El actual gobierno decidió mantener el Estado de Emergencia y continuar con las violaciones a los derechos de libertad de asociación y tránsito de todos los dominicanos. Con el toque de queda mermó la actividad de las asociaciones de malhechores que se desplazan en motores asaltando y robando con una impunidad similar a la letalidad del virus provocó el Estado de Sitio: 99.9 por ciento.
En las vacaciones forzadas de su actividad delictiva vivieron del ahorro ajeno, creado por sudores de otras frentes, y de fondos por el empeño de motocicletas y armas de fuego robadas, alquiladas o adquiridas en el mercado negro. Dos noticias ayudaron a mejorar su deteriorado perfil de riesgo con los prestamistas del barrio: el inicio de la flexibilización del toque de queda y la campaña para desarmar y destruir armas en manos de civiles. Volvieron a ser sujeto de crédito ante la perspectiva halagüeña de que el retorno a las calles sería ahora más seguro: con la normalidad de vigilancia policial de poca cobertura y la novedad de menos civiles en poder de armas para enfrentarlos.
Los artículos de Laurence M. Vance sobre la agresividad de legisladores, jueces y funcionarios para destruir el derecho natural a la defensa propia con armas en Estados Unidos son geniales para analizar lo que aquí es una constante desde 1965. Con la Ley de Armas que bajó de un buque de guerra extranjero el dominicano común perdió la libertad de poder defender su vida con armas de fuego. Una legal aquí se consigue si se es miembro del club donde están las fuerzas de seguridad, altos funcionarios, políticos, ricos y todo el enchufado a ellos. Civiles con interés de usarlas en defensa propia tienen que recurrir, principalmente, al mercado negro. Ante las duras limitaciones a la importación y comercialización de armas de fuego, contrabandistas han podido acomodar a los que saben que los policías llegan después del hecho consumado y a los delincuentes que son, por mucho, sus clientes más importantes.
La campaña de desarme, anunciada e iniciada ya con la destrucción de pistolas y revólveres, tendrá impacto en esos civiles que las adquirieron para su defensa propia o dejaron vencer los permisos. Delincuente no entrega armas con las que gana su sustento, ni les hace caso a leyes prohíben su uso sin importar lo dura que sean en papel. Chicago, como explica Vance, tiene una de las mas duras en los Estados Unidos y es una de las ciudades con mayores niveles de criminalidad. “Si tomas la decisión de cometer un robo a mano armada o matar a una persona, la preocupación de que estás violando una regulación sobre armas de fuego es lo último que pasa por tu cabeza.”
El incentivo positivo para cometer más asaltos que ocurre con la eliminación del toque de queda y el desarme de civiles podría ser contrarrestado con un aumento sustancial de la cobertura de la seguridad pública con respecto a la situación antes del Estado de Sitio. El gobierno volvió a decir lo mismo que se escucha por más de medio siglo: “Garantizamos la seguridad de todos los dominicanos y todas las dominicanas.” El cambio ha sido sólo en el lenguaje inclusivo porque se sigue en lo mismo de confundir “garantía” y “promesa”. Esas son cosas diferentes, algo que bien conocen todas las víctimas de crímenes que no han recibido compensación alguna del Estado creían era un garante. Nunca lo será, los fondos del erario no son como los del bolsillo del compadre solvente se encarga de cubrir el crédito o la garantía que se amenaza ejecutar en la intimación de pago presenta un alguacil. Ahora bien, es el mismo ministro de Interior y Policía que provoca la devaluación de su promesa cuando confiesa que el gobierno carece de los fondos suficientes para combatir a delincuentes. Con la noticia de que no habrá suficientes policías, el palé de los delincuentes (fin toque de queda y menos víctimas en poder de armas), se convierte en tripleta triunfadora para sembrar desasosiego en las calles. ¡Anden moscas!
Pero en perseguir políticas para despojar de armas a civiles y quejarse por falta de recursos nuestro ministro no está solo. Políticos de todo el mundo insisten en que son los responsables de dar seguridad, que el crimen es un problema por las armas en manos de civiles y que si todas estuvieran en su poder o contaran con sistemas sofisticados para saber todos los detalles de quienes las poseen y poder autorizar la venta de las que ellos consideren adecuadas para civiles, entonces viviríamos felices de la cuna hasta llegar a la tumba por causas naturales.
En los escritos de Laurence M. Vance vemos que EUA no es la excepción y muestra como a los sospechosos habituales de promover la confiscación y control federal de las armas se unen legisladores republicanos que no entienden la Segunda Enmienda. Por eso indica que perdieron la oportunidad de repeler, pura y simplemente, todas las regulaciones federales sobre las armas que no tienen asidero constitucional cuando dominaron el congreso.
El articulista de medios y plataformas libertarias explica que esa enmienda en la Carta de Derechos no se incorpora para crear por vía legislativa un derecho a tener armas.
“La mayoría de las personas interpreta mal la naturaleza de la Segunda Enmienda. La Segunda Enmienda no confiere un derecho positivo. Nada en su texto le concede a un ciudadano de los Estados Unidos el derecho hacer nada. Aún en el caso que no existiera, los americanos seguirían conservando el derecho natural y moral de poseer y portar armas de cualquier clase para cualquier propósito. La Segunda Enmienda sólo reconoce un derecho preexistente a su texto. Si al gobierno federal se le hubiera visualizado con autoridad para regular o controlar cualquier aspecto sobre las armas, ese poder se hubiera hecho explícito en el Artículo I, Sección 8 de la Constitución. La Segunda Enmienda es simplemente una limitación adicional al poder federal de infringir el derecho a las armas que, de hecho y en primer lugar, no se encuentra entre los expresamente limitados poderes que se le confiere en la Constitución. Como parte de la Carta de Derechos, la Segunda Enmienda fue designada para que ese derecho de los americanos no pueda ser vulnerado por el nuevo y poderoso gobierno central que se creó con la Constitución.”
Sin embargo, la Segunda Enmienda, explica Vance, no ha sido obstáculo para una expansión enorme del poder federal en casi una decena de estatutos y de entidades como la ATF, que recomienda eliminar de un solo plumazo por ser inconstitucionales. En el enlace al final está la lista de veintidós artículos sobre control de armas donde: calma el entusiasmo creado por decisiones de la Suprema Corte sobre el tema porque no son candados a los abusos regulatorios (casos de Heller y McDonald); cuenta episodios infames de la ATF; analiza la participación de empresas privadas y organizaciones en el debate (Starbucks, Walmart, iglesias); señala aspectos que la prensa convencional no observa en los episodios de tiroteos con múltiples víctimas; y la forma como describe será volver a una sociedad con libre porte y tenencia de armas.
Fue maravilloso leerlos este fin de semana, en especial por la sintonía con lo que visualizó aquí tuvimos la oportunidad de realizar en 1978, año en que ocurre el triunfo de un partido que tuvo éxito en armar civiles para derrocar a los golpistas del 1963, enfrentar fuerzas armadas regulares del país y resistir el cerco de un ejército de intervención. Pero luego de doce años fuera del poder llegaron sintiéndose cómodos con tener el monopolio de las armas de fuego, civiles desarmados y el modelo de seguridad pública rogada. Zona de conformidad que ha sido un consenso de todos los gobiernos han sido fieles al espíritu de despojo al derecho a la defensa propia se introdujo con la Ley de Armas a los pocos meses del Abril Glorioso.
Artículos Laurence M. Vance sobre ataques al derecho a las armas.