Durante el período 1996-2000, el Dr. Leonel Fernández ejerció su primer mandato constitucional, el actual Procurador de la República, el Dr. Francisco Domínguez Brito, era el Fiscal del Distrito Nacional. Dadas las quejas, maltratos, y violaciones de todo género que sucedían con los detenidos -incluyendo muertes- en los destacamentos policiales, Domínguez Brito -inspirado en su buena fe para frenar los abusos policiales- decidió asignar un fiscal a cada destacamento, bajo el supuesto de que esa medida eliminaría las violaciones a los derechos humanos en contra de los ciudadanos apresados.

Para ese entonces prevalecían las extorsiones, los sobornos y los chantajes utilizados por los uniformados con los prevenidos. Esa práctica pasó al control de los nuevos fiscales asignados a los destacamentos policiales. Momentáneamente, “se detuvo” dicho esquema de abusos por la presencia de estos “extraños” investidos de mayor autoridad legal, además de ser cuadros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).  Esto provocó que los policías optaron por  “negociar” con los delincuentes, antes de llevarlos al cuartel.

Fue a partir de esa fecha -1996-2000- que el crimen creció sin control y los uniformados comenzaron a asociarse con los atracadores, ladrones, traficantes y demás ciudadanos fuera de la ley, alegando que no se expondrían a morir combatiendo la delincuencia, mientras los fiscales en oficinas con aire, interfirieran en sus transacciones.  A su vez éstos fueron aprendiendo hacer el negocio para su propio beneficio, dejando fuera a los agentes del orden. Y, la siguiente fase –en que ambas autoridades se confabularon- consistió en “trabajar y cobrar juntos”. Trabajar juntos implica compartir y “llevar” más arriba parte de lo obtenido, para asegurarse la protección de los superiores así como la impunidad en la justicia.

El caso DICAN es consecuencia de este proceso degenerativo, donde abundan las leyes que sancionan lo ilegal, pero escasea el material humano que lo prevenga y mucho menos que lo sancione. Lamentablemente, los que así actúan debilitan la institución hasta que la “sepultan”.