Cumplido el trámite formal de su última rendición de cuentas por parte del Presidente de la República ante la Asamblea Nacional y después de la masiva concentración que culminó una semana de reiterada y acrecentada protesta por la suspensión de las elecciones municipales del pasado 17 de febrero, ya a menos de dos semanas de las reprogramadas para el domingo 15 de marzo, el país entrará en la vorágine de la interrumpida campaña para la escogencia de las autoridades municipales.
Como garantía de ellas y de que los frustrados votantes recuperen la confianza de que las mismas se van a celebrar dentro de un marco justo y de transparencia que sea reflejo de la voluntad del electorado, antes de su celebración resulta de importancia satisfacer la demanda generalizada de dos aspectos fundamentales.
El principal consiste en el resultado de las esperadas investigaciones que permitan establecer con la mas absoluta fidelidad las causas reales que provocaron el colapso del sistema de voto automático y obligaron a la abrupta interrupción de un proceso que ya estaba en marcha, y las responsabilidades derivadas de las mismas. Para ello, tanto la oposición como el gobierno han convenido en depositar su confianza en la labor de los técnicos de la OEA y UNIORE.
Y en segundo término, aunque de relativa importancia, la demanda de un pacto nacional entre los líderes de los partidos participantes en la contienda, asumiendo de manera formal ante la nación y la comunidad internacional, bajo cuya mira está colocada ahora mismo la confiabilidad de nuestro sistema político de gobierno, el compromiso de contribuir a la celebración de unos comicios ejemplares.
Para esto último se resiente, sin embargo, la falta de un interlocutor que con suficiente aval de respaldo público sirva de concertador entre las diferentes fuerzas en disputa por el poder, después del vacío dejado por el retiro de monseñor Agripino Núñez Collado al cabo de su prolongada y eficaz intervención como mediador en los diferentes momentos de crisis registrados tan a menudo en nuestro turbulento quehacer político.
Ya en cuenta regresiva y pese a los insistentes reclamos por formalizar ese acuerdo, no se visualiza todavía la posibilidad de que tal pueda alcanzarse, al menos en el nivel municipal.
Al margen de que pueda lograrse, no obstante, lo que realmente cuenta y haría innecesario suscribir un acuerdo, siempre susceptibles de ser violados, es que los partidos políticos se vean obligados a atenerse a las reglas de juego limpio cumpliendo con las normas que garanticen unas elecciones limpias y creíbles, tantas veces desconocidas por ellos, de las cuales cada ciudadano consciente debe convertirse también en activo y celoso guardián, comenzando por esa nueva generación que ha dejado sentir su voz de inconformidad para que sus justos reclamos no caigan en el vacío.