El pasado 30 de julio se conmemoró el Día Mundial de lucha contra la Trata de Personas en un hermoso acto realizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores por el Gobierno dominicano y la Coalición de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas. En ese momento se celebró el ascenso del país en el ranking del Departamento de Estados Unidos sobre el Reporte TIP sobre trata de personas, pero también se advirtió a las autoridades presentes de la necesidad de adoptar medidas prácticas para minimizar tanto la prevalencia delictiva como el sufrimiento de las víctimas de este trágico crimen.
Durante el evento el Gobierno dominicano se comprometió a adoptar dos medidas importantes: hacer todos los esfuerzos posibles para aprobar la nueva ley contra la trata de personas y buscar, en el presupuesto público, recursos para combatirla. Al hacerlo, el gobierno se alinea con el deseo de la sociedad de vivir en paz y seguridad. La sociedad civil se llena de esperanza al escuchar tales compromisos y está disponible para brindar el apoyo técnico necesario para llevar a cabo tales iniciativas.
En mi discurso, en nombre de las 18 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema, destaqué las razones por las que pudimos salir de la incómoda situación en la que nos encontrábamos. Vamos a ellos:
- Hubo mayores esfuerzos para investigar a autoridades cómplices en casos de tratados. Hace unos meses, la Procuraduría General de la República anunció su intención de realizar investigaciones internas que involucren a funcionarios públicos. Esta es una medida fundamental para el buen funcionamiento del Ministerio Público, y la sociedad civil los felicita por ello. Pero para asegurar la sostenibilidad de estos procesos de cumplimiento es necesario fortalecer la inspección del Ministerio Público, así como las estructuras de control de otras instituciones públicas a cargo de las investigaciones penales, como la Policía Nacional.
- Se prohibió el matrimonio infantil. A principios de 2021 se aprobó la Ley 1-21, que prohíbe el matrimonio infantil en República Dominicana. Esta medida fue un paso histórico en nuestro país, que por un lado tiene el potencial de impactar la vida de miles de jóvenes dominicanos y, por otro lado, ha demostrado que es posible una colaboración activa entre el gobierno y la sociedad civil, lo que movilizó las redes sociales en el momento de las discusiones legislativas, creando así un entorno propicio para que se tome la mejor decisión al final del proceso. Desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos, esta es una de las medidas más importantes a nivel nacional y regional.
Sin embargo, advertimos a las autoridades de la necesidad de tomar una posición firme contra las uniones tempranas, es decir, los matrimonios informales que causan daños similares o incluso peores en la vida de sus víctimas. En este sentido, la educación es clave. Tenemos que educar a nuestros jóvenes para que puedan identificar, desde el principio, posibles amenazas y denunciarlas a las autoridades. Pero también sería necesaria la educación de los integrantes de la justicia pública para que manejen situaciones complejas.
- Se ofreció albergue y socorro migratorio a venezolanos vulnerables a la trata. Otro punto mencionado en el informe fue la provisión de refugios para las víctimas venezolanas. Existe una carencia crónica de estos servicios para las víctimas, y organizar la recepción y el tratamiento inicial de estas personas fue un gran logro para el país. Pero aún tenemos mucho que ver con la infraestructura para proteger a las víctimas, quienes carecen tanto de lugares donde puedan recibir el primer tratamiento psicoterapéutico, como de un verdadero programa de restauración personal que les permita seguir con sus vidas, felicidad y productividad. Desafortunadamente, no existe un programa como este en las organizaciones públicas dominicanas.
En cuanto a las recomendaciones del informe, los principales puntos sobre los que debemos actuar son:
- El gobierno no reportó si víctimas de trata identificadas recibieron servicios.
En este punto, queremos resaltar dos aspectos, la falta de información sobre los servicios que deberían haberse brindado a las víctimas y la falta de información sobre las víctimas. Y esto tiene dos causas probables: no se ofrecieron servicios o no hay información sobre dichos servicios. Y pueden ser ambos.
En cuanto a la falta de servicios, debemos avanzar hacia la dotación de una red pública de hogares, apoyada por una red de la sociedad civil. Estamos muy esperanzados con las recientes iniciativas del gobierno para establecer un albergue para víctimas de trata de personas en Santo Domingo. Tal medida es justa y necesaria, pero debemos pensar de manera más integral y trabajar para que todas estas personas puedan ser recibidas y tratadas adecuadamente en estos centros de atención especial.
La sociedad civil está dispuesta a colaborar con la planificación de esta red de hogares, y lo único que nos falta es la iniciativa de las autoridades para que podamos llevar a cabo esta importante medida.
En cuanto a la falta de información sobre las víctimas, a veces no es fácil ubicar a una de ellas y entender cómo va su proceso de recuperación. Y para resolver esta situación, es necesario invertir en sistemas que permitan un seguimiento real caso por caso, para brindar la atención y el cuidado necesarios en tiempo real. Todos los movimientos de una sobreviviente de trata de personas deben ser monitoreados y evaluados, y esto solo es posible con la creación de un sistema dedicado a la red de atención y protección involucrando, por ejemplo, CONANI, Ministerio de la Mujer, Policía Nacional, Ministerio Público, la red privada de hogares de paso, entre otros.
- Los servicios para víctimas permanecen siendo inadecuados y no hay albergues para las víctimas.
Lo cierto es que tenemos que avanzar en la ampliación, estructuración y modernización de la red de hogares existente. Deben ser lugares físicamente idóneos con personal de salud y de atención psicológica, además de trabajadores sociales capacitados y conscientes de la necesidad de aplicar los conceptos de cuidado informado del trauma a todas y a cada una de las víctimas del sistema.
Se necesita desarrollar un programa público de restauración psicoterapéutica para las y los sobrevivientes, ya que atraviesan un trauma profundo y necesitan ayuda especializada para poder tener una vida laboral y familiar activa y saludable.
- El gobierno no modificó la ley de trata de personas.
Como sabemos, República Dominicana tiene un marco legal contra la trata de personas. Esta es la ley 137-03 que establece conductas delictivas y sanciones para los tratantes de personas. Esta ley ya no es adecuada para el contexto dominicano actual y debe actualizarse. Desde 2019 la sociedad civil viene colaborando en la elaboración de un borrador de un nuevo texto legal, bajo la coordinación de UNODC. Durante las mesas de trabajo participaron todas las instituciones públicas involucradas, entre ellas el Ministerio Público, Policía Nacional, Politur y muchas otras.
El caso es que desde hace más de un año tenemos listo el borrador, que se encuentra ahora mismo en MIREX, esperando por una última revisión por el Ministerio Público. El documento fue discutido entre todas las partes y creemos que ha llegado el momento de remitir el proyecto de ley desde el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para discutir los términos y el alcance de la nueva ley, que tiene el potencial de dotar al Sistema de Justicia de herramientas más adecuadas para combatir la trata de personas. Además, el nuevo texto legal aborda el financiamiento de la lucha contra el crimen, que es una de las principales debilidades verificadas por la sociedad civil. Necesitamos dotar a las agencias públicas de recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos capaces de hacer frente a las bandas que durante mucho tiempo se han beneficiado del sufrimiento de tantas mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Lo que el país necesita ahora es un compromiso real, palpable y cuantificable. Solo así podremos mejorar la situación de un país que lamentablemente convive con situaciones de explotación ostensible, en colmados, car wash, night clubs, playas y esquinas de nuestras ciudades. Tenemos que adoptar medidas prácticas para transformar la realidad del país y las víctimas. Hay muchas formas de hacer esto y el gobierno se ha esforzado en muchos frentes para lograr tal transformación. Pero una de ellas, quizás la más simples (no la más sencilla) es dotar de recursos a las instituciones públicas para que puedan realizar el trabajo. Y esta es una decisión puramente política, aunque somos conscientes de los desafíos que enfrenta el país y el mundo en tiempos de pandemia global. Hagamos un esfuerzo presupuestario para garantizar, a partir de ahora, los medios necesarios para un combate criminal efectivo.
Felicitaciones al Gobierno dominicano por sus esfuerzos para avanzar en este tema. Felicitaciones a la comunidad diplomática, especialmente a aquellos países que apoyan permanentemente a la República Dominicana. Felicitaciones al Sistema de las Naciones Unidas, que ha estado contribuyendo incansablemente con sus recursos y talentos a la construcción de un mundo mejor. Y felicitaciones a la sociedad civil dominicana, conformada por organizaciones de distintos orígenes y tamaños, pero con una voluntad inquebrantable de seguir ayudando al país, hacia un crecimiento justo, igualitario que proteja a los estratos sociales que viven en la pobreza.
Esperamos ansiosos que los compromisos asumidos se lleven a cabo urgentemente, ya que en el momento en lo que usted lee este texto, miles de dominicanas y dominicanos están siendo explotados, y rescatar a esas personas es una responsabilidad y debe ser una prioridad para el Gobierno de nuestro país.
*José Monteiro es director de Misión Internacional de Justicia en República Dominicana y coordinador general de la Coalición de ONGs contra la Trata de Personas.