La teoría económica convencional afirma que los mercados se autorregulan y por tanto cualquier perturbación del equilibrio es transitoria. Basta con la acción de las fuerzas del mercado (oferta y demanda) para restablecer el equilibrio, el estado no es necesario. Sin embargo, la historia muestra que las fuerzas del mercado han sido insuficientes para reestablecer el funcionamiento normal de cualquier economía, sea esta desarrollada, emergente, en vías de desarrollo, productora de materias o pobre.
Durante las crisis económicas de 1929 y la del 2008, la superación de los efectos de esas crisis motorizó una amplia intervención del estado en la economía. El país más avanzado del mundo puso en marcha El Nuevo Trato (New Deal), creando los sistemas de seguridad social, el seguro de desempleo y las transferencias sociales a las familias desposeídas en lugar de reducir el salario para restablecer los niveles de empleo como argumentan los neoliberales. De aquí que las políticas públicas fueron responsables de evitar la profundización de los efectos devastadores que causó el amplio desempleo, el desabastecimiento y la insuficiencia de demanda.
En el mundo neoliberal la intervención del estado se limita a la compensación de las pérdidas privadas por parte del estado. En el 2008, el estado norteamericano intervino para poner fin a la crisis financiera generada por falta de pagos de hipotecas, la falta de regulación y supervisión financieras producida por la eliminación de la ley Glass-Steagall. Las fuerzas del mercado dejaron el espacio a las políticas públicas, que impidieron la profundización de las consecuencias económicas.
La intervención estatal en Estados Unidos ha sido muy útil en otros espacios, como por ejemplo en la producción de conocimientos. Esta visión de largo plazo que tienen los líderes del estado americano sobre el desarrollo es un pre-requisito necesario para la eficacia de la intervención estatal. El estado no debe accionar como creador de condiciones especiales para que el sector privado tenga beneficios (con leyes, decretos, creación de gabinetes especiales, oídos sordos frente a la captura de los reguladores, a la corrupción y al anquilosamiento institucional, entre otras prebendas). Preservar las ganancias de los menos aptos en el mercado no es parte de la política liberal, pero en este país forma parte de la interpretación trivial de muchos empresarios fieles a la concepción trujillista de la firma.
En países de mayor desarrollo económico, el estado ha tenido una participación exitosa en la economía. Poniendo en marcha amplios programas de innovación a través del desarrollo de nuevos conocimientos que permitieron el nacimiento de nuevos negocios privados (starts up), rompiendo con la economía circular que sustenta el equilibrio general descrito por los economistas neoclásicos y que, según algunos autores, (Schumpeter, 1912), aniquila el proceso de desarrollo de las economías. En ese proceso el gobierno toma riesgos en la misma medida en que los empresarios emprendedores enfrentaron los suyos durante la apertura de nuevos mercados. Este panorama sí coincide con las conclusiones teóricas de la teoría económica convencional, que afirma que el crecimiento económico depende fundamentalmente de la inversión, impulsándolo hasta alcanzar el equilibrio estacionario de largo plazo, (Solow, 1956).
En el caso dominicano, la mayoría del sector privado ha sido tradicionalmente reticente a invertir en la producción de conocimientos y de la misma forma, correr riesgos no sido una característica en la apertura de nuevos negocios y mercados. La tradición ha sido invertir en aquellas áreas de la economía en las que el gobierno garantiza el retorno de su inversión, mediante exenciones fiscales, leyes especiales y contratos que blindan de posibles riesgos a los negocios. Este comportamiento ha debilitado las finanzas públicas y contribuye junto a la evasión y la elusión fiscales, a la concentración del ingreso y a la ampliación de los niveles de pobreza.
El gobierno americano, que no es neoliberal en este aspecto, aunque promovió el decálogo neoliberal para América Latina mediante el Consenso de Washington, tiene un comportamiento diferente. Los avances tecnológicos que actualmente utilizan las empresas de marca mundial se fundamentaron en conocimientos producidos por los trabajos realizados por Investigaciones Avanzadas de Proyectos de Defensa (DARPA, por sus siglas en inglés) y cuyos resultados fueron compartidos posteriormente con empresarios emprendedores. Los logros del gobierno en esta materia son particularmente importantes, comprenden la producción de conocimiento para el desarrollo de la internet, la pantalla táctil, SIRI, GPS, TESLA, paneles solares, todos los cuales resultaron en aplicaciones exitosas en la creación de diferentes mercados. Todo esto ocurrió gracias a la visión estatal de largo plazo que encontró la aplicación de estos avances inicialmente dirigidos a la defensa nacional para desarrollar nuevas firmas privadas (Mazzucato, 2021).
Justamente aquí reside la diferencia entre la empresa privada y el estado. La primera dedicada a generar beneficios individuales, mientras que el estado vela por el bienestar de todos sus ciudadanos. En efecto, los nuevos conocimientos producidos en DARPA y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) con el proyecto Apollo, fueron compartidos con empresarios que aportaron su ingenio creativo que resultó en las gigantescas empresas tecnológicas que hoy conocemos como Facebook, Google, Instagram, Amazon, WhatsApp, TESLA entre otras. Lo que demuestra que un estado bien articulado, capaz e institucionalmente fuerte puede escoger ganadores en el ámbito económico, aunque en ocasiones ha fracasado en su selección. Hasta ahora el resultado neto ha sido positivo.
Estas empresas privadas no fueron resultado de la confrontación competitiva entre el gobierno y el sector privado o de la sustitución de uno por el otro, sino fruto de la colaboración de ambos. La competencia (el enfrentamiento) ha tenido un resultado catastrófico en lograr el bienestar social, lo que se debe a las investigaciones de John Nash en 1951. Quienes compiten terminan impidiendo el objetivo individual que persigue cada competidor.
A partir de las administraciones peledeístas, algunos empresarios dominicanos descubrieron las enormes ventajas de asociarse con el débil estado dominicano y para este fin han elegido las asociaciones público-privadas (APP), administradas por fideicomisos. Hasta el momento los contratos APP en el país han socializado todos los riesgos de la actividad económica, convirtiendo al gobierno en el único responsable (un ejemplo de ello es la Carretera Santo Domingo-Samaná). El sector privado tiene ganancia mínima garantizada que permite cumplir con una tasa interna de retorno del proyecto de 16.5%, es decir los contribuyentes pagan impuestos para que el sector privado tenga beneficios.
Un ejemplo más reciente proviene de la entrevista que el ministro de la presidencia concedió al programa matutino del Canal 11, durante la cual afirmó que al contrato para la construcción de una porción de la cárcel La Nueva Victoria suscrito entre la empresa que dirige su hijo y la actual Procuraduría General de la República, se le hizo una adenda con el objetivo de garantizar el equilibrio económico del mismo.
El equilibrio económico de una firma lo garantiza la gestión eficaz de los costos, la producción, precios e ingresos de la empresa. Pero la eficacia de la gestión empresarial asociada con el gobierno para proyectos de inversión no corresponde al comportamiento estándar de un mercado competitivo. Lo que se debe a la situación de debilidad jurídico-institucional del estado dominicano que actualmente impide una asociación provechosa entre los sectores público y privado. En caso de que se persista en este modelo de inversión pública mediante APP los resultados no serán en favor del país y podemos despedirnos de alcanzar objetivos de desarrollo de largo alcance.
La experiencia muestra que la colaboración en condiciones similares entre el sector público y el privado promueve el desarrollo. China, Tailandia, Indonesia, Singapur, Corea del Sur, Vietnam, constituyen ejemplos de ese tipo de desarrollo simbiótico. A este país sólo le falta una visión del desarrollo de largo plazo que integre dinámicamente a ambos sectores, fortalecer institucionalmente el estado, eliminar la impunidad y la corrupción. El país espera el cambio de rumbo.