Recientemente asistimos a la Sexagésima Asamblea General Ordinaria de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Magistrados (FLAM) y del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), a lo cual fui invitada, en nuestra condición de Presidenta de Jueces Dominicanos para la democracia (JUDEMO), por la Asociación de Magistrados Brasileños (AMB).

En el importante cónclave de asociaciones de jueces de Iberoamérica, llevado a cabo en Recife, Brasil, asistieron los delegados de 20 países, constituyendo ésta la primera vez que República Dominicana tiene participación en una actividad de esta naturaleza, lo cual fue celebrado con júbilo por todos los allí presentes.

Confieso que a pesar de la alegría que nos embargaba al ver nuestra bandera ondear en aquél evento, y que también ya lo está en la página web de la FLAM, sentíamos cierta vergüenza cuando muchos jueces de Iberoamérica nos cuestionaban por nuestra ausencia como país en esos importante organismos internacionales. Se asombraban cuando les decíamos que hace apenas un mes que los jueces dominicanos nos organizamos en una asociación.

Pero aunque nuestro ingreso a esos organismos internacionales haya sido con 34 años de retraso nuestra participación ha dejado sus frutos. Allí se puso en conocimiento a la FLAM y a la UIM de la situación del poder judicial de los distintos países, pues todas las asociaciones miembros expusimos sobre la situación de independencia judicial concerniente a cada país,  y algunos de ellos merecieron especial consideración, produciéndose la denominada Declaración de Recife, que también firmó la República Dominicana, de la mano de JUDEMO, y que tiene por objeto preservar la independencia judicial.

Así, en dicha declaración, la FLAM se pronuncia sobre diversos aspectos que recogen muchas de las preocupaciones que los diversos delegados externaran. En atención a ello se declara que la actuación de la Justicia en forma neutral e Independiente, lejos de ser una prerrogativa de los jueces, es condición imprescindible para el aseguramiento de los derechos de los ciudadanos, que solo así sabrán que ante el desconocimiento de sus derechos pueden pedir por ellos a la Justicia, aún cuando su reclamo se dirija contra el propio Estado, sus funcionarios o sectores de poder.

La Declaración de Recife también considera que es imperativo del principio de independencia judicial que los Magistrados y Jueces trabajen libres de cualquier presión o apariencia de presión tanto de fuentes externas como internas. Por ello ponderó que los traslados de sede sin consentimiento de sus titulares resultan una afectación de la inamovilidad que es incompatible con los principios que aseguran la independencia judicial.

Así mismo se decreta que la inamovilidad de los magistrados, la intangibilidad salarial, y sobre todo la seguridad para jueces de todos los ramos para garantizar su vida e integridad física son elementos esenciales para el correcto funcionamiento de la Justicia. La FLAM censuraria cualquier intento de violentar dichos principios, provengan de cualquier organismo público o privado. !Enhorabuena! ! Arriba la República Dominicana!