El notable dirigente y pensador político italiano Antonio Gramsci propuso una distinción esencial entre dos dimensiones de la política, a saber:
"La gran política comprende las cuestiones conexas con la fundación del nuevo Estado con la lucha por la destrucción, la defensa, la conservación de determinadas estructuras orgánicas-económico-sociales. La pequeña política, las cuestiones parciales y cotidianas que se plantear al interior de una estructura ya establecida para la lucha por la preeminencia entre las distintas fracciones de una misma clase política".
Siguiendo a Gramsci, las asociaciones podrían ser: Gran política, destrucción, conservación o fundación de estructuras; Pequeña política, lucha de fracciones al interior de una misma estructura que permanece estable, inamovible.
Uno de los rasgos interesantes de los nuevos procesos socio-políticos latinoamericanos ha sido superar el estrecho margen que hasta ahora representaba la lucha electoral. Al pasar de la lucha entre candidaturas a la lucha por modelos de país, es decir, dimensiones de la definición política que dependen más de estructuras que de quién ejerce el poder ejecutivo, el nuevo escenario ha pasado a ser más de "gran" que de "pequeña política".
De ahí el papel determinante que ha tenido en varios países la aparición de nuevos textos constitucionales y/o su reforma radical. Tal es el caso reciente de Ecuador.
En casos como el de Ecuador hoy ¿Se disputa un mayor o menor papel del Presidente? ¿Se trata de la posibilidad cierta o no de concentración peligrosa de poderes?
Al verificar la Constitución vigente de 2008 y las reformas presentadas a consulta popular salta a la vista la novedad jurídico-política del momento: Al estarse discutiendo la efectiva conformación del Consejo de la Judicatura o al plantearse la incompatibilidad de intereses compartidos en la banca financiera y los medios de comunicación, así como la sanción por igual al enriquecimiento ilícito público que al privado, más bien parecen estarse definiendo en Ecuador nuevos esquemas de contrapoderes. El peso de la limitación a "excesos" o contradicciones con el espíritu constituyente recae ahora en nuevas instituciones y reglas del juego que escapan, por mucho, a la mera voluntad del Presidente o a la tradicional distribución republicana de funciones.
Michael Foucault explicó en su tiempo que "el poder siempre está ahí., no está nunca fuera ni hay márgenes" y permanentemente se transmuta en estrategias y relaciones de dominación. Negarse a revisar la Constitución sería negarse a verificar que en la práctica, la soberanía de jure en manos de la ciudadanía y el modelo de desarrollo formalmente declarado lidia con la tendencia de los poderes tradicionalmente establecidos a recomponerse en realidades de facto.
Para Bodino, uno de sus precursores la separación de funciones en el Estado, ésta no puede implicar la división de su poder. Sin unidad en el poder, el Estado deja de existir.
El Estado democrático latinoamericano se venía pareciendo cada vez más a aquella idea de supermercado que denunciaba Saramago: un mundo en el que los ciudadanos son "soberanos" pero en el cual Coca Cola tiene más poder de decisión que todos los millones de ciudadanos juntos.
Procesos constituyentes como el de Ecuador han ido directamente a la reestructuración no sólo de un modelo de desarrollo, sino de las relaciones de poder que son su esencia. Mientras mantiene y fomenta la separación de funciones, replantea la unificación del poder, o más bien balancear en las normas no sólo el poder del Presidente, sino el conjunto de los poderes legítimos e ilegítimos, constituidos en la sociedad.
Ante esto, la inquietud más bien sería: ¿Cabe otra posibilidad para hacer la "gran política? ¿Tiene mucha gracia cambiar de Constitución si no es para hablar, en serio, de refundación, de nuevas reglas del juego y de nuevos jugadores?