La oposición política está en modo venganza con el gobierno en el tema de la deuda pública. Hoy critica todas las operaciones de crédito público sin hacer mucho esfuerzo: un buen porcentaje del contenido de las notas se encuentra en las que escribió la oposición a partir de que el gobierno volvió a emitir bonos soberanos y colocar localmente títulos en mercado primario que empezaron a devorar las AFP, entidades financieras y puestos de bolsa.

A este episodio de Ley del Talión se le ha puesto su sazón caribeño: la entrega de un trofeo como campeón de la deuda al partido de gobierno, algo parecido al conejo Bugs riéndose de las orejas de Platero; la revelación de que “antes el endeudamiento era por gusto y ahora por necesidad”; y una discusión sin sentido sobre la responsabilidad por administración de préstamos contratados por este gobierno, “los tomados para pagos de amortización son tuyos, no míos”.

Con el horno en esa temperatura ahora llega una operación en que las acciones de Venezuela en REFIDOMSA pasan a manos del gobierno utilizando un intermediario, donde hay canje de bonos soberanos vencidos por acciones y una venta simultánea con la que nace una nueva empresa 100% de capital estatal.  Es la nueva versión de “El Oro es Nuestro” con que hace décadas se celebró la adquisición de una mina de oro por el Estado y, al mismo tiempo, el capítulo moderno de operaciones financieras con el gobierno de Venezuela. Ayer fue la recompra de la deuda pagarés de PetroCaribe y hoy la compra de acciones en la Refinería.

La compra de deuda con PetroCaribe estuvo precedida de rumores y especulaciones sin fundamento que llegaron a los medios de comunicación.  En esa época era asesor de la Dirección General de Crédito Público y no entendía tanto aspaviento. La pregunta que nunca faltaba cuando se recibía a banqueros de inversión era si el gobierno dominicano estaba interesado en hacer la recompra de esa deuda concesionaria a un país que tenía serios problemas de caja. Y la respuesta era que de mostrar interés el gobierno venezolano en recibir el valor de mercado de pagarés de largo plazo y tasas menores al 2%, la oficina daría su opinión favorable. Ese interés surgió a finales del 2014 y, efectivamente, se iniciaron los contactos de gobierno a gobierno para acordar la transacción.

A tres semanas de llegar al acuerdo expliqué los motivos de la transacción y los términos aproximados a que se haría la recompra. No era nada complicado. Bastaba con explicar cuál sería el precio con descuento de los pagarés de PetroCaribe que igualaría el rendimiento al que un inversionista aspiraría para un nuevo bono soberano de República Dominicana. Y, por supuesto, bastante cerca estuvieron las estimaciones de una operación que, fiel aquello de que nadie es profeta en su tierra, fue crucificada localmente por economistas de la oposición mientras era alabada por analistas foráneos de los mercados de capitales.

La actual operación de canje de deuda por acciones es más compleja que la de PetroCaribe. A diferencia de esa no estuvo precedida de rumores, pero van a compartir un paredón similar de críticas. ¿La razón? Haber convertido la deuda en cabeza de turco y blanco de todas las críticas, desde que se emitieron los primeros soberanos abrieron los mercados de capitales.

Y los dardos empezaron a llegar desde Venezuela por un detalle de la nota que advertí podía traer malas interpretaciones: el dato de que ahora se compró a un precio menor al de hace diez años. Los dos son precios de mercado para todas las acciones, hoy es menor por la misma situación financiera de Venezuela que explica la nota y que afecta el valor de la empresa para ambos accionistas.  Allá toman esos valores fuera de contexto y acusan ahora a las autoridades venezolanas de vender al mítico “precio de vaca muerta”.  Nada que ver.

El ministro de Hacienda ha explicado que la operación se realizó conforme a los estándares de transparencia de los mercados de capitales. Le creo. No tengo todos los detalles de la transacción, pero es una osadía pensar que las partes se han puesto de acuerdo para violar regulaciones y obtener privilegios. ¡Enhorabuena!, aunque no me agrada que más activos y actividades pasen al control estatal, pero ese es otro tema.