Los principales problemas del sector educativo dominicano son ampliamente conocidos: la mayoría de los estudiantes reciben enseñanza pública, la cual se caracteriza por un bajo nivel de instrucción, horas efectivas de enseñanza muy bajas, escaso nivel de formación de los maestros, e instalaciones inadecuadas para la enseñanza. Dada nuestra realidad, las preguntas que nos concierne son si los ciudadanos, a través del financiamiento provisto al Estado, deben preocuparse por resolver estos problemas y cuál es la vía más efectiva de resolverlos. Este artículo intenta responder ambas preguntas desde la óptica de la ciencia económica.

Desde el punto de vista económico—específicamente, de las finanzas públicas—la intervención del Estado en el sistema educativo se justifica por la presencia de externalidades y el paternalismo estatal. Proveer un mínimo de escolaridad formal, conocimientos cívicos y formación en valores comúnmente aceptados contribuye a la cohesión social y al sostenimiento de una sociedad democrática moderna; es decir, la educación de tu hijo contribuye al bienestar de los demás (externalidad positiva) debido a que promueve una sociedad democrática estable. Sin embargo, el beneficio que adquiere la sociedad en conjunto de la educación de un individuo se reduce a medida que aumentan los años de escolaridad y especialización que recibe esta persona, ya que en una sociedad capitalista de mercado estos últimos son capaces de individualizar en mayor medida los beneficios otorgados por un mayor nivel de escolaridad. Por otro lado, el gobierno puede jugar un rol paternalístico en la educación de un niño, provisto que los padres sostengan una aptitud “irresponsable”. Al igual que en el caso de las externalidades, el rol paternal del Estado en la educación va perdiendo justificación según el individuo se desarrolla.

Ahora, una vez que los individuos han decidido a través de un proceso democrático establecer instituciones para proveer escolaridad formal, la pregunta en cuestión es cuál es la vía más efectiva, desde el punto de vista económico y de la libertad individual, de ofrecer educación  a niños y jóvenes dominicanos.

Cuando el gobierno decide incentivar una actividad puede hacerlo mediante un subsidio a la producción (oferta) o mediante un subsidio al consumo (demanda). En el sistema educativo dominicano, el Estado provee un subsidio de oferta: construye los centros y planteles escolares, provee de insumos, libros y material educativo a los estudiantes, y contrata la mano de obra en forma de pagos de sueldos a los maestros. Además, el Estado refuerza su rol paternal regulando y supervisando el contenido de la enseñanza de los estudiantes. Este mecanismo presenta serias ineficiencias, en comparación con el subsidio de demanda, ya que genera una serie de distorsiones e incentivos perversos en los agentes que interactúan en el sistema (funcionarios públicos, maestros, padres, y estudiantes), las cuales emergen como consecuencia de la eliminación del sistema de precios y del sistema de competencia.

En un sistema de subsidios directos de demanda, un programa de cupones, los padres recibirían un pago directo (cupón), de monto equivalente al costo de la educación del niño en la escuela pública, que podría ser canjeado por servicios educativos en centros públicos o privados determinados por el Estado. El empleo de cupones es la forma más indicada de mejorar la calidad del sistema educativo público dominicano debido al incremento del control y de la responsabilidad de los padres sobre la educación de los hijos, la creación de competencia en el sistema educativo, el fomento de la integración social y cultural, y la reducción de la burocracia estatal.

El nivel de control actual que ejerce el Estado Dominicano sobre el sistema educativo público ha resultado en un traspaso significativo de la responsabilidad de la educación de los padres hacia el gobierno. En nuestro país, los padres tienen muy poco poder de decisión sobre el contenido de la enseñanza que recibirá el niño y, más aún, poca incidencia sobre la calidad de la enseñanza y de los profesores de las escuelas públicas. Con un sistema de cupones, los padres inciden sobre la calidad de la educación de los hijos ya que pueden elegir el centro educativo de su preferencia. De no gustarles el centro educativo actual, los padres pueden optar por llevar a sus hijos a cualquier otra escuela pública o privada que provea mejores servicios y que estén más adecuados a sus requerimientos. Es decir, los padres podrían optar por centros educativos con enseñanza tradicional, vocacional, politécnicos, y con el enfoque religioso de su preferencia.

El establecimiento de un sistema de cupones incrementa la eficiencia y calidad del sistema educativo mediante el aumento de la competencia. La libertad de los padres de poder elegir el centro de enseñanza haría que las escuelas tengan que competir por atraer los alumnos, aumentando tanto la calidad del profesorado como del currículo de enseñanza. Más aún, los padres pueden hacer valer sus opiniones sobre el centro educativo ya que simplemente podrían “votar con los pies” retirando sus hijos de la institución, en caso que no estén satisfecho con el servicio. El aumento de la competencia en el sistema educativo también tendría como efecto el aumento de la oferta y la calidad, y la reducción de los costos de los servicios privados ya que estos centros querrían atraer las familias beneficiadas con el subsidio. De igual manera, los centros educativos públicos competirían por atraer a los mejores profesores aumentando su nivel promedio de salarios, provisto que los directores de escuelas tengan libertad de contratación y de negociaciones de sueldos a manera individual con los maestros. Finalmente, la necesidad de los centros públicos de competir tendría un impacto positivo y significativo en los métodos de enseñanza implementados y en el mantenimiento de la infraestructura de los planteles escolares.

Aumentar la competencia en el sistema educativo dominicano tiene efectos positivos en los niveles de integración de la sociedad. Con un sistema de cupones, los padres ya no están obligados a llevar a sus hijos a la escuela pública que corresponde a su localidad. Más aún, este sistema no restringe a los padres a que inscriban a sus hijos en centros que ofrezcan un servicio de monto equivalente al del cupón. Por ejemplo, una familia en Villa Consuelo podría inscribir a sus hijos en un centro privado en Gazcue o San Juan Bosco, utilizando el cupón más alguna diferencia que puedan pagar. Esto fomentaría la integración de los jóvenes de distintos estratos económicos de la sociedad. Debido a la focalización del subsidio, las familias beneficiadas de cupones con hijos muy talentosos podrían obtener con mayor facilidad recursos extras, a través de instituciones públicas o donaciones privadas, para inscribir a sus hijos en centros de enseñanzas avanzados ya que el donante enfrentaría menores costos.

Un programa de subsidios directos mediante el empleo de cupones puede disminuir significativamente el nivel de burocracia estatal y fomentar la transparencia en las instituciones que intervienen en el sistema educativo nacional. El empleo de subsidios directos incentivaría la participación y el rol del sector privado en el mercado educacional, reduciendo a través del tiempo el papel del Estado en la construcción de planteles escolares, contratación de maestros, y provisión de insumos y servicios que acompañan el sistema educativo, como libros o el desayuno escolar. Esto reduciría significativamente la burocracia que interviene en la provisión de cada uno de estos servicios y haría que el Estado se enfoque en actividades que está llamado a realizar, como la supervisión de la calidad de los servicios escolares ofrecidos por el sector público y privado, y de que dichos centros cumplan con la enseñanza de un currículo mínimo establecido.

Finalmente, implantar un sistema de subsidios directos por medio del otorgamiento de cupones a los estudiantes puede eficientizar y mejorar la calidad del sistema educativo nacional ya que le da mayor poder de control y participación a los padres en las decisiones educativas de los hijos, mejora la competencia del sector educativo, y reduce significativamente la burocracia estatal en el sistema, lo que le permite al gobierno enfocarse en roles muy importantes, como son los de monitoreo y supervisión del sistema educativo. El subsidio directo a la educación no tiene que incluir únicamente la educación inicial o básica, sino que podría aplicarse también a nivel universitario. Este sistema ha sido implementado con mucho éxito en otras naciones que poseen un sistema educativo ejemplar a nivel mundial, como son Suecia, Dinamarca y, en menor medida, en los Estados Unidos. Si bien es cierto que el gobierno del Presidente Danilo Medina incrementó significativamente los recursos designados a la educación para el presupuesto nacional del 2013, al asignar por primera vez el 4% del PIB, no podemos negar que en la última década los recursos asignados al sector educativo se han incrementado considerablemente año tras año y los resultados observados al momento son muy pobres. Quizás es tiempo que consideremos en la mesa un enfoque diferente a este problema que nos atañe a todos.