Atrás ha quedado el grito de “revolución” como instigador de la redención política. Ese eslogan ha sido reemplazado hoy día por la vaga promesa del “cambio”, incluyendo en los Estados Unidos. Aunque esa palabra enciende esperanzas, su significado no siempre se aclara y subyace atrapado en la nebulosa del discurso político. Pero ya que aquí lo pregona el principal partido opositor, conviene proponer un inicio de la gestión que mande una señal estremecedora de seriedad, de que el propósito del próximo gobierno no es ir al poder a lucrarse.
El PRM ha puesto a circular los “Lineamientos Generales del Programa de Gobierno del Cambio”. Se presume que sus 191 páginas son solo una parte de su Plan de Gobierno, el cual deberá también contener medidas concretas para su aplicación. Sin ese complemento los Lineamientos serian vacíos enunciados de las funciones de las entidades del estado y podrían acabar en el zafacón del olvido. Para que sus propósitos se perciban como serios, entonces, un gobierno del PRM (o de cualquier otro partido) deberá adoptar por decreto, en el inicio de su gestión, una docena de medidas de transparencia, de eliminación de hirientes privilegios y canonjías y de redención de los pobres. Sin ellas no tendríamos cambio sino la desgracia de “más de lo mismo”.
1.Ministerio Publico independiente. – Ya el PRM ha prometido que el Procurador General de la Republica a ser nombrado no habrá pertenecido a ningún partido, conviene que sea escogido de una terna presentada por Participación Ciudadana, FINJUS y la Asociacion para el Desarrollo de Santiago (APEDI). Mientras la independencia del Ministerio Publico no haya sido consagrada por modificación constitucional, deberán nombrarse fiscales igualmente independientes en el Distrito Nacional y en Santiago.
2.Cámara de Cuentas independiente. – Durante la transición se le pedirá a ANJE, FINJUS y Participación Ciudadana que, de común acuerdo, escojan nuevos jueces para la entidad, a ser nombrados con el nuevo gabinete. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental se traspasará a la Cámara de Cuentas y la PEPCA desaparecería por innecesaria.
3.Aplicación rigurosa de la Ley de Regulación Salarial. – Se adecuará la ley para que absolutamente nadie cobre un salario por encima del asignado al presidente de la Republica, incluyendo las entidades autónomas y descentralizadas. Ningún funcionario tampoco disfrutará de otros privilegios como son: dietas por pertenecer a consejos de administración de entidades oficiales, los asistentes personales, las tarjetas de crédito ilimitadas y las asignaciones de combustibles.
4.Prohibición de las yipetas y vehículos de lujo. – Con la excelente red vial de que disponemos, las yipetas deben desterrarse para siempre y los vehículos asignados a funcionarios deberán ser modestos y tener por lo menos dos años de modelo y no pasar de cuatro cilindros. Pocos funcionarios podrán tener un vehículo adicional de escolta.
5.Saneamiento de la nómina del MIREX. – Debe acabarse de una vez por todas los nombramientos complacientes de partidarios del Gobierno en cargos “diplomáticos” innecesarios y superfluos y ningún funcionario nombrado en el exterior podrá permanecer en el país. Esa odiosa y lacerante práctica debe cortarse de una vez por todas, nombrando solo el personal estrictamente necesario en los consulados, embajadas y legaciones. En algunos lugares se optará por cónsules honorarios para abaratar los costos.
6.Consejos de administración de las entidades públicas. – Ningún consejo, incluyendo la Junta Monetaria y el del Banreservas, podrá tener más de tres miembros del sector privado y estos cobrarán un emolumento modesto por sesión celebrada, sin disfrutar de ningún otro privilegio. Se eliminarán todos los consejos de la CDEEE, incluyendo los de las EDES. Solo se podrán nombrar periodistas o comunicadores de manera honorifica en los consejos.
7.Entidades y personal superfluos del Estado. – De los 325 organismos del Estado Dominicano, deberán eliminarse los 57 que la diputada Faride Raful identificó como superfluos, aunque su defenestración se haga en los dos primeros años del periodo de gobierno. Durante la transición, se deberá elaborar un plan para traspasar una tercera parte de los 700,000 servidores públicos (incluyendo los 15,000 informantes del DNI) a tareas alternativas necesarias, tales como son planes de reforestación y limpieza de las cuencas hidrográficas.
8.Privilegios de congresistas. – Todos los congresistas dependerán únicamente de sus salarios para solventar todas sus necesidades. Se concederá solo una exoneración de vehículo por periodo (la cual no podrá ser vendida), y se eliminaran los llamados “barrilitos” y “cofresitos” (traspasando sus labores de prestaciones sociales a las dependencias estatales autorizadas) y cualquier otra asignación que no sea la del doble sueldo navideño. Los legisladores deben enfocar su labor en la fiscalización del gasto público y la elaboración de leyes, no en el proselitismo clientelista.
9.Atención primaria. – En la transición se preparará un anteproyecto de presupuesto complementario para asignar los recursos necesarios –sustrayéndolo de las canonjías y privilegios—para dejar iniciada la aplicación de la estrategia de atención primaria en salud y para, en el presupuesto del 2021, iniciar la asignación de un 4% del PIB al sector salud. (Según Oxfam, el gasto social es de solo 8.1% y tiene tendencia a bajar, cuando el promedio de America Latina es de 11.2%).
10.Eliminación total de la indigencia. – El gobierno alega que solo un 3.9% de la población califica como indigente, pero la CEPAL la estimó en un 5% en el 2018. El Plan Social de la Presidencia y los Comedores Económicos deberán identificar y localizar este segmento de la población y elevar su atención a la máxima prioridad. En el próximo cuatrenio deberá erradicarse el hambre por completo y avanzar sustancialmente contra la subalimentación de la niñez.
11.Reajuste del salario mínimo. – Porque en los últimos 20 años la capacidad de compra de los salarios ha disminuido un 25%, por decreto deberá ordenarse al Comité Nacional de Salarios establecer tarifas de salario mínimo que equivalgan por lo menos al 80% de la canasta básica definida por el Banco Central. Igualmente, se deberá adoptar una nueva y moderna metodología para fijar los salarios mínimos, como tiene pendiente ese Comité.
12.Muertes extrajudiciales. – Con casi 5,000 muertes en los nefastos “intercambios de disparos” desde el 1997, siendo la mayoría de las victimas jóvenes pobres entre 18 y 30 años de edad, se establecerá una unidad especializada adscrita a la PGR para investigar los casos junto a la Unidad de Asuntos Internos de la PN y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Estas contundentes medidas dejarían bien sentada la seriedad de un próximo gobierno. Pero serian solo el inicio de los enormes desafíos que enfrentarán las nuevas autoridades, entre los cuales sobresale el Pacto Fiscal. Sus resultados dirán si pasaremos de ser un país “oriundo de la noche” a un país abanderado con la luz de los derechos y la justicia social.