Con frecuencia pienso que el país no puede retroceder más legitimando la corrupción y haciéndole la vida imposible a la población. Pero me equivoco. El sistema judicial parece estar más allá de toda lógica y de las leyes del espacio-tiempo. Acaba de decidir viajar en dirección contraria a la flecha del tiempo. De un plumazo declaró inconstitucional la Ley No. 550-14 que estableció el Código Penal, para resucitar después de cerca de siglo y medio la Ley No. 2274 del 20 de agosto de 1884. Esto a pesar que el código penal de 1844 fue modificado 51 veces y en su cuarto considerando, la Ley No. 550-14 explica que “el presente código constituye un componente más de las iniciativas legislativas que se han adoptado recientemente en el país para aportar soluciones a la justicia penal y mejorar su funcionamiento, legitimidad y credibilidad, a fin de fortalecer el Estado social y democrático de derecho”.
El nuevo código penal avanzó poco en la descriminalización del aborto, pero lo suficiente para que el Episcopado Católico Dominicano le declarara la guerra a la mujer, logrando el fallo positivo de los jueces un año más tarde. La motivación política de no desatar la ira del purpurado contra el PLD no puede ocultarse. El Tribunal Constitucional emitió su dictamen respondiendo a las acciones directas interpuestas por las fundaciones Justicia y Transparencia, Transparencia y Democracia y Matrimonio Feliz, contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la ley 550-14, que instituyó el nuevo Código Penal en la República Dominicana. Estas Fundaciones constituyen la nueva modalidad de activismo laico de la Iglesia, inspirada por el fundador del Opus Dei. Disimula su injerencia directa en lo que debe ser el contrapeso de los tres poderes del Estado.
Ni siquiera los estados musulmanes con leyes Sharia imponen este tipo de control del gobierno en los aposentos de las mujeres que impera en Republica Dominicana y en algunos de los estados católicos de America Latina, en Malta y en el Vaticano. La misma España, madre de la Inquisición más funesta y asesina, se liberó del yugo Vaticano para permitirle a la mujer decidir, dándole plazos para evitar embarazos no deseados que llevan a una maternidad forzada con consecuencias serias para la mujer, él o la recién nacida, y para el conjunto de la sociedad.
Ni siquiera los estados musulmanes con leyes Sharia imponen este tipo de control del gobierno en los aposentos de las mujeres que impera en Republica Dominicana y en algunos de los estados católicos de America Latina, en Malta y en el Vaticano
Al aceptar el recurso, el TC incurre en un área que no puede ser de su incumbencia. ¿Puede alguien explicar cómo puede un Tribunal Constitucional declarar inconstitucional una descriminalización cuando la Constitución no criminaliza? De hecho cambiaron el código penal que es una ley sin pasarla por el Congreso. ¿Cómo puede la Republica Dominicana decir que es un estado de derecho sin reconocer los derechos a la igualdad de género que la Constitución establece, y que la Republica Dominica ha ratificado en las convenciones de la Organización de las Naciones Unidas?
Peor aún, el Código Penal derogado fue un código que ni siquiera reconoció los derechos de la mujer. Solamente despenalizó el aborto terapéutico, y dejó para una futura ley especial la interrupción del aborto por causa de violación, incesto, o el originado en malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada. Es decir, que dejó a las víctimas de violación en la tortura que significa una maternidad forzada por cualquier degenerado que la viole; u obligarla a mantener un embarazo inviable cuyo resultado es el de prolongar su sufrimiento y el riesgo a su salud.
Lo que está en debate con esta actuación del Tribunal Constitucional, lo expuse en diciembre del año pasado cuando se debatía el proyecto de Ley. Constituye “el enfrentamiento de dos tipos opuestos de relaciones de poder al interior del conjunto de la sociedad: las correspondientes a un Estado Patrimonialista y a un Estado de Derecho. El primero es la versión moderna latinoamericana de una de las tipologías de dominación construida por Max Weber para describir relaciones de dominación en sociedades pre-capitalistas basadas en la tradición. Y el segundo corresponde al Estado Social y Democrático de Derecho, definido formalmente en la Constitución y basado en los derechos humanos individuales de cada persona, que no puede ser discriminada por razón de su género o de su orientación sexual”.
No es casual que sea la Iglesia Católica Romana sea el centro de resistencia a la configuración de un Estado de Derecho. La Iglesia está aliada al sector ultraconservador y a los corruptores políticos, que secuestran al Estado y la financian imponiendo el Concordato por encima de la Constitución. De facto convierten a la Republica Dominicana en un estado confesional católico; contrario a la Constitución.
Bajo la pantalla de “defensores de la vida” siguen las relaciones patriarcales de exclusión y deshumanización de la mujer y de apropiación de su cuerpo. El sistema de justicia necesita que el Presidente Medina intervenga con el proyecto original de Ley de descriminalización del aborto. Abogar por una cruda política natalista, como lo hace la Iglesia Romana y las Evangélicas que se les han unido, no crea una cultura que les permita a las mujeres alcanzar una vida de calidad.
La etiquetada “cultura de vida” es en realidad una “cultura de muerte”. No hacen nada por los recién nacidos con discapacidades físicas y mentales; ni les conmueven la tragedia y los traumas de niñas violadas; más bien las discriminan sacándolas de las escuelas y castigándolas doblemente por el crimen que no cometieron. En vez de facilitarles la píldora del día después, las obligan a contraer matrimonios a destiempo, a abandonar sus sueños de estudiar y “ser alguien” y someterlas a una vida de “amarguras” en la pobreza. Presidente Medina, usted puede someter un nuevo Código Penal Justo, que descriminalice el aborto según plazos. Haga justicia esta vez y lleve la sociedad al siglo XXI. La Iglesia no tiene poder, solo el que el Estado le facilita violando una constitución laicista.