El crecimiento sostenido por el cual ha transitado la economía dominicana durante las últimas décadas no ha sido suficiente para potencializar un proceso de desarrollo que contribuya en mejorar las condiciones de vida de toda la población. A pesar del ritmo de crecimiento experimentado por la economía nacional, el índice de desarrollo humano (IDH), el cual se ha convertido en la medida alternativa para medir el bienestar de los países, no refleja un incremento proporcional en igual periodo. Este panorama nacional se recrudece al desagregar la información e internar la mirada en las regiones, provincias y municipios que componen la nación, presentando una República Dominicana sumida en la pobreza, carente de oportunidades, con una enorme concentración de la riqueza, con deficiencias en la redistribución, una cartera de servicios deficientes, explotación indiscriminada de sus recursos naturales, degradación del equilibrio ecológico, entre otros males los cuales se expresan en desigualdad económica, social y territorial.
La aprobación de la visión país, a través de la promulgación de la Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 identificó el horizonte estratégico que la nación espera alcanzar en los próximos años, planteando que la República Dominicana tiene un Estado que: “…promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la economía global.” (Art. 5)
La declaración presentada establece la necesidad de orientar acciones específicas que permitan priorizar el combate a la desigualdad, definiendo la misma como una estrategia para alcanzar la solución definitiva a los males históricos que han desarticulado la nación dominicana y la han sumido en el sub-desarrollo repercutiendo en la calidad de vida de las familias dominicanas, debilitando la capacidad competitiva de la nación y destruyendo la materia prima de la nación: su gente.
La estrategia de combate a la desigualdad debe partir por precisar las potencialidades y limitaciones de los territorios, establecer las expectativas y aspiraciones de la población residente en los mismos, y determinar las capacidades de las distintas administraciones; la identificación del estado de situación de los distintos territorios permitirá impulsar una cartera de inversiones públicas a través de los instrumentos gubernamentales existentes, que servirán como orientación para el financiamiento de proyectos de carácter privado con el objetivo de potencializar el desarrollo regional y local, como catalizador del desarrollo nacional; sin lugar a dudas el camino para reducir la desigualdad, es a través del impulso directo a los niveles sub-nacionales que integran los protagonistas de la desigualdad.