Desde décadas atrás el país se encamina por un derrotero donde cualquier “salta p’atras” impone su propia ley. O cuando menos hace caso omiso a las reglas existentes.
Es normal ver como un ¿ciudadano? desconoce el mandato del policía de tránsito (de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESTT)), porque anda en una “yipeta” vieja. Las “yipetas” disponen de un sistema automático que elimina las funciones del cerebro de quien toma el volante. También se observa la acción a la inversa, el agente de la DIGESTT abusando del ciudadano.
Si usted conduce un vehículo sin terciarse el cinturón de seguridad seguro le impondrán una multa por la infracción. En cambio, los choferes de carros de concho y guaguas voladoras se entrecruzan con los agentes de la DIGESTT y el cinturón pasa desapercibo. Ellos son “padres de familia”, por tanto están exentos del cumplimiento de la Ley.
Lo de Santiago de los Caballeros es un caso muy especial. El alcalde Abel Martínez instaló una policía municipal con más poder que la mismísima Policía Nacional. Los uniformados municipales nunca son atacados, ellos agreden y maltratan a la población indefensa. Peor aún, si alguien insiste en la denuncia lo descalifican por llevar la acusación a lo personal, sino pregúntele a Esteban Rosario.
A principio de marzo 2019, en Santiago se derrumbó un talud en la Av. Juan Pablo Duarte, frente al Instituto Materno-Infantil y la plaza Bella Terra Mall. El desplome provocó el colapso de la calle que conduce al Colegio Padre Fortín y faltó poquito para llegar a la clínica.
Ni por asomo los reportes de prensa mencionan la compañía constructora. Misma que provocó el derrumbe que puso en peligro la vida de los estudiantes del colegio y los pacientes hospitalizados.
Todavía más reciente, el martes 21 de mayo 2019, otro talud se desplomó en una excavación en la calle del Sol, frente al Gran Teatro del Cibao. En el lugar se construirá un hotel de la cadena Marriot. Para más señas, el accidente ocurrió entre la antigua discoteca Tempo y el Restaurante Max Delicias, en el área monumental, al sur del Gran Teatro del Cibao.
El Grupo Deproc es la compañía responsable de la construcción que provocó el accidente. Cinco personas que trabajaban en la obra perdieron la vida producto de la catástrofe. A su pesar, nadie ha sido citado por la justicia.
Según Diario Libre, “El presidente del Grupo Deproc señaló que contaban con las certificaciones de no objeción de uso de suelo de la oficina municipal y también con la no objeción para la construcción del Hotel AC por parte del Ministerio de Medioambiente”. El empresario Freddy Fernández, presidente del Grupo DEPROC lamentó el accidente que causó la muerte de cinco obreros el martes 21.
Los hechos recientes traen al recuerdo el desplome del edificio que albergaría varias salas de cine en Santiago. El fatídico accidente aconteció en la Av. Juan Pablo Duarte, próximo al Ayuntamiento de la ciudad. El derrumbe dejo tres obreros aplastados y uno de los responsables de la obra fue sometido a la justicia y guardó prisión durante varios años. En consecuencia, cabe preguntar:
¿Para qué sirven los planes estratégicos y de ordenamiento territorial? ¿Para qué las ordenanzas y resoluciones, promovidos por una oligarquía indolente e incapaz de vigilarse a si misma?
¿Hasta cuándo seguirán haciendo las cosas a voluntad de particulares, sin ajustarse a los controles técnicos y legales?
¿Seguirán los constructores poniendo en riesgo a los trabajadores, estudiantes, pacientes y profesionales con el desconocimiento de la ley?
¿Dónde está el Ministerio Público, tan eficiente en unos casos y ante estas violaciones se declara ignorante?
Los viejos de antes lo decían: en este país la gente anda “manga por hombro”, cada quien “vive como chivo sin ley”. ¡Ay! Juan Bosch, parece que los violadores tienen “…un tío alcalde…”.
Es evidente que cuando la Ley pierde su rol regulador y se aplica antojadizamente o carece de consecuencias, falta poco para que se imponga la Ley del talión.