Es un paso positivo y envía una buena señal el hecho de que sectores empresariales hayan ratificado el acuerdo de coordinar esfuerzos con el gobierno a fin de tratar de cumplir las metas propuestas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que inciden de manera adversa en el cambio climático.
El acuerdo conocido como “Declaratoria de Compromiso para la Articulación Empresarial a la Acción Climática en la República Dominicana incluye un mecanismo de monitoreo, reporte y verificación de las emisiones nocivas así como incrementar los esfuerzos encaminados a lograr la sostenibilidad de los procesos industriales y empresariales para contribuir a la preservación de la calidad del medio ambiente, dentro del marco del Acuerdo de París.
Si bien hoy existe una mucho más desarrollada conciencia sobre la importancia de adoptar medidas para reducir al mínimo posible los efectos negativos del cambio climático, donde la República Dominicana figura en el ranking de los diez países más vulnerables al mismo, todavía es mucho el trecho que nos resta por andar para alcanzar los niveles mínimos de previsión que requerimos frente a tal eventualidad.
Sin que ello signifique restarle importancia, son otros los elementos de mayor preocupación que absorben el interés público. La seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia, la corrupción y la impunidad, el costo de la vida, los bajos salarios, la falta de empleo sobre todo entre los jóvenes, la Seguridad Social, la salud pública, la educación y las tensiones generadas por la campaña política son temas dominantes en la agenda nacional. Resulta comprensible en tanto corresponden a nuestra realidad más inmediata, en tanto el cambio climático se visualiza a un futuro todavía distante.
Sin embargo no podemos bajar la guardia en ese sentido. Y dentro de ese marco de inquietudes urgentes, es conveniente el hecho de que se asuman compromisos a mediano y largo plazo sobre una situación que se prevé como inexorable, de la cual ya estamos recibiendo señales y que en su momento tocará con fuerza a nuestras puertas.
Es una realidad para lo cual debemos estar debidamente preparados en tanto en ello pudiera quedar en riesgo la vida misma y la posibilidad, que ya avizoró el historiador Frank Moya Pons, hace casi medio siglo al advertir que la isla Hispaniola pudiera quedar convertida en el primer desierto antillano. Esto así sobre todo si tomamos en cuenta el penoso estado de depredación territorial y ambiental del vecino Haití.
En el caso específico del sector empresarial todavía hay mucho trecho por recorrer y tarea pendiente de realizar. Baste señalar como ejemplo las industrias, talleres y negocios que operan en las riberas del Isabela y el Ozama y que desoyendo y violando los reiterados plazos dictados por las autoridades ambientales, siguen evadiendo la obligación de instalar plantas de tratamiento y arrojando sus vertidos y desechos contaminantes a las aguas de ambos ríos.
Otras, en cambio, han asumido con previsora responsabilidad el compromiso de cumplir las metas de protección del medio ambiente. Al hacerlo así están sirviendo de ejemplo, lo cual no excluye el deber de las autoridades de exigirlo por parte de las que se mantienen de espaldas a ese compromiso, y de persistir en tan negativa actitud, aplicar las sanciones que sean de lugar.