Cohesión social en el desarrollo

La cohesión social, elemento fundamental para el desarrollo, permite asegurar una participación mucho más equitativa de las y los ciudadanos en aquellos temas sociales preponderantes.

Precisamente, el Estado de Bienestar sentó las bases de la expansión económica y el desarrollo en un sistema social que incluyera a todos los ciudadanos y que dotara de la seguridad necesaria para que se enfrentaran las vulnerabilidades desde una perspectiva sistémica (CEPAL, 2007).

El tema de la inclusión desde dicha concepción, no sólo se asegura mediante la inserción laboral plena y protegida, sino que también juegan un papel importante la reducción y prevención de la violencia. Y cuando hablamos de violencia nos referimos también a las estructuras que generan desde el Estado inequidad, desigualdad e inseguridad, reproduciendo esas conductas los demás miembros de la sociedad.

Esta noción de cohesión social se profundiza un tanto más en un estudio de la CEPAL (2007), en el que se adopta una definición que destaca la interacción entre mecanismos de inclusión/exclusión sociales y las respuestas y percepciones que tiene la ciudadanía frente al modo en que dichos mecanismos operan. La cohesión social vincula, según este concepto, los mecanismos de integración y bienestar con la plena pertenencia de los individuos al grupo.

Por su parte, si observamos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), objetivos centrados en la educación, la atención sanitaria, la pobreza extrema, el hambre, la sostenibilidad del medio ambiente y la desigualdad entre los géneros, nos daremos cuenta de que los mismos se han visto socavados por la incidencia de la violencia en nuestras sociedades.

Sabemos que la cohesión social, como también la consecución de los ODM, no dependen únicamente de alcanzar unos objetivos concretos, sino que es imprescindible que se cubran las necesidades básicas de desarrollo de las personas, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales. Tal cual establece el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cada uno de los Estados parte está obligado a “adoptar medidas […] hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente la plena efectividad de tales derechos”, lo que se ha visto impedido por el impacto de la violencia y las violaciones de derechos humanos.

No es casualidad que muchos de los países que menos perspectivas tienen de alcanzar el desarrollo, y por ende cohesión social -por el nivel de la calidad de vida de sus habitantes-, sean también los países con los más altos índices de violencia y exclusión.

Durante un seminario sobre Cohesión Social en Iberoamérica, organizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), celebrado en 2007, se incorporó al debate de la cohesión social nuevos elementos como 'la pertenencia, la confianza y la ciudadanía', y se subrayó que la violencia, un aspecto abordado en las distintas mesas de trabajo, era uno de los temas más graves y más urgentes a los que se enfrenta actualmente la región.

De su lado, el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Luis Machinea, destacó tres elementos clave para la cohesión social en la región: las oportunidades de crecimiento y empleo; el mejoramiento de las capacidades, y la solidaridad. Según Machinea, para el fortalecimiento de estos tres elementos, América Latina debe 'crear sistemas de innovación y capacitar sus recursos humanos', lo cual no podrá ser posible si no se consolida un sistema institucional fuerte que prevenga y combata la violencia y marginalidad.

La percepción ciudadana acerca de los problemas sociales debe constituir un factor primordial a la hora de diseñar las políticas públicas de carácter social y económico. Aunque muchas veces estas percepciones no sean un reflejo de la realidad, son un buen indicador del nivel de cohesión social en la ciudadanía. No sólo se trata de implementar políticas sociales adecuadas, sino de generar en la población ese sentimiento de inclusión y pertenencia que viene dado por un nivel aceptable de calidad de vida así percibido.

De acuerdo a la propia definición de cohesión social[1], las políticas públicas a favor de la cohesión social, serían aquellas que: (1) promovieran una identidad común; (2) construyeran solidaridad; (3) establecieran horizontes de confianza; (4) establecieran igualdad de oportunidades; y, (5) promovieran las relaciones basadas en la reciprocidad.

Este sentimiento de no pertenencia también contribuye a generar animadversión social y conductas violentas, sobre todo cuando no están dadas las condiciones que permitan la inserción del individuo en los sectores económicos productivos.

Por tanto, la inexistencia de políticas públicas sociales adecuadas, que procuren el bienestar y el aumento de la calidad de vida de la población, incide directamente en el incremento de la violencia. La violencia es, pues, producto de estas desigualdades sociales.

En este contexto, la participación activa de los actores locales en los procesos de toma de decisiones es elemento clave que contribuye a romper el ciclo de reproducción de la violencia social. En tanto que el fortalecimiento de la capacidad de gestión, el desarrollo de competencias y conductas proactivas y sostenibles, constituyen herramientas fundamentales para reducir la vulnerabilidad e incrementar los factores de protección social.