Cada estructura social dimana su propia fisonomía  de Estado. La dinámica social lo va configurando, como expresión  de la materialidad: Economía, Política, Cultura e Ideología. El Estado, no es más, entonces, que esas relaciones de fuerzas, esas relaciones de poder que se constituye en todo el entramado de la vida social. La sociedad políticamente organizada tiene la necesidad de la estructura que corresponda  en cada instante de la historia.

Lo que ocurre es que las relaciones  de  poder  se solapan en distintas  redes, que  se jalonan en la misma construcción  de la praxis social. La  esencia  de  esa dinámica  de relaciones de la vida social, viene determinada  en gran medida por las formas sociales  de producción, que dibujan y desdibujan  a lo largo y ancho  de todo el tejido social, el horizonte  real  de la construcción del poder. Todo el entramado, en tanto que  estructura, es un conjunto de elementos interrelacionados y orientados  a un fin, no es más, en  nuestro caso como sociedad, hegemonizar un discurso que aborda  y trascienda, al mismo tiempo la fuerza (poder coercitivo: Ejército, Policía) y recursos (los impuestos). Mientras más dominante  es el discurso  a través  de la educación y la comunicación, merced al poder sobre las ideas, más fluida es la dominación y la perversión y el envilecimiento  de los actores dominantes; no solo de los poderes  fácticos, sino  de los inquilinos del Poder Ejecutivo.

Esa red, ese conjunto de acciones, de decisiones, de los grupos e individuos que convergen en un determinado  territorio; actúan en función  de su propia naturaleza, de sus propios intereses. Es rol del Estado desmadejar las redes, caracterizándolas por el marco normativo que los convoca a todos, como catalizador de todo un cuerpo, que encuentra su  respuesta real, más allá de los individuos, por la institucionalidad.

La Estructura Social como forma de organización de la vida social, es la externalidad al individuo; empero, al mismo tiempo, creación y recreación en su construcción social. La organización  de la vida social tiene que ser una viabilización del modo como la sociedad va reproduciéndose en su vida material; cómo cambian las distintas maneras y modos como los sujetos sociales reproducen su existencia.

En Dominicana, la economía ha cambiado dramáticamente. De una economía agroexportadora, de postre (azúcar, café, tabaco y cacao); hemos pasado  a  una economía enteramente de SERVICIOS. Una economía muy diversificada en los últimos 30 años, que ha creado riqueza y que sin embargo, está sustentada en la exclusión y en mano de obra extensiva, no basada en el Talento Humano, en el conocimiento; por lo que, como modelo, se encuentra en agotamiento y al mismo tiempo, con poco ritmo de innovación y competitividad.

Aun con los avances de la economía, en sus distintas formas de producción; el Estado nuestro, permanece anclado, como un Estado hipertrofiado, un Estado macrocefálico; que no juega su rol activo de facilitador de las condiciones  generales  de la producción y de regulador de los distintos actores que confluyen en la sociedad, en las distintas relaciones de fuerzas, de las relaciones de poder. Esto genera un atomismo social, que se refleja en la poca institucionalidad, en las reglas del juego para todos.

Pareciera que quienes han dirigido el Estado en los últimos  años, sin un “acuerdo previo” han construido “zonas” de autonomía, para el desarrollo de una fuerte burguesía burocrática, a partir de la acumulación originaria de capital (Corrupción: abuso de poder, tráfico de influencia, prevaricación, soborno, cohecho, concusión, lavado, narcotráfico, nepotismo, padrinazgo, captura del Estado). En ese “contrato no escrito”, los demás poderes fácticos no se sienten sensibilizados, a menos que toquen determinados intereses de unas de las fracciones. Se fragua un péndulo de un dar y un recibir, donde la estructura social, no responde armónicamente al crecimiento de la economía y con ella del Estado mismo.

Lo legal y la legitimidad, elementos cardinales en un Estado democrático, no confluyen permanentemente. Vale decir, el proceso de asignación de poder en las instituciones, que  es la base  de la política, es violado sistemáticamente por parte de quienes deben ser los llamados a cumplirlos y perseguir a los infractores, no importando las jerarquías. Las reglas del juego, el alter ego de la institucionalidad, no prevalece; encontrándonos con actores, con individuos que se encuentran por encima de la Estructura Social y en consecuencia  del mismo poder constituido, que  se supone que  deberían  de cumplir, el día que  se juramentaron  para  dirigir.

Como podemos ver, las relaciones de poder están siendo obviadas por parte de aquellos que están llamados a velar por ellas (Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo); produciendo la desarmonía entre la construcción del poder de una sociedad como la nuestra y la estructura social. El espacio de las normas, de las legislaciones vigentes, de la institucionalidad (predictibilidad de las decisiones de los actores), quedan trastocadas en las relaciones del poder, entre los distintos actores sociales y políticos de la sociedad dominicana.

Tres casos paradigmáticos en los últimos tiempos bosquejan esta enorme asimetría  del vacío institucional y en consecuencia de la anomia social que nos envuelve; de la disfasia entre la construcción del poder y la estructura social. El caso Sun Land, donde el Expresidente de la Suprema reconoció que el tratamiento dado no fue jurídico; violando la base jurídica que lo acompañaba y que era lo único que tenía que hacer de acuerdo a lo que es la institucionalidad.

El segundo caso, corresponde al ejercicio fiscal del 2012. El Informe de la Cámara de Cuentas revela que no tenemos un Estado, que esto no es un país. Señalan que hay millones y millones gastados que no tienen soporte. La Cámara de Cuentas, que debe auditar y analizar y el Congreso que  debe fiscalizar y controlar,  están transgrediendo las leyes constitucionales, que le deben dar razón de ser y de existir. El problema ya no es si entre el 2008 y 2011 hubo un déficit promedio de RD$54,000 millones y que  en el 2012 fue según el Banco Central de RD$153,000 millones y para el Fondo Monetario de RD$168,000 millones. El problema es si  estaba autorizado para ello y dónde están los soportes que avalan esa monstruosidad.

El tercero, Yeni Berenice nos dice a nosotros que no existen leyes para tipificar las “indelicadezas” del expediente de FUNGLODE. Para los manipuladores y tergiversadores, instrumentos  directos del poder  estatal, el punto no es si FUNGLODE  es excelente y juega un rol estelar en la educación dominicana, si ya pertenece a la UNESCO, si el Embajador tal habló primores de ella. Ese no es el punto. Lo nodal es la querella y las leyes que se violaron consignados en la Constitución (Artículos 146 y 169); el Código Penal  (Artículos: 166, 167, 174, 175, 176). La Ley de Función Pública (Art. 80, numeral 1 y 2). La Ley 122 – 05, de Organizaciones sin Fines  de lucro.

Como vemos, no existe un Estado de Derecho donde las leyes, las reglas del juego sea iguales para todos; donde la construcción del poder se forje en la institucionalidad; en el imperio  de la ley; por lo que a esas relaciones de fuerzas, a esas relaciones de poder, urge crear un verdadero contrapoder que comienza por la JUSTICIA, POR LA VERDAD; más allá del JUICIO  DE LA HISTORIA, DEL JUICIO MORAL; dejando atrás esta perfidia que nos ahoga y nos abate en una tremenda atonía social.