La Ley General de Defensa de la Competencia No. 42-08 (la “Ley de Competencia”) se promulgó hace ya 8 años, el 16 de Enero de 2008.
A sus ocho años de promulgación, la Ley de Competencia sigue sin aplicarse. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PROCOMPETENCIA) es una institución mortinata. Nunca se ha designado el Director Ejecutivo de PROCOMPETENCIA. Desde hace ya varios años, existen tres consejeros cesantes que deben ser sustituidos. Ternas, legislaturas y gobiernos van y vienen. Y aún no se nombran a los funcionarios correspondientes
(Pero para habilitar una postulación presidencial consecutiva, la Constitución Dominicana se modificó en una semana…)
Mientras tanto, República Dominicana seguirá siendo aquel país donde los cárteles anuncian sus acuerdos de fijación de precios en los diarios
Todo esto ocurre ante la complicidad e indiferencia de los sectores políticos y económicos que buscan que PROCOMPETENCIA nunca funcione como debe.
La trama para inmovilizar a PROCOMPETENCIA es sencilla y perversa. Por un lado, se bloquea o se frustra todo intento de nombrar personas independientes, capacitadas o con voluntad de romper con los monopolios, cárteles y los oligopolios que dominan diversos mercados de bienes y servicios. Por otro lado, existió un intento furtivo de secuestrar al consejo de PROCOMPETENCIA, llenándolo de acólitos con dudosa capacidad – y en algunos casos, inhabilitados legalmente para desempeñar las funciones requeridas.
Pero la más siniestra estrategia del plan es convertir a PROCOMPETENCIA en un detestable elefante blanco. Es decir, dejar que pase el tiempo y sigan acumulándose los costos hundidos para que sean los mismos contribuyentes/consumidores que se harten de financiar a PROCOMPETENCIA – y exijan su desaparición.
Lo que se persigue es que los consumidores/contribuyentes se cansen de pagar la cuenta de un organismo técnico que está maniatado a causa de intereses políticos y económicos. Lo que la gente no ve, es la otra cuenta que pagamos: la pérdida irrecuperable de eficiencia (deadweight loss) que se desprende de los precios monopólicos.
Mientras tanto, República Dominicana seguirá siendo aquel país donde los cárteles anuncian sus acuerdos de fijación de precios en los diarios.