Los hechos noticiosos que se suceden a diario en República Dominicana son tan variados y repentinos que no dan tiempo para asimilar el que se produce en un momento determinado cuando de pronto aparece otro de mayor impacto desplazando el primero.
La acción cometida en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, conocido también como José Francisco Peña Gómez, fue tipificado de varias formas por tratarse de la principal puerta de entrada aérea al país.
Conspiración, sabotaje, vandalismo, cortocircuito o roedores hambrientos, fueron las variadas consideraciones que se emitieron ante lo extraño del corte de los cables de energía eléctrica que alimentan las luces de las pistas de aterrizaje, en un lugar donde –es de suponer- la vigilancia de los organismos de seguridad es cien por ciento inviolable.
La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, valiéndose de los informes preliminares recibidos en su despacho, fue quien aseguró en menos de 24 horas que el corte de los cables eléctricos había sido un vandalismo, mientras las autoridades de seguridad aeroportuaria hablaban de un “incendio” (cortocircuito) en dichos cables, lo que provocó el cierre de operaciones aéreas por espacio de varias horas.
La opinión de la vicepresidenta fue emitida en el momento que ejercía como presidente interina ante la ausencia del país del presidente Luis Abinader, quien participaba en Ecuador en la toma de posesión del nuevo presidente Guillermo Lasso.
En la medida en que los hechos entraban en la creencia de ser un atentado conspirativo contra el gobierno de Abinader, los altos mandos militares del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac), para despejar dudas, rechazaron todo vínculo y movilizaron los organismos investigativos para localizar a civiles como responsables del hecho.
Ante la presión de la opinión pública y los reclamos de la sociedad civil en saber qué fue lo que pasó en realidad en el aeropuerto, la autoridad competente en estos casos emprendió una búsqueda tenaz contra merodeadores sospechosos que pudieran haber violado los perímetros restringidos para cometer el delito.
En dos semanas de intensa investigación, las autoridades oficiales anunciaron tener bajo arresto a Ángel Álvarez, un joven de 20 años recogedor de alambres (cobre) y otros metales para vender y resolver con el dinero ganado su alimentación y otras necesidades económicas.
Si realmente este joven cometió el delito, acompañado o no, para los fines meramente comercial como hasta ahora se le acusa, entonces el CESAC, debe explicar en qué se han invertido los millones de pesos en modernidad y equipos de seguridad sofisticada para resguardar el aeropuerto más importante del país.
Si se quieren ocultar otras posibles causas que motivaron el hecho, que no solo se castigue con prisión a este mozalbete que logró burlar la hermética y sensible seguridad aeroportuaria, sino que también se sancione ejemplarmente a los miembros del Cesac que permitieron negligentemente se cometiera ese acto vandálico sin ser detectado.
Este hecho provocó que la Administración Federal de Aviación (FAA), de los Estados Unidos, coloque en observación al país para posibles sanciones por falta de seguridad a la aviación civil y comercial, vandalismo que entorpece además las negociaciones de nuevos permisos de rutas aérea que se gestionan hacia Europa, Asia, Medio Oriente y Latinoamérica.
Luego de esto, y desviando la atención de la ciudadania sobre este caso, se descubre un espeluznante plan criminal develado antes de su ejecución por las autoridades en la que se buscaba realizar un atentado contra la vida de un coronel asignado al Ministerio Público y contra la magistrada Yeni Berenice Reynoso, punta de lanza investigativa del Pepca contra los involucrados en la Operación Coral.
Según investigaciones preliminares, la versión de que la figura principal imputada como sospechosa de planificar este entramado plan criminal se señala al coronel retirado del Ejercito Pedro Julio Goico Guerrero (Pepe Goico), quien fuera jefe de la avanzada militar y asistente personal del ahora ex presidente Hipólito Mejía, quien gobernara el país entre 2000 y 2004.
Pepe Goico fue acusado de supuestamente cometer un desfalco y estafa de más de 90 millones de pesos contra la Lotería Nacional en 1997 denunciado por el administrador de entonces Francisco Javier García. Sin embargo fue descargado del expediente judicial acusatorio en 2004 por falta de pruebas.
En 2002, fue suspendido de sus funciones como jefe de seguridad de Hipólito Mejía, tras ser vinculado en otro desfalco de más de 400 millones de pesos contra el Banco Intercontinental (Baninter).
Ahora se destapa otro caso de corrupción en la Autoridad Portuaria Dominicana, que estuvo bajo la dirección de Víctor Gómez Casanova, en el gobierno de Danilo Medina, por lo que él, al igual que el expresidente Medina, por todos los casos de corrupción denunciados bajo su administración, podrían ser citados para ser investigados por el Ministerio Público.
Mejía, es un hombre de gran influencia dentro del gobierno de Luis Abinader; defensor confeso de que los expresidentes no deben ser perseguidos judicialmente sin importar que estos estén involucrados en actos reñidos a la Ley en el ejercicio de sus funciones, contradiciendo con ello la política contra la impunidad del presidente Abinader y del MP.
Mientras tanto, seguimos esperando a distancia cuál será el nuevo escándalo social, político o judicial que nos mantendrá pendiente al televisor o la pantalla del ordenador, como si se trataran de capítulos en serie de películas de suspenso y terror