Es cierto que la tendencia  en el mundo democrático y de derecho es hacia permitir de la manera más amplia posible la libertad de expresión, la cual constituye un preciado bien de la civilización, no obstante la expresión continúa  en los medios de comunicación de masas debe estar necesariamente sometida a ciertas reglas y orden profesional.

En nuestro país ha  surgido una amplia cosecha de comentaristas de hechos y noticias sobre todo del ámbito político los cuales generalmente no ostentan la condición de profesionales de la comunicación social;aunque,  hay que admitirlo, muchos de estos opinantes tienen condiciones culturales y manejo de la palabra, sobre todo oral, para expresar ideas como lo hacen.

Hasta ahí todo es entendible. Sin embargo los periodistas profesionales particularmente los que pertenecen al Colegio Dominicano de Periodistas están regidos por un Código de Ética del periodista Dominicano. Este Código enuncia ciertas conductas como negativas y violatorias de la ética periodística. Se refiere el Código que un periodista no debe chantajear, extorsionar, ocultar informaciones, difamar, inmiscuirse en la vida privada de otras personas a través de los medios, entre otras observaciones. Estas malas conductas son sancionadas en el plano moral cuando son cometidas por un profesional del periodismo.

Cuando estos actos son cometidos por un comunicador que en muchos casos es abogado, agrónomo, psicólogo o ingeniero no hay jurisdicción sobre sus actos en el plano disciplinario y todos los que escuchamos radio y sintonizamos de vez en cuando la TV sabemos que en estos medios hay personas cuyo lenguaje y conducta no los hacen meritorios de detentar el poder que otorga un medio de difusión masiva.

No veo mal que a las personas no tituladas en periodismo se les permita expresar sus ideas y comentarios por los medios de comunicación y hasta explotar esta actividad de manera comercial y diríamos profesional, pero lo que si urge es que alguien les ponga orden. Cundo la mala conducta constituye un tipo penal los tribunales hacen su trabajo pero cuando son asuntos sancionados por la moral, entonces, sus autores  quedan como el chivo sin ley.