Queridos congresistas, una sociedad no es moderna por la cantidad de torres de cristal o por la tasa de crecimiento económico que muestre el Banco Central. Nuestro país no puede alardear de modernidad, mientras mueran mujeres por causas evitables relacionadas a la gestación.
Es una lástima. Tenía que llegar al presidente de la Republica para que nuestro flamante Congreso nos escuchara, para que el Poder Legislativo se enterara que su Código Penal atenta contra los derechos fundamentales de la mitad de la población dominicana, las mujeres.
Te lo dijimos mil veces. La penalización de la interrupción del embarazo mata mujeres, mujeres pobres. Las obliga a recurrir a condiciones de inseguridad y en consecuencia aumentan las complicaciones y la mortalidad.
Es momento de pensar en las mujeres como sujetas de derecho. El Poder Ejecutivo exhorta al Poder Legislativo a equiparar nuestra legislación a la mayoría de los países del mundo
Es inaceptable. Nuestras estadísticas nos sitúan entre los países de la región con mayor tasa de mortalidad materna. Ya es hora de que te vayas enterando que reducir la mortalidad materna e infantil es prioridad del gobierno de Medina.
Dentro de poco volverás a repetir que quieres representar los intereses del pueblo. Pero no fueron suficientes las múltiples evidencias científicas que los profesionales de la salud te mostramos, evidenciando, que en casos específicos es imprescindible interrumpir el embarazo para proteger la vida, la salud y la dignidad de las mujeres. Para temas de derechos de las mujeres, el miedo parece inmovilizarte.
Queridos congresistas, en el 2006 el Código Penal no fue promulgado por temas relacionados a la interrupción del embarazo. Ocho años después, es observado y devuelto a la Cámara de Diputados. Los derechos de las mujeres siguen siendo el tranque.
Es momento de pensar en las mujeres como sujetas de derecho. El Poder Ejecutivo exhorta al Poder Legislativo a equiparar nuestra legislación a la mayoría de los países del mundo. Invita a despenalizar la interrupción del embarazo cuando sea practicado por personal médico especializado, en establecimientos de salud públicos o privados, dentro de los plazos que se consideren de lugar. Y en los tres supuestos: cuando la vida de la embarazada corra peligro, cuando la embarazada ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el embrión tenga malformaciones incompatibles con la vida fuera del útero. ¡Chupe usted déjeme el cabo!
Querido Congreso dominicano, su apreciado Código Penal atenta contra el derecho a la vida, a la salud y a la dignidad de las mujeres embarazadas. Es hora de mirar a las mujeres como sujetas de derecho. No más Esperancitas.
Ahora, a formar una cadena de oración para que la propuesta del presidente Danilo Medina no duerma el sueño eterno.