Hablamos tanto de nuestro alto crecimiento que muchas organizaciones internacionales, como la Comisión Internacional de Derecho Humanos (CIDH), piensa que boyamos en riqueza, que nos sobra el dinero y que tenemos capacidad de darle protección y refugio a 22 millones de habitantes en una isla de 48 mil kilómetros cuadrados.
La realidad es, señores de la CIDH, que República Dominicana no tiene capacidad ni para atender a todos los pobres que tenemos dentro de nuestro minúsculo territorio ocupado por unos 11 millones de habitantes, entre los cuales hay casi un millón de ciudadanos haitianos que envían en remesas a su país unos 700 millones de dólares, sin contar los costos colaterales que conlleva darle servicios de salud y educación.
Somos un país del tercer mundo luchando para avanzar hacia una etapa superior de desarrollo, pero con un largo camino que recorrer. Lamentablemente, si Haití no supera su pobreza y estancamiento nos será aún más difícil alcanzar ese objetivo.
¿No saben los miembros de la CIDH que también miles de dominicanos emigran buscando mejor vida? Entonces, ¿cómo se le puede exigir al país obligaciones para atender las necesidades de otros?
El presupuesto de salud de este país apenas llega al 2% del PIB cuando se requiere al menos subirlo a un 3.5% para darle a los ciudadanos una protección integral y efectiva. No podemos con ese presupuesto darle atención a inmigrantes no legales que quieren recibir servicios de salud gratuitos, sin importar qué tipo de tratamiento requieran.
Reconozco que el tema de las mujeres embarazadas que vienen a tratarse en nuestros hospitales es delicado y humanamente sensible, pero el problema no es un asunto de humanidad sino de recursos. De hecho, ya el sistema de salud de República Dominicana destina más de los 5 mil millones de pesos de su presupuesto para atender las demandas de una población extranjera, en su gran mayoría sin regularizar su estatus, de los cuales el 96% corresponde a ciudadanos procedentes de Haití.
Durante el 2021, el Servicio Nacional de Salud (SNS) registra haber otorgado 500,783 consultas externas a nivel nacional, de las cuales 44,260 correspondieron a extranjeros haitianos, es decir, un 8.4%. De 368,341 emergencias, 41,815 corresponden a ciudadanos de la vecina nación (11.3%), las pruebas de laboratorio ascienden a 1,711,324, de las cuales 59,671 se realizaron a haitianos, o sea, 9.3%. De 39,972 hospitalizaciones realizadas a nivel nacional, un 17% correspondió a ciudadanos haitianos, equivalentes a 6,755 personas.
Durante los primeros nueve meses de este año, en la maternidad La Altagracia nacieron 9,131 bebés, de los cuales 4,641 son de madres haitianas, o sea, 51%.
Aun así, la CIDH exige más, mas, más y más. Pero lamentablemente no podemos. No somos Estados Unidos, Canadá o Francia que si pueden albergar a millones de inmigrantes en su territorio y darle atención medica ilimitada sin que afecta en nada su presupuesto. Nosotros, simplemente, no podemos.
Defendí con fervor el derecho de los haitianos nacidos en República Dominicana a recibir su ciudadanía y seguiré haciéndolo en todo lo que implique salvaguardar ese derecho. Tenemos que ayudar a Haití, y de hecho lo hacemos con creces, pero son otros países los que deben asumir esa responsabilidad y le están dando la espalda.