Sostengo categóricamente que la República Dominicana como Estado y como pueblo, jamás ha llevado a cabo una política discriminatoria por causas raciales contra extranjeros de ninguna nacionalidad. Cualquier grado de discriminación que se pueda evidenciar, sería en igual medida contra nacionales y foráneos, como en cualquier país del mundo, sin negar la existencia de casos aislados.
El conflicto migratorio entre la República Dominicana y Haití es un asunto histórico, que se remonta a los tiempos cercanos al nacimiento mismo de ambas repúblicas y no puede verse como sucesos del momento, aunque la gran cantidad de medios, periodistas y ONGs pagadas, siempre lo mantendrán en los mentideros actuales para preservar sus fuentes de ingresos.
Pero avanzando en el tiempo y llegando a los inicios de la década de los años noventa del pasado siglo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha sido el principal frente de presión que los países y organismos internacionales defensores de la inmigración haitiana indocumentada a República Dominicana ha empleado, con el objetivo último de evitar que tal migración traspase las fronteras marítimas de la isla y llegue hasta sus territorios. La propia CIDH planteaba en el resumen ejecutivo de su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República Dominicana 2015, que desde entonces monitorea “las dificultades y obstáculos que enfrentan los hijos de migrantes haitianos nacidos en territorio dominicano para ser registrados y contar con la documentación que pruebe su nacionalidad dominicana, en aplicación del principio de jus soli”.
Y es que la CIDH, ha llegado al despropósito de exigir al Estado Dominicano, que obvie o cambie las disposiciones de nuestra Carta Magna; en otras palabras, que dejemos de ejercer nuestra soberanía nacional en cuanto al sistema de adquisición de la nacionalidad dominicana que implanta nuestra constitución, específicamente cuando exceptúa de poder adquirirla, a los hijos de extranjeros en tránsito, a los de padres diplomáticos acreditados en el país, y los hijos de residentes indocumentados o en situación migratoria irregular.
En un artículo del 8 de mayo de 2017, quien escribe, se refería al informe correspondiente al 2016 dado a conocer por la CIDH, en el que sosteníamos lo siguiente: “…y es que sólo no ve quien no quiere ver, que este informe es parte del guión de la obra que se ha concebido hace mucho tiempo por gran parte de la Comunidad Internacional y ONGs que reciben recursos cuantiosos para, a través de mecanismos de presión, lograr que la depauperada masa humana que sale de Haití en busca de vida, se quede en la República Dominicana…”
Pues bien, en la actualidad, continúa el guión de la obra, y lo peor de todo es que no advertimos una participación tajante y decidida del Gobierno Dominicano en el melodrama de ahora. ¿Cuál es el propósito de una llamada mesa de trabajo para evaluar los avances en la solución a la crisis – según ellos, causada por la desnacionalización de hijos de inmigrantes ordenada por un tribunal dominicano, y que afecta a miles de descendientes de haitianos – ¿Porqué tiene que ceder el Estado Dominicano a que venga este organismo a fiscalizar y enmendarnos la plana en nuestra política migratoria? ¿En torno a qué urdimbre, por cuáles presiones tan grandes el Gobierno trae a nuestro propio territorio, a este organismo hostil al Estado Dominicano?
La actitud del vocero y director de comunicaciones de la Presidencia, justamente a días de la aciaga reunión en el país, llamando “naZionalistas xenófobos” a quienes él indica que conducen al odio y atentan contra las instituciones y la convivencia democrática; no es más que una manera de mostrar sumisión, buscando la simpatía de los participantes en la futura reunión de trabajo, que constituye una flagrante violación al principio de no intervención entre las naciones consagrado por el Derecho Internacional Público, que establece la no injerencia en los asuntos internos de los países y la autodeterminación de estos.
El Pueblo Dominicano se mantendrá atento a las intenciones infundiosas y malintencionadas de la CIDH en la denominada mesa de trabajo que se celebrará en nuestro país, lo que de por sí ya es una inobservancia a nuestro ordenamiento jurídico y al Derecho Internacional; y de manera principal, estaremos vigilantes de la actitud del Gobierno, del cual esperamos que deje de lado la inacción y la postura timorata hacia el problema migratorio que nos acogota.