El clientelismo es una de las más dañinas prácticas políticas. Lo practican descaradamente quienes manejan el gasto público para agenciarse simpatías, lealtades y votos. Al ser equivalente a la compra indirecta del voto, la practica corroe y socava las instituciones de la democracia. Por tanto, el esperado Pacto Fiscal deberá no solo mejorar la pertinencia, eficiencia y transparencia del gasto público sino también reducir el clientelismo al mínimo. Una renta básica para los indigentes podría ser una medida eficaz para lograrlo.
Actualmente, el clientelismo permea todo el sistema político e involucra tanto el gasto corriente como el de inversión. En esta práctica malsana incurren no solo los funcionarios del gobierno central sino también los congresistas, los mismos partidos políticos y los que manejan entidades descentralizadas. Pero el moquillo clientelista engulle enormes recursos que podrían ser usados en la inversión social, garantizando los derechos de los ciudadanos. Además, desvirtúa “la misión de servicios y de interés público de las instituciones, infringiendo los aspectos técnicos de gestión.” 
La oenegé británica Oxfam calculó en un reciente reporte que “el Gobierno malgasta el 2.5% del PIB anualmente, recursos que solo en el año 2017 ascienden a unos RD$90,920 millones, equivalentes al 13% del Presupuesto General del Estado.” El uso clientelar de la nómina publica, la corrupción, los gastos innecesarios y la existencia de entidades redundantes son los principales renglones del malgasto. (La diputada Faride Raful presentó al Congreso un reporte donde identificó 57 entidades innecesarias.) Oxfam también calculó que para el periodo 2018-2020 el monto de la corrupción solamente será unos RD$28,400 millones anuales.
El Pacto Fiscal presenta una gran oportunidad para eliminar el malgasto. Sus acuerdos deberán afectar no solo la parte de los ingresos tributarios sino también la distribución del gasto. (El CREES sugiere además una Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y una Reforma Integral al Código Tributario.) Se incurre en clientelismo cuando, a través de la escala impositiva, se favorecen indebidamente algunas empresas o individuos. Pero no será tan difícil determinar las medidas para hacer más progresiva y simple la escala impositiva porque existe un gran elenco de alternativas conocidas. Más engorroso será reducir el gasto malsano porque afectar los beneficios de la clientela tiene consecuencias políticas.
Puesto que no toda la población se beneficia de todos los gastos, la lupa inquisidora deberá concentrarse en los beneficios que reciben segmentos específicos de la población. De la llamada inversión social hay renglones que no se prestan a mucha manipulación política porque las prestaciones están estatuidas para todos los que pertenecen a un segmento de la población, tales como los subsidios sociales y el desayuno y el almuerzo en las escuelas. Pero una gran cantidad de otros gastos se usan para conquistar y retener lealtades políticas: becas estudiantiles, la donación de útiles deportivos y escolares, donación de juguetes y fundas de alimentos, reparación de iglesias y parques de recreación, etc.
El renglón del gasto clientelista que más irrita figura en la nómina estatal. Las innumerables “botellas”, muchas de ellas encartadas en “nominillas”, constituyen un personal supernumerario. La prensa reporta, por ejemplo, que hay más de 650,000 empleados públicos, mientras algunos analistas han indicado que más de la mitad son innecesarios. Como reducir esa empleomanía sin mayor costo político es sin duda el principal desafío que confrontan los gobernantes de cara al Pacto Fiscal. Pero a eso hay que añadirle los escandalosos salarios que cobran muchos funcionarios sin trabajar. Hace cuatro años se aprobó una Ley de Regulación Salarial para corregir esos entuertos y no hay señales de cuando se iniciara su ejecución.
Por su parte, el empresariado ya ha anunciado su disposición de comenzar la discusión del Pacto. Esta dispuesto a pagar más tributos siempre y cuando se racionalice el gasto. Pero el gobierno evade el bulto por temor a las repercusiones políticas. Aquellos economistas que pretenden, por ejemplo, una eliminación sumaria de las “botellas” le están pidiendo milagros a la luna. Si bien se justifica pedir que la nómina publica sea achicada drásticamente porque está preñada de personal que no se gana su salario, resulta irrealista pensar que el gobierno de turno va a echar a la calle a cientos de miles que hoy reciben una dadiva pública. En términos generales, adelgazar al Estado, con o sin Pacto Fiscal, será una tarea odiosa que los políticos intentaran evadir a toda costa.
En función de lo anterior, establecer una renta básica universal es una opción de política pública para racionalizar el gasto. Finlandia y los países del norte de Europa están comenzando a probarla (http://www.publico.es/economia/finlandia-empieza-emitir-senales-exito-renta-basica-universal.html), pero para ellos el mayor atractivo es el de reemplazar unos sistemas de protección social –incluyendo el seguro de desempleo– que ya están tornándose obsoletos. También asumen que la renta básica se ajusta mejor al previsible futuro donde habrá menos empleos asalariados y más trabajadores independientes (https://www.20minutos.es/noticia/3045963/0/renta-basica-ocde-probar-paises/).
En nuestro caso, el sistema que se propone no sería el de la renta básica universal donde todos los ciudadanos reciben una asignación mensual. Las limitaciones presupuestarias solo permitirían una renta básica para las familias pobres que clasifican como indigentes. Esta significaría el reemplazo de todas las ayudas o prestaciones sociales por un ingreso mensual estable provisto por el Estado, garantizando así la subsistencia de las familias de pobreza extrema. El objetivo último sería asegurar una vida mínimamente digna para nuestros ciudadanos menos afortunados, además de promover la movilidad social y combatir la desigualdad.
El diseño del esquema de la renta básica requerirá un riguroso análisis. Según el reciente estudio sobre la pobreza multidimensional del Ministerio de Economía, un 23.2% de la población califica como pobre, mientras en el 2017 la “pobreza monetaria” cayó a un 25.5% (https://www.diariolibre.com/economia/240-000-personas-dejan-pobreza-al-ano-IM9394468). Puesto que la ONE estimó en 10,266,149 millones la población en el 2018 (http://elcaribe.com.do/2017/02/03/poblacion-dominicana-aumento-723-mil-seis-anos/), un cuarto de la población equivale a unas 2,542,293 personas pobres. Sin embargo, un experto del PNUD declaró recientemente que “cerca de 600,000 personas quedan por debajo de la línea extrema de pobreza; cerca de 3,000,000 quedan cerca de la línea moderada” (https://www.diariolibre.com/economia/pnud-aboga-por-dialogo-en-rd-para-combatir-niveles-de-pobreza-XX9365415).
Para otorgar la renta básica a las familias de pobreza extrema el Pacto Fiscal deberá reasignar recursos y aumentar las recaudaciones tributarias. Asumiendo un tamaño promedio de 3.4 miembros por familia, la población meta seria de 176,471 familias. Con un ingreso de $10,000 mensuales por familia, eso alcanza unos $17,647 millones mensuales, o $211,765 millones anuales. (Tal monto equivale a un 26% del presupuesto aprobado para el 2018, el cual asciende a $814,821 millones.) Para determinar la factibilidad de ese gasto habría que sumar los recursos del malgasto y de los subsidios sociales y así calcular el faltante que deberá cubrirse con las nuevas medidas impositivas. Un reto adicional es el de precisar de qué manera imponer y supervisar las condicionalidades de los subsidios sociales actuales.
Lo anterior habrá mostrado que la idea debe ser considerada seriamente si queremos mitigar los malignos efectos de la desigualdad social y, a la vez, reducir el clientelismo político en base a la observancia de los derechos de los más pobres. El futuro de nuestra democracia depende en gran medida de que seamos capaces de generar un desarrollo inclusivo con prácticas políticas sanas.