En la última década el sistema político y electoral mexicano ha experimentado una serie de importantes reformas legislativas, que han tenido como propósito crear un marco jurídico que favorezca competencias electorales equitativas y consolide el proceso de transición democrática iniciado a finales de los años 90. De cara a las elecciones del próximo 1 de julio, el financiamiento político, la regulación de las campañas y la organización de los debates electorales, son tres pilares esenciales de esa equidad.

El Financiamiento a los Partidos Políticos

La legislación electoral mexicana favorece el financiamiento público por encima del financiamiento privado. En ese sentido, se ha establecido un sistema de financiamiento público permanente y electoral, así como para actividades específicas de interés público, regularmente vinculadas a la investigación, capacitación y tareas editoriales de los partidos políticos.  Para asignar el monto del financiamiento público se considera tanto la fuerza electoral del partido político, como la distribución igualitaria entre todas las fuerzas.

En el orden del financiamiento privado solamente se permiten los aportes de la militancia, los simpatizantes, algunas actividades de autofinanciamiento y las inversiones financieras en entidades nacionales; limitados los aportes tanto individuales como globales de los afiliados. Asimismo, están prohibidos los aportes de entidades o dependencias públicas, personas jurídicas o físicas extranjeras, organismos internacionales, personas jurídicas y personas que vivan o trabajen en el extranjero.  El financiamiento privado se encuentra bajo la supervisión y control de las autoridades electorales que no están restringidas por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y a cuyas determinaciones en la materia se encuentran obligadas las autoridades federales y locales en materia financiera.

En el siguiente cuadro se ilustran los fondos públicos recibidos por los partidos políticos mexicanos, al mes de octubre del 2017:

La Regulación de las Campañas

En México se clasifican las campañas electorales en precampañas, intercampañas y campañas propiamente dichas. El período de precampañas, referido a la contienda en la cual los partidos determinan quienes serán sus candidatos, no puede durar más de las dos terceras partes de lo que duran las campañas electorales. Por ejemplo, en el actual proceso electoral para el caso de las precampañas para la Presidencia de la República, estas no pueden durar más de 60 días, mientras que, para los puestos legislativos intermedios, su límite es de 45 días. Las precampañas de todos los partidos políticos deben realizarse dentro del mismo período.

Se entiende por intercampañas, el período que va desde la finalización de las precampañas hasta el inicio de la campaña electoral. En este período está prohibida la realización de actos proselitistas.

En cuanto a las campañas electorales, es importante destacar que los partidos políticos cuentan con acceso gratuito a la radio y televisión de manera permanente, pero que se les asignan tiempos adicionales durante la campaña. Los gastos efectuados por los partidos políticos en el período de campaña no deben sobrepasar los topes establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE). En el período de campaña electoral esta prohibida la compra de espacios en los medios de comunicación para la difusión de propaganda electoral, por lo que los partidos políticos y sus candidatos solamente pueden utilizar aquellos espacios cedidos por el INE en casi mil estaciones de radio y 800 canales de televisión.

En otro sentido, los servidores públicos de los diferentes niveles deben observan estrictamente las medidas de neutralidad respecto al proceso electoral. Por ejemplo, no se permite la difusión de propaganda gubernamental desde el inicio de la campaña hasta una vez transcurrida la jornada electoral, con excepción de la vinculada con servicios de salud, educación o defensa civil en casos de emergencia. En este ámbito, sólo el Instituto Electoral de la Ciudad de México, recibió 327 denuncias de las cuales se iniciaron 167 procedimientos administrativos sancionadores.

Debates Electorales

Dentro de las medidas establecidas por la ley con el propósito de promover un voto informado, se encuentra la realización de los debates electorales entre los candidatos a distintas posiciones electivas. Para este proceso se organizaron tres (3) debates electorales presidenciales, con la participación de varios moderadores y un formato interactivo que permitió la participación de los ciudadanos. El primero de los debates fue alrededor de los temas de seguridad pública y violencia, combate a la corrupción e impunidad y democracia y pluralismo; el segundo debate se concentró en los temas de comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza y combate al crimen trasnacional y derechos de los migrantes; mientras el tercero trató los temas de crecimiento económico, pobreza y desigualdad, educación, ciencia y tecnología, desarrollo sustentable y cambio climático.

Estos debates fueron transmitidos por alrededor de 800 emisoras de radio y canales de televisión, incluyendo los correspondientes a las cadenas de televisión de mayor audiencia nacional; y contaron con la participación de todos los candidatos presidenciales: Margarita Zavala (independiente), que se retiró después del primer debate; José Antonio Meade (Coalición Todos por México), Ricardo Anaya (Coalición Por México al Frente), Andrés Manuel López Obrador (Coalición Juntos Haremos Historia) y Jaime Rodríguez (independiente).

En el ámbito local se realizaron múltiples debates en las diferentes entidades de la Federación. Solamente en la Ciudad de México se organizaron 53 debates, incluyendo los candidatos y candidatas a la Jefatura de Gobierno, las Alcaldías y las Diputaciones.