Nuevamente al país se le privará de un código penal moderno y adecuado a estos tiempos y posiblemente pasará a dormir el “sueño eterno” por el que ha pasado en los últimos veinte años en una inercia congresual, debido a los intereses, contradicciones y posiciones de diversos sectores de la sociedad e influyentes corporaciones tanto financieras como instituciones sin fines de lucro internacionales tratando de imponer el aborto.
Indudablemente, el tema del aborto ha sido el más controversial en la sociedad dominicana en los últimos tiempos. Ha trascendido un tiempo largo, más de dos décadas y todavía no nos hemos puesto de acuerdo, tomando en cuenta que la protección de la vida desde la concepción es constitucional y no puede haber discusión.
Un hecho sin precedentes en mi opinión es que en la discusión a las observaciones presidenciales (pro abortistas) las líneas partidarias no funcionaron y los diputados votaron a su consideración. Esto provocó que ninguna de las posiciones consiguiera la mayoría calificada (2/3 de los presentes) para que el Código pasara.
Sin embargo veo con preocupación el hecho de que algunos legisladores principalmente de la cámara de diputados, se les ocurre pensar que despenalizar el aborto no va en contra de la Constitución. El amasijo de intereses que influye en muchos legisladores es complejo. Desde defender la posición de la industria farmacéutica abortiva (que deja miles de millones de dólares al año) hasta la terrible influencia de ongs internacionales que financian campañas en pro del aborto de manera intensa.
Esa es la realidad que enfrentamos, un país dividido en dos con el tema, aunque creo que la mayoría de los ciudadanos dominicanos por tradición y valores cristianos rechaza la industria de la muerte que es el aborto y sus consecuencias.
El aborto, junto a una educación sexual abierta, sin cortapisas basada en la ideología de género y confusa para los niños, ha sido el “filón de oro” o la punta de lanza para que diversas corporaciones de instituciones sin fines de lucro quieran influir en el Congreso para la aprobación de estos dos temas tan perjudiciales para la tradición y los valores cristianos del pueblo dominicano.
Ahora el proyecto del código penal debe empezar desde cero, no se sabe cuándo y sin embargo el país tiene todavía el mismo código penal napoleónico decimonono y anquilosado o desfasado en el tiempo. He oído a juristas notables decir que era preferible que no se aprobara sólo por la penalización del aborto lo que es un tremendismo.
Es muy probable que vengan nuevas luchas en otras épocas más adelante. Sin embargo, el país deberá buscar una ruta institucional posible para resolver este problema y que no tengan que pasar dos décadas más.