Luego de analizar el funcionamiento, competencia, misión, como las características de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el contexto social, político e institucional que le dieron origen, creo que vale la pena pensar en un órgano de esta naturaleza en el país, para apoyar la prevención y persecución de la corrupción en la República Dominicana.
Como se puede apreciar en nuestro caso, la captura del Estado, la penetración de la delincuencia política, nos conducen a pensar en nuevos y sofisticados métodos, herramientas e instrumentos para combatir el fenómeno y reducir los niveles estructurales y sistémicos de la corrupción, la impunidad y el escaso acceso a la justicia.
Por cuanto, pienso que el bajo papel y pobre desempeño del Ministerio Público y el Poder Judicial en la persecución y sanción de la corrupción en nuestro país, es la muestra más clara de la necesidad de fortalecer estas instancias, para dotarlas de las capacidades, herramientas, entereza e integridad, para de esa forma poder desenmarañar las redes de la corrupción y el crimen que han penetrado todas las estructuras del Estado, dificultando la persecución del hurto de los fondos públicos, profundizando la impunidad, la complicidad y la solidaridad entre corruptos.
La Comisión Internacional contra la Impunidad, funcionaría como un órgano independiente para apoyar al Ministerio Público, a la Policía Nacional y otras instituciones del Estado, con énfasis en aquellas que están vinculadas a la persecución de las redes criminales y que se encuentran enquistada en los órganos del Estado y conviviendo en nuestra cotidianidad.
En ese sentido, para madurar la idea de la creación de una instancia de esa naturaleza en nuestro país, indudablemente tendremos que analizar si ésta afecta o no nuestra soberanía y nuestra “seguridad jurídica”, en relación a este aspecto debo indicar que la creación de un ente de esa naturaleza, no es para sustituir a las autoridades dominicanas en la investigación y persecución del delito, más bien busca trabajar de la mano en un ambiente de cooperación, constituyéndose en procesos judiciales como querellante, aportando recursos técnicos al Ministerio Público para investigar, procesar y enjuiciar con robustas acusaciones en los casos complejos de corrupción pública-privada.
La Comisión Internacional contra la Impunidad, no competirá, ni sustituirá al Ministerio Público, más bien lo acompañará, fortalecerá su misión de perseguir la corrupción y reducir la impunidad, por cuanto, no representa una amenaza para la soberanía, ni sería un mecanismo de intervención y no representaría un costo adicional para nuestro presupuesto, porque la misma se financiaría con donaciones internacionales y funcionando en el marco de nuestras normativas y del propio sistema judicial dominicano.
La experiencia de una instancia de esta naturaleza fue probada en Guatemala, indica claramente su operatividad y los resultados que se pueden obtener en el desmembramiento de las redes de la corrupción y crimen, en el caso de la República Dominicana esta instancia puede contribuir con importantes investigaciones, de casos de corrupción en los cuerpos de seguridad del Estado, al interior de la propia Policía Nacional, identificando las estructuras criminales al interior de los órganos del Estado, promoviendo la persecución penal de los imputados.
También al igual que en Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad en la República Dominicana, puede priorizar para las investigaciones casos de persecución del contrabando en las aduanas, la corrupción pública-privada, el financiamiento de los partidos políticos, la corrupción judicial y policial, la penetración del narcotráfico y el lavado en las estructuras del Estado y los contratos de concesiones con empresas nacionales e internacionales.
En conclusión, me parece que en la República Dominicana, tenemos condiciones para pensar y reflexionar sobre esta posibilidad, está claro el rol que puede desempeñar una instancia de esta naturaleza para generar mayor movilización y conciencia de la ciudadanía, para lograr desnudar el funcionamiento de las redes de la corrupción y el crimen al interior del Estado y de los propios entes obligados a su persecución.