Hace pocos días se llevó a cabo en Berlín, Alemania, la segunda ronda de consultas a los Estados parte para la implementación del Tratado Mundial de Comercio de Armas (TCA), el que entra en vigor este 24 de diciembre, donde también estuvo la sociedad civil especializada en el tema.
Al encuentro acudieron la mayoría de los Estados signatarios y que han ratificado, representados por delegados del más alto nivel. Las consultas giraban en torno a asuntos vitales para la efectividad de la implementación, tales como: posibles fechas de realización de la Primera Conferencia de Estados Parte, estructura y financiamiento de la secretaría, su sede, reglas de participación en los debates y mecanismos de toma de decisiones, tipo de participación de la sociedad civil, rendición de cuentas, entre otros.
Uno de los puntos más polémicos es el que tiene que ver con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la industria, como establece el texto del instrumento, porque dentro de estas organizaciones también figuran las del lobby pro-armas. No obstante, asumiéndose un enfoque democrático no pudiera impedírseles su participación, y menos a la industria, quienes deben a su vez comprometerse al 100% con las disposiciones del TCA. Lo que queda por definir es qué tipo de presencia y cuáles organizaciones.
La intervención activa del país en los asuntos relacionados a la regulación del comercio de armas, en la arena que fuera, no admite mayores retrasos
Aun el trascendental hecho histórico de haberse aprobado un tratado mundial de esta naturaleza, los principales países productores continúan renuentes a la hora de asumir ciertos compromisos. Estados Unidos no lo ha ratificado, ni piensa hacerlo, como tampoco lo han siquiera firmado Rusia, China e Irán, más bien oponiéndose. Esto, evidentemente, va a tener un impacto en la eficacia de los controles.
En el caso de la República Dominicana, Estado parte y además no cualquier importador a nivel de la región, su vinculación al proceso ha sido bastante débil. En ésta, como en las anteriores reuniones de consulta, el Estado dominicano solo se limitó a enviar a sus respectivos representantes sin posición oficial alguna, como si no la tuviese o no le interesase darla a conocer.
El TCA ya forma parte del derecho interno, siendo su aplicación por los órganos competentes imperativa. Una respuesta enérgica es de esperarse: sancionar la normativa adecuada para lograr su vigencia efectiva (la ley de control de armas, por ejemplo, la que tiene años engavetada en el Congreso), identificar punto focal nacional, definir procedimiento para envío de reportes periódicos, precisar niveles de relacionamiento con ONG’s especializadas, en fin, asumir el control de armas como una prioridad de política pública.
Mucho se viene hablando de los intentos por una “nueva diplomacia dominicana”, una que dignifique el servicio exterior, a veces tan obsoleto y vergonzoso. Pues ésta es una gran oportunidad para demostrar la capacidad técnica y política que tanta falta nos ha hecho a la hora de defender posiciones en el seno de los foros internacionales. La intervención activa del país en los asuntos relacionados a la regulación del comercio de armas, en la arena que fuera, no admite mayores retrasos. Las estadísticas de muertes violentas lo exigen, como también la permeable frontera.