Amenazando con imponer altos aranceles a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos el presidente Donald Trump ha doblegado la voluntad política de presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien se ha visto obligado a colocar seis mil (6,000) soldados en la antes poco cuidada frontera del sur de México para impedir que guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses la crucen y organicen caravanas para pasar por México y llegar a su frontera norte, rumbo a Estados Unidos. AMLO también ha aumentado la presencia militar mexicana en esa frontera norte.
El resultado ha sido una drástica reducción en el número de indocumentados que llegan a Estados Unidos y por eso el presidente norteamericano ha felicitado públicamente al gobierno mexicano. En adición, Trump ha presionado a Jimmy Morales, presidente de Guatemala, para que esa nación sea la que otorgue asilo político a salvadoreños, hondureños y nicaragüenses cuando, viniendo desde el sur, lleguen a Guatemala y no sea Estados Unidos quien lo conceda cuando arriben a la frontera norteña. La sociedad civil guatemalteca ha llevado el asunto a su Corte constitucional bajo el argumento de que si Guatemala no cuenta con capacidad para solucionar el problema de sus propios emigrantes, menos capacidad tendría para albergar a inmigrantes de sus vecinos del sur. Trump también ha ordenado que no se otorgue asilo político a personas que previamente hubiesen pasado por otro país, léase México, lo que imposibilita ese otorgamiento a centroamericanos y a personas de terceros países que utilicen esa ruta.
Pero resulta ser que el camino Centroamérica Guatemala-México-Estados Unidos es también utilizado por miles de cubanos, haitianos y asiáticos, quienes al ver imposibilitada esa ruta buscarán otra, siendo el Canal de la Mona, que separa a Santo Domingo de Puerto Rico, la mejor alternativa a la cual llegarían por vuelos desde Panamá o vía Haití, o desde Europa y Cuba a Santo Domingo. Los centroamericanos también tratarían de utilizar esa ruta. Desde hace décadas cubanos, haitianos y asiáticos toman nuestras yolas en Miches y otros lugares de nuestra zona este y esos flujos aumentarían al cerrarse la ruta centroamericana. Desde Puerto Rico no es tan difícil viajar al continente norteamericano, aunque existe una discreta vigilancia en los aeropuertos.
Más gente tomando la yola en nuestra zona turística del este, Miches-Macao-Verón-Punta Cana implicaría allí más crimen, violencia e ilegalidad, lo que espantaría a unos turistas que ya casi no salen de los hoteles todo incluido.
Pero Trump también está amenazando con otras medidas que perjudicarían a los dominicanos. Acaba de revivir su proyecto que eliminaría viajar a residir legalmente en Estados Unidos, a través del programa de reunificación familiar, el cual utiliza el 80% de nuestra migración legal que viaja al norte para obtener las consiguientes “tarjetas verdes”. Trump quiere sustituir ese mecanismo por uno de méritos que reflejen el nivel de educación y destreza de los solicitantes.
Como si todo lo anterior no fuese poco, Trump ha ordenado a sus policías federales de migración capturar a indocumentados en ciudades como New York y Boston, donde más dominicanos indocumentados residen para que luego sean deportados. Por suerte las autoridades estatales, incluyendo la policía, rehúsan cooperar con los policías federales en ese asunto. Muchos dominicanos indocumentados ahora temen salir de sus apartamentos, lo que les dificulta trabajar para ganarse el sustento. Otros que sí están documentados ven menguarse las ventas de sus negocios, dada la menor presencia de clientes dominicanos indocumentados.
Trump tampoco ofrece solucionar el problema de los “millenials”, que incluye unos 85,000 dominicanos, quienes llegaron jóvenes a Estados Unidos.