El tema se ha mantenido en actualidad desde que Arismendi Díaz Santana, el reconocido especialista dominicano con proyección internacional en Seguridad Social y el ex vicepresidente Rafael Albuquerque, con los más amplios conocimientos sobre la materia, en forma independiente pero de manera casi coincidente, llamaron la atención sobre el irrisorio monto de las pensiones que recibirían los trabajadores al momento de acogerse al retiro, estimado entre un 22 y un máximo de un 28 por ciento del salario por un término no mayor de ocho años.
Evidente que un trabajador que al momento de retirarse reciba apenas entre una cuarta y una quinta parte del salario quedaría condenado a lidiar con la más absoluta necesidad en los años postreros de su vida, convertida en indigencia extrema desde el momento que no recibiera un solo centavo de pensión al término del plazo fatal de ocho años. Esto así, sobre todo, en el caso de los obreros dotados de menor destreza laboral que durante toda su existencia productiva percibieron el salario mínimo o muy allegado a este.
Con pleno conocimiento de causa dado que fue en su momento el principal arquitecto del sistema, Díaz Santana advierte que bajo el actual esquema no es posible mejorar esa situación. Y con criterio objetivo y realista sostiene que para remediarla sería preciso llevar la edad del retiro de 60 a 65 años y aumentar al menos en dos puntos porcentuales los aportes al sistema.
Aspectos adicionales, entre otros, serían la necesidad de darle cobertura a los casi tres millones de personas que comprenden el sector informal y que todavía se mantienen al margen del sistema, cuya fórmula de asimilación aun no se ha definido. De igual reajustar de manera significativa las elevadas comisiones que perciben la aseguradoras de pensiones bien entendido que este sola disposición no sería un factor de significativa incidencia en el aumento de la pensión, como erradamente pudiera pensarse.
Las razones para los cambios propuestos son de un peso contundente, en tanto se fundamentan en cuidadosos estudios actuariales. Por un lado, cuando se proyectó el sistema se tomó como base de cálculo la expectativa de vida de entonces, muy distinta al presente donde los espectaculares avances de la ciencia médica han logrado tanto alargar el tiempo como mejorar la calidad de la misma. Por otro, que el actual régimen de cotización es a todas luces insuficiente.
De mantenerse ambos factores sin cambio, el colapso financiero sería inevitable. Es un serio problema que ahora mismo están confrontando los sistemas de seguridad social en todos los países donde existen, imponiendo obligados reajustes, en algunos casos con muy traumáticas consecuencias, como ha ocurrido en Nicaragüa. Esta es la razón por la que el doctor Albuquerque ha recomendado al Ministro de Trabajo manejar el tema con extremada prudencia.
Las reacciones no se han dilatado como era de esperarse, de igual modo que las primeras manifestaciones de rechazo, principalmente a extender la edad de retiro, hayan surgido de las distintas organizaciones sindicales. Estas aseguran disponer de un plan que permitiría elevar las pensiones al ochenta por ciento.
La otra data de un par de días, cuando dirigentes de la Asociación Dominicana de Usuarios de la Seguridad Social, entregaron una propuesta de modificación de la ley al legislador Radhamés Cabrera, quien preside la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados. En ella también reclaman mantener en 60 años la edad de retiro pero se llega al extremo de proponer que los pensionados reciban el cien por ciento del salario percibido en sus últimos doce meses de trabajo.
Ahora bien, dado que todo sistema de seguridad social requiere de un estricto estudio actuarial para garantizar sus beneficios y sostenibilidad financiera, sería conveniente conocer sobre que bases técnicas se asientan las respectivas propuestas que comentamos.
Porque de lo que si podemos estar seguros es que para lograrlo no existen varitas mágicas.