La sociedad en la que vivimos demanda un estado que garantice a la población un escenario saneado para el libre desenvolvimiento de las actividades cotidianas y extraordinarias que suceden en el territorio; los gobiernos locales son los principales responsables de velar por el espacio de uso común tal y como lo señala la Ley 176-07 (Del Distrito Nacional y los municipios) en su artículo 1, el cual dice: "a los fines de obtener como resultado mejorar la calidad de vida, preservando… la protección de los espacios de dominio público."

La ciudad como el lugar de encuentro y convivencia entre los habitantes de una determinada demarcación, se encuentra expuesta a las demandas y necesidades de sus munícipes. Por lo tanto la ciudad, como un ente en constante transformación, requiere que sean desarrollados cambios a nivel físico, institucional e impositivo; estos cambios deben contar con la participación mancomunada de los tomadores de decisiones y la ciudadanía organizada a fin de obtener el mejor resultado.

Todos los planes y proyectos a desarrollar por las municipalidades deben ser presentados en una primera fase a toda la comunidad a través de los mecanismos estipulados en la Ley 176-07. De esta manera se puede enriquecer el contenido de los proyectos, se involucra a los munícipes en la construcción de ciudad y el gobierno local genera credibilidad a través de estos mecanismos de transparencia.

Ante la ola de denuncias, reclamaciones y controversias suscitadas durante los últimos meses con intervenciones o disposiciones que inciden en el territorio de manera directa, el Ayuntamiento del Distrito Nacional debe recurrir a mecanismos que eleven la confianza de los munícipes en las acciones que promueven.

Ante la declaración del presente año como "Año de la transparencia y el fortalecimiento institucional", los tomadores de decisiones municipales del ayuntamiento capitalino deben orientar sus esfuerzos a construir ciudad junto a los ciudadanos. No es posible gobernar sin el concurso y la participación de los diferentes sectores organizados de la sociedad, los cuales pueden generar nuevas estrategias, diferentes a las planteadas, para el beneficio de todos.

Esto no justifica la realización de acciones divorciadas de la legalidad en contra del gobierno local, ya que el mismo fue empoderado por la mayoría de la población para que conduzca el timón del Distrito Nacional durante los próximos seis años.

La participación de toda la sociedad civil, los grupos organizados, la academia, el empresariado, los profesionales y los expertos en las problemáticas urbanas junto a la capacidad instalada en el gobierno municipal aseguran el éxito de las iniciativas que se produzcan, con el único motivo de consolidar una ciudad por rumbos de progreso e institucionalidad.