleos. Por extensión, resultaría también perjudicial para el propio Estado al disminuir a la larga la captación de mayores ingresos fiscales y aumentar la presión social del desempleo.
Rectificar es de sabios. Y en este caso procede, en ejercicio de elemental sensatez, una saludable e inmediata eliminación de esta disposición que afectaría no solo al sector industrial sino que, a todas luces, resulta contraria al interés nacional. Toca al Presidente de la República, a quien está dirigida la apelación, tomar la decisión correcta.