Seis mil setecientos millones de pesos: Ese es aproximadamente el precio en que nos sale algo tan inútil como el Congreso Nacional. Un despilfarro que es absurdo: los legisladores hacen lo que no tienen que hacer y no hacen lo que tienen que hacer. Un despilfarro que es una tragedia: una gran parte de esos fondos hacen falta a la educación, a la salud y a la seguridad ciudadana. Un despilfarro, en fin, al que debe ponérsele coto.
La función del Congreso es legislar. Para eso se les asigna este dineral. Sin embargo, los legisladores hacen, en demasiadas ocasiones, todo, salvo lo que tienen que hacer, bien sea por cinismo o por ignorancia.
Por cinismo se inventaron el barrilito y el cofrecito; por cinismo se regalan mochilas: para ganar capital político o capital, pura y simplemente.
Por ignorancia se pierde el tiempo creando leyes y resoluciones que incumben a otros actores del estado. Por ejemplo, los homenajes con calles, carreteras y avenidas. Una gran cantidad de iniciativas buscan honrar con los nombres de estas vías. Honrar honra, ciertamente. Pero me parece que los legisladores se arrogan competencias que no les pertenecen. Entiendo que estas acciones deben estar a cargo del poder municipal, que bastaría una resolución de las respectivas salas capitulares.
La ignorancia de muchos legisladores se pone de manifiesto en sus iniciativas. Pagamos miles de millones de pesos a unos legisladores que apenas si conocen la ley. Basta con dar una ojeada a la página web de la Cámara de Diputados para encontrar disparates como estos:
–Proyecto de ley que prohíbe el estacionamiento en la Avenida George Washington, en ambos sentidos, en el tramo comprendido entre la Avenida Alma Mater y el Puente Flotante, en horario de lunes a viernes de 6:00 A.M. a 9:00 A.M. y de 5:00 P.M. a 8:00 P.M., y sábados de 6:00 A.M. a 9:00 A.M.
– Proyecto de ley que declara la Z-101 como emisora matriz de la Red Oficial de Orientación Ciudadana, órgano oficial para la divulgación de la gestión de la Defensa Civil de la República Dominicana y del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).
-Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, impartir instrucciones para que la provincia La Altagracia sea declarada provincia digital.
La cantidad de proyectos de ley redundantes, banales o improcedentes es enorme. En total, se cuentan más de seis mil iniciativas. Es que los legisladores quieren justificar sus amplios salarios. Pero ya lo dijo Cicerón: “Mientras más leyes, menos justicia”.
Lo que no hacen los legisladores es precisamente aquello para lo que les pagamos: ser un contrapeso real del Poder Ejecutivo (en lugar de ser un simple “sello gomígrafo”); interpelarlo cuántas veces sea necesario (sobre el caso Odebrecht, por ejemplo); Ponderar concienzudamente la pertinencia de contratar nuevos préstamos (en lugar de aprobarlos sin leerlos). En fin, la lista es larga.
Una manera de minimizar este despilfarro es la implementación de un sistema legislativo unicameral. Países como Guatemala, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Perú y Honduras lo tienen, por solo citar países latinoamericanos.
Sin dudas nos tildarán de iluso, de soñador. Pero por seis mil setecientos millones de pesos, soñar es lo menos que pueden concedernos.