Esperamos que ante las denuncias de fraude y evasión, el CNSS acelere las medidas y sanciones contra este abuso millonario, y que las autoridades correspondientes, apliquen la Ley sin contemplaciones, tanto a los chiquitos como a los grandes
La prensa se hizo eco de las declaraciones de la Licda. Kirsis Jáquez quien, a nombre de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), denunció que empleadores fantasmas realizan regularmente operaciones ilegales que constituyen un fraude de dimensiones millonarias en contra del Sistema Dominicano de Seguridad Social y sus afiliados. Estas empresas reportan “nóminas falseadas que a marzo de este año eran un 35.5 por ciento de los trabajadores cotizantes”. Señaló que de acuerdo con el boletín de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), “más de 498 mil trabajadores, en ese mes, recibieron aportes a sus cuentas en base a salarios cotizados inferiores al salario mínimo”.
Como una reacción inmediata a una situación tan lesiva, el presidente del CONEP Rafael Blanco Canto, reconoció la veracidad de la denuncia, señalando que hay empresas que eluden la Seguridad Social “al reportar cotizaciones con salarios muy inferiores a los mínimos establecidos, afectando la sostenibilidad de la Seguridad Social”. Y fue más lejos al resaltar que existen “empresas virtuales” dedicadas a afiliar a personas simulando bajos salarios para luego recibir todos los beneficios del Seguro Familiar de Salud (SFS).
Hace alrededor de un año un abogado con el típico perfil de “un pica pleitos” me dijo, sin conocer mi vinculación con el SDSS, que había creado empresas ficticias para registrar a familiares y amigos, generalmente con problemas de salud, declarando salarios irrisorios. De esta manera lograban acceder a importantes centros médicos para demandar costosas intervenciones de salud y unos meses después darles de baja. Algunas de estas prácticas se realizan debido a la ausencia del Régimen Contributivo Subsidiado, es decir, a la exclusión de los profesionales independientes y de los trabajadores por cuenta propia.
Pero también es importante señalar que existen empresas medianas y hasta grandes, que realizan declaraciones fraudulentas a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), las cuales son del conocimiento de las autoridades del Sistema.
En todos los sistemas de seguridad social que conozco existen prácticas tipificadas como evasión y elusión y otras modalidades. Pero, la diferencia reside en la capacidad de las autoridades para identificarlas, y sobre todo, para actuar con energía y contundencia a fin de conjurarlas. En los Estados Unidos anualmente se someten a la justicia a cientos de médicos y odontólogos inescrupulosos, incluyendo algunos criollos. En Centroamérica ha ocurrido lo mismo en Costa Rica y Guatemala, entre otros.
El riesgo de evasión y elusión tiende a crecer con la tendencia de grandes corporaciones a subcontratar compañías para ejecutar servicios básicos que requieren de mucha fuerza de trabajo con baja calificación. Es lo que los expertos denominan la “tercerización” de las operaciones, con el objetivo de reducir prestaciones, incluyendo la protección social. Aunque este aspecto fue previsto en la Ley 87-01, tengo que reconocer que en la misma debimos haberle dado mayores poderes a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) para enfrentar estas situaciones.
Resulta alentador el anuncio de que el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) está preparando una resolución para establecer un nivel de ingreso mínimo de cotización al SDSS, así como otras medidas encaminadas a reducir los abusos y las violaciones a la Ley 87-01, en interés de proteger el necesario equilibrio financiero del Sistema. Aplaudimos esa iniciativa, pero urgimos su pronta resolución, y muy especialmente, su aplicación rigurosa y por igual, tanto a los chiquitos como a los grandes, y a los empleadores virtuales, como a los reales.