A principios de año el Banco Mundial presentó el informe "Cuando la Prosperidad no es Compartida", un estudio que destaca los vínculos débiles entre el crecimiento económico y los niveles de equidad en la República Dominicana. El informe señala en sus conclusiones que a pesar del crecimiento económico sostenido durante la última década "en el país aún subsisten grandes inequidades en la sociedad dominicana"; en términos globales, mientras el PIB per cápita creció en casi un 50% del año 2000 al 2011 (Banco Mundial 2014), el porcentaje de pobreza multidimensional a nivel nacional registró pocas variaciones positivas [28.3% (2002), 43.0% (2004), 35.8% (2007), 32.5% (2011)] (MEPyD 2012).
Este crecimiento señalado tampoco ha contribuido en reducir los niveles de desigualdad territorial; basta con analizar una serie de indicadores desagregados hasta el nivel provincial como el porcentaje de pobreza multidimensional, el índice de pobreza extrema, el índice de desarrollo humano, el ingreso per cápita y el acceso a los servicios públicos para entender las diferencias actuales entre los territorios que componen la nación.
La definición de “equidad” utilizada en el informe plantea que “los ciudadanos deben tener igualdad de acceso a las oportunidades, ser capaces de vivir con dignidad y tener autonomía y voz para participar plenamente en sus comunidades, así como decidir sobre sus planes de vida que ellos mismos valoren”.
Históricamente la planificación del desarrollo ha incidido en el proceso de desigualdad territorial, concentrando recursos y oportunidades en los principales centros urbanos, “se notan disparidades considerables entre las provincias, resultado de los procesos de desarrollo, y de una enorme concentración del poder” (Attali 2010).
Por lo tanto, al mismo tiempo que existe un proceso de desigualdad a nivel nacional, el fenómeno se replica a lo interno de las estructuras metropolitanas ya que la concentración de oportunidades genera un proceso de atracción de poblaciones hacia la ciudad asentándose en una serie de barrios, “ghettos” o “favelas” con una maleta cargada de pobreza en busca de mejorar sus condiciones de vida.
La localización espacial de necesidades insatisfechas a lo interno de las ciudades debe ser tomando en cuenta por los tomadores de decisiones, con el objetivo de analizar y proporcionar soluciones a estos desafíos, ya que estos emplazamientos se comportan como una “olla de presión”, propenso a explotar por medio de estallidos sociales. El propio informe del Banco Mundial destaca que la pobreza en el país se ha vuelto cada vez más urbana, evidenciando que la desigualdad territorial nacional tiene sus consecuencias y repercusiones en el nivel urbano.